Por: RICARDO PERALTA SAUCEDO.
Con gran escaparate publicitario desde el dolor, las diversas propuestas de todos los partidos políticos para “redireccionar” el presupuesto público designado para sus institutos a la reconstrucción del país, ofertaron otorgar desde el 20% hasta el 100 por ciento.
Han tenido una enorme aceptación del grueso de la sociedad, es muy popular, hay quienes refieren que no es un activo de los partidos, sino dineros del pueblo.
Sin embargo, aunque su ejecución es de obvia resolución y de sentido común ante la tragedia del pasado 19 de septiembre, otros afirman que tiene una cierta carga de demagogia.
El proceso electoral comenzó 11 días antes del terremoto, el artículo 105 constitucional señala: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que hayan de aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones fundamentales”.
Incluso, la jurisprudencia P./J. 64/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 876, lo confirma:
“Proceso electoral. Para determinar jurídicamente su inicio debe atenderse a la fecha que establezca la legislación electoral anterior a la reforma y no a aquella cuya constitucionalidad se controvierte a situaciones fácticas.
“…Aunque es imposible anticipar todos los escenarios que podrían presentarse, la regla de los 90 días es la que garantiza el principio de certeza y es la que en todo caso debe respetarse, correspondiendo a este alto Tribunal hacerla cumplir en cualquier circunstancia.
“Ciertamente, cabe la posibilidad de que la actuación del legislador sea arbitraria o irrazonable; sin embargo, la propia Constitución establece las garantías necesarias para contrarrestar tal actuación y en todo caso corresponderá a este Tribunal Constitucional apreciar las circunstancias particulares del caso, sin que, para ello, se justifique el establecimiento de una regla de aplicación general que impone límites, que en ocasiones se revelen innecesarios, a la actuación del legislador”.
El texto de la jurisprudencia es claro, sin embargo, está en manos de la Suprema Corte y del Congreso de la Unión la posibilidad de crear escenarios viables legislativamente hablando para concretar las propuestas.
No olvidemos que en febrero pasado, el diputado independiente Pedro Kumamoto, del Congreso de Jalisco, presentó la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, donde hizo una propuesta similar de apoyo a la población y reducir hasta el 50% en el presupuesto a los partidos.
Eliminar el presupuesto público a los partidos políticos, insisto, es una oferta muy popular, inviable legalmente en este momento, pero puede encontrar la coyuntura y voluntad política para lograrse, el riesgo de que en las campañas se infiltre dinero privado de origen lícito o ilícito siempre ha existido, correspondería a las instituciones facultadas para ello prevenir el delito, fiscalizar con toda rigidez la aplicación de la ley en los topes de campaña y sancionar severamente su cometido.
En las campañas electorales a nivel mundial la corrupción política y el lavado de dinero en múltiples casos documentados ha sido la constante, por lo que no estamos ante un escenario desconocido, es ingenuo creer que México ha sido la excepción. Este argumento es poco sólido frente a la enorme prioridad de recursos para la reconstrucción de nuestro lastimado país. Incluso el etiquetado presupuestal de ciertos rubros para el 2018 debería apuntar sus baterías para el mismo propósito, sin afectar a otros vitales como la educación, la cultura y el deporte.
Que el tiempo no desmorone la efervescencia de la solidaridad que se refrendó el pasado 19 de septiembre, que no sea necesaria la tragedia para reagrupar a la sociedad, que nuestras prioridades colectivas estén siempre por encima del interés protagónico, México requiere siempre la unidad de todos nosotros.
*Profesor de derecho penal en la Facultad de Derecho de la UNAM
Fuente: Excélsior.
















