Por: Fermín Alejandro García.
PUEBLA, PUE.- Algunos de los 24 legisladores locales y federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que suscribieron el desplegado periodístico aparecido el 5 de mayo de apoyo al gasoducto Morelos se sienten engañados por el manejo que se dio a la información del mismo, pues el objetivo era apoyar la obra
–por ser impulsada por la administración del presidente Enrique Peña Nieto– pero no avalar la represión que ha existido contra los opositores al proyecto.
La forma en que se convenció a varios diputados locales y federales y a dos senadoras, de acudir a una reunión a la sede del Poder Ejecutivo estatal el pasado 2 de mayo al mediodía es que el primer convocante fue el delegado en Puebla de la Secretaría de Gobernación federal, Juan Morales Arévalo.
Se dijo que el objetivo era que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) explicaran las especificaciones técnicas del gasoducto, y sobre todo se llamara a los asistentes a difundir que no existe riesgo para la población con esa instalación transportadora de gas.
Días antes, los legisladores priistas habían sido conminados por el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que cerraran filas para apoyar al GM, toda vez que es una obra promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por eso varios legisladores no se pudieron resistir y acudieron a la cita en el Centro Integral de Servicios (CIS), que es la sede de las oficinas del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, pues en una situación normal nunca habrían aceptado reunirse con el mandatario estatal, sobre todo por que siguen vivos los agravios que dejó el juego sucio que el grupo morenovallista utilizó en el último proceso electoral local.
Lo que no se esperaban los diputados y senadoras del PRI es el gobernador se hizo acompañar, aparte de altos funcionarios de la CFE y de Pemex, del titular de la Procuraduría General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, con el objetivo de abordar el tema de los encarcelamientos de los ambientalistas Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón.
El gobernador manejó con mucha habilidad el encuentro, y él fue quien propuso la publicación de un desplegado, llevando a un callejón sin salida a los priistas, quienes no supieron o no pudieron dejar clara su postura de que ellos están a favor de la obra, no de avalar la persecución de los opositores al gasoducto por parte del gobierno morenovallista.
Al final, si se hace una lectura crítica del desplegado en cuestión, que apareció el 5 de mayo publicado en medios impresos nacionales, la mayor parte del texto, que está suscrito por 61 legisladores del PAN, el PRI, el PRD, el PVEM, el PT, y los partidos Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y Social de Integración, tiende a exponer, justificar, puntualizar, las razones que llevaron a detener a los tres ambientalistas presos por oponerse al GM.
Y el sentido final del desplegado es descalificar a los opositores al gasoducto, a los que se acusa de engañar y generar incertidumbre entre los ámbitos “productivos” y los académicos, como si este último fuera tan fácil de burlar o manipular.
Una vez que ha pasado la reunión del CIS y el desplegado, queda claro que el objetivo central de ambos asuntos fue que el gobierno de Puebla se pudiera lavar la cara ante el crecimiento de la imagen de represor de sus críticos.
Se dice que esta situación se debió a que en recientes mediciones de la opinión pública, sobre todo en la capital del país, se percibió que ha crecido significativamente el número de lectores de periódicos, revistas y portales electrónicos, junto con radioescuchas de ciertos noticieros, que relacionan el nombre de Rafael Moreno Valle con represión, intolerancia y persecución.
Evidentemente que esos resultados dañan los propósitos a largo plazo de Rafael Moreno Valle de ganarse las simpatías de núcleos importantes de la opinión pública nacional.
De ahí la pertinencia de buscar una salida a esa mala imagen, y qué mejor que buscando que la represión contra los opositores al gasoducto sea avalada por todas las fuerzas políticas con registro nacional y en el estado de Puebla.
Aunque al final se percibe que el uso de un desplegado poco va a ayudar a ese propósito del gobierno morenovallista.
Mientras no se de libertad a los ambientalistas, no sé dejen sin vigencia varias órdenes de aprehensión contra activistas que son críticos del gobierno estatal y no se establezca una mesa de negociación con las comunidades que se oponen al GM, poco podrá hacer la administración morenovallista para quitarse la fama de represor.
Al final la opinión pública no norma sus criterios por los desplegados periodísticos, ya que solamente son leídos por unos pocos actores de la política, sino lo que cuentan son los hechos.
Fuente: Jornada de Oriente.
















