Por: Rosaura Barahona.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue aprobada hace unos días por la Cámara de Senadores y ahora está en la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue enviada por Peña Nieto y se tiene hasta el 31 de este mes para aprobarla.
Dicha ley está muy cuestionada, tanto por los derechos de los niños y adolescentes, como por la libertad de prensa.
Carmen Aristegui recibió en su programa a personas expertas en los derechos de los niños y de los adolescentes. Conocen la ley al dedillo y señalaron los errores, omisiones, confusiones y ambigüedades que iban de preocupantes a serias e, incluso, graves encontrados por ellas.
Eso pasa cuando no se toma en cuenta a quienes tienen los conocimientos y la experiencia necesarios para elaborar las leyes.
Como ya se comentó en estas páginas: “A quien redactó este proyecto de ley le pasó de noche la cultura de derechos humanos que prevalece en el mundo de hoy; la reforma constitucional de Derechos Humanos en México, los protocolos y tratados internacionales que México ha suscrito como la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) y las iniciativas previas a ésta que se pretende hacer ley en los 30 días que están corriendo”.
¿Preocupante? ¡Mucho! Ignoran a los expertos porque interesa quedar bien con el Presidente, quien aprueba el paternalismo y el asistencialismo porque, entre otras cosas, eso convierte a los gobiernos en “los buenos” de la película.
Pero ojalá el manejo de los contenidos fuese lo único por lo que preocupa la aprobación de dicha ley.
Resulta que, así nomás de pasadita, como quien no quiere la cosa y como si nadie le hubiera puesto demasiada atención al asunto, varios de sus artículos van en contra de la libertad de prensa.
La libertad de prensa en este país sirve, esencialmente, para dos cosas: para adornar los discursos de los políticos el día de su celebración y para sacar a la luz pública los resultados de indagaciones, investigaciones, indiscreciones y estudios que permitan al público ahondar un poco más en lo que un medio o un periodista determinado consideran que es la verdad.
Y digo “consideran” porque a veces algo que parecía ser una verdad incuestionable, resultó no serlo, serlo a la mitad o ser un mero distractor.
Pero en muchos medios, el trabajo se hace de la mejor manera posible y por eso defendemos la libertad de prensa y la de expresión, que van de la mano.
Sería muy extenso tocar cada uno de los puntos cuestionables de la ley, pero algunas de las cosas que se señalan ya se hacen; otras son absolutamente absurdas, pero si quien trabaja en un medio incumple alguna de ellas, puede ser sancionado y multado.
En la actualidad, todo reportero o periodista serio respeta y protege los datos precisos del niño o adolescente a quien debe entrevistar para completar una nota. No se atenta contra ellos y así debe de ser.
Sin embargo, hay diferencia entre eso y estar obligados a obtener un consentimiento por escrito o por cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela para entrevistar a esos menores.
¿Cómo hacer un reportaje sobre los niños o adolescentes que viven en la calle de cualquier ciudad o en las alcantarillas del DF? ¿Quiénes son sus papás, en dónde están y cómo localizarlos, si los menores a menudo ignoran esa información?
¿Cómo puede un periodista denunciar ante el público e, incluso, concientizarlo sobre la prostitución infantil o la trata de adolescentes y niños si, de nuevo, no puede entrevistar a ninguno, sin la autorización de sus padres o tutores, siempre ausentes?
¿Por qué el periodista habría de pagar las fallas y huecos de un sistema político podrido?
¿Por qué sería sujeto de multas, sanciones y castigos, si no explota el morbo, sino explora y ahonda en una realidad que carece de “estándares civilizados”?
Los diputados deben revisar la ley a la luz de los cuestionamientos hechos por muchas personas. Si no lo hacen, perderemos parte de la libertad de prensa en México.
Fuente: Reforma.
















