Por: José Sosa.
En la compleja situación política y social que vive México al desarrollarse la tercera administración sexenal del nuevo Milenio, el tema de la función de seguridad pública ocupa un lugar central e indiscutible. Si bien es cierto que el peso significativo que hoy en día tienen las cuestiones de inseguridad es un efecto no esperado de la evolución reciente de la sociedad y la economía mexicanas,
ello no limita la importancia que tiene el debido entendimiento y desarrollo de las labores policiales.
Aún antes de que se presentaran los problemas más graves de violencia y crimen organizado, las políticas de seguridad pública constituían medios indiscutibles de la acción gubernamental. La variabilidad de los resultados de las políticas y programas en la materia dependieron de las capacidades y recursos con que sus cuerpos y estructuras contaron en cada momento histórico.
Tal y como sucedió en otras muchas áreas, la evolución de las facultades y capacidades relativas a la función de seguridad pública se vio limitada por los elevados niveles de centralismo que caracterizaron al Estado mexicano durante el siglo XX. En tal virtud, las labores policiales en los ámbitos estatal y municipal se mantuvieron en niveles bajos de desarrollo de capacidades.
Con la irrupción de fuertes tendencias de cambio a favor de una gobernabilidad más democrática, a partir de la década de 1980, y con la revalorización de las instancias locales de gobierno como las más cercanas al ciudadano, el papel de los órganos estatales y municipales se ha venido reconfigurando continuamente, hasta alcanzar el nivel de importancia que actualmente tiene.
Pero, como es bien sabido, esta revalorización de los gobiernos estatales y municipales no ha estado exenta de tensiones y de conflictos que no sólo han limitado su ritmo de implementación y consolidación, sino que fundamentalmente han arrojado a las manos de las autoridades locales una gran cantidad de demandas sociales y problemas, para los cuales no siempre han existido los recursos y capacidades necesarias.
En el caso particular de la función de seguridad pública, dos cuestiones afectan directamente su desarrollo. En primer lugar, el abrupto incremento de los problemas relacionados con la inseguridad pública en pueblos, ciudades, caminos y carreteras, a lo largo de los últimos 20 años, ha obligado a las administraciones públicas estatales y municipales a adoptar decisiones rápidas y urgentes para crear cuerpos de seguridad que contengan los crecientes niveles de violencia e impunidad.
Estas decisiones, si bien han contado con el apoyo financiero y técnico del gobierno federal, no siempre se han adoptado al amparo de un proceso de reflexión estratégica y de cambio interno que comprenda e incida en todas las estructuras de decisión y operación del propio gobierno municipal.
En muchos casos, autoridades y pobladores han presenciado cómo, en pocos meses, los cuerpos de policía pasaron de ser un grupo de servidores públicos, frecuentemente vinculados por fuertes lazos interpersonales y con escasa capacitación y equipamiento, a conformarse como estructuras complejas, en las que la especialización y una jerarquía muy estricta son los rasgos principales. En contraste, muchas otras áreas administrativas se han desarrollado más lentamente, sin contar con los mismos apoyos técnicos y materiales.
Con ello, en una cantidad importante de estados y municipios en México se han generado ciertos desequilibrios internos que requieren ser atendidos en el futuro cercano. Es muy importante tener presente que el desequilibrio no proviene del desarrollo de las funciones de seguridad pública municipal, sino de la falta de esfuerzos de la misma magnitud en el resto de las políticas y programas locales, con excepción de las políticas y programas de combate a la pobreza y algunos rubros contemplados en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En segundo lugar, y muy relacionado con lo anteriormente dicho, de la misma forma en que el rápido desarrollo de las estructuras de seguridad pública ha generado desequilibrios de tipo organizativo en el interior de los gobiernos estatales y de los ayuntamientos, en lo que toca a la comprensión, interpretación, adaptación y aplicación del marco jurídico de la seguridad pública, es posible afirmar que los municipios del país enfrentan serias dificultades para integrar políticas públicas que incorporen y contemplen todas y cada de las normas y previsiones técnicas que conforman dicho marco.
Estas dificultades no derivan necesariamente de una posible falta de entendimiento de las normas y reglamentos, o de una insuficiente voluntad o interés por parte de las autoridades electas y los funcionarios administrativos. Muy por el contrario, los problemas relativos a la deficiente aplicación del marco jurídico de la seguridad pública en México derivan de lo que bien puede denominarse como un desarrollo insuficiente y fragmentario de los procesos de definición y gestión de las políticas y programas en los niveles estatal y municipal.
Esto quiere decir que las acciones realizadas para interpretar y aplicar cada una de las nuevas normas que se han ido creando y modificando en los últimos años, no han tenido el ritmo y la intensidad suficientes para compensar el rápido desarrollo legislativo y reglamentario habido. No está de más señalar que mientras que la elaboración y emisión de las normas y reglamentos ha correspondido a instancias que bien cuentan con un horizonte temporal mayor al de los gobiernos municipales, a los ayuntamientos toca la plena implementación de todos los instrumentos, la cual debe hacerse además en contextos de escasez de recursos y con una perspectiva temporal que no llega a los 36 meses de gestión efectiva.
De ahí que resulte necesario construir y ofrecer herramientas analíticas e interpretativas que llenen el vacío institucional que media entre los mandatos legales estrictos que emanan de la legislación primaria y secundaria, y los procesos reales de gestión de la seguridad pública.
ppsosa@hotmail.com
Fuente: Crónica.
















