Por: Luis Acevedo.
@lusacevedop
Desde enero el gobierno federal inició la revisión de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)Archivo
Actualmente el sistema de Retiro administra 3.8 billones de pesos, que representa poco más del 16 del PIB y más de la mitad del gasto público federal.
El tema de las pensiones, que deberían ser parte de la agenda nacional,
carece del entendimiento de la sociedad y del mismo presidente de la república que debería considerar que éstas sí, a diferencia del aeropuerto de Santa Lucía, son un tema de seguridad nacional.
Veamos si no. Desde finales del próximo año, entre 12 mil y 15 mil mexicanos iniciarán su retiro laboral bajo un esquema de beneficio social que entró en vigor en enero de 1997 y que se fundamenta en las aportaciones voluntarias que incorpore el trabajador a su Afore.
Quien desestime esas contribuciones adicionales recibirá, en el mejor de los casos, la tercera parte del salario generado al final de su vida activa; lo que de ninguna manera se puede considerar como un motivo de júbilo ni garantía de un futuro promisorio.
Como en casi todo el mundo, en México el sistema de pensiones fue otorgado por el “Estado benefactor” en el que el gobierno se hizo responsable de garantizar una pensión al momento en que los trabajadores se retiraran de su vida laboral, al llegar a los 60 o 65 años, considerada la vejez.
Su operación se basó en la estructura demográfica prevaleciente en el Siglo XX, cuando las entonces extensas generaciones de trabajadores jóvenes contribuían holgadamente para sostener el pago de las pensiones de los más viejos, que eran relativamente menos.
Con el progreso tecnológico que se tradujo en mejorías económicas, bienestar social y rentabilidad política, se alargó la esperanza de vida, al tiempo que se modificaron las tasas de natalidad y mortalidad; pero también se transformó el mercado laboral hasta llegar al momento en que el número de jubilados rebasó a los trabajadores en activo y el esquema pensionario dejó de ser financieramente viable.
Las condiciones cambiaron. A causa del derroche y el endeudamiento público que derivó en graves déficits fiscales El gobierno ya no tuvo recursos suficientes para sostener las pensiones futuras y en1992 se creó el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) para enfrentar la emergencia social.
En 1997 se reformó el sistema de pensiones del IMSS y 10 años después en el ISSSTE, con lo que desde entonces los trabajadores formales tienen una cuenta individual en una Afore en donde se acumulan los recursos que les servirían para financiar su retiro laboral.
Sin embargo, este esquema no resolvió las presiones demográficas ni las deficiencias fiscales, que si beneficiaron a la población que logró la cobertura del anterior modelo conocido como SAR-92.
A partir de 1997 el beneficio es directamente proporcional al saldo acumulado que depende de la carrera laboral, además de que este sistema de Afore ya es ineficaz y costoso para los trabajadores.
Por si fuera poco, apenas el 16 por ciento de los 45.6 millones de trabajadores registrados en alguna Afore hacen aportaciones voluntarias de manera irregular, que solo a ellos les mejorará sus ingresos de retiro ya que el resto apenas recibirá un tercio del último salario que recibieron.
Actualmente el sistema de Retiro administra 3.8 billones de pesos, que representa poco más del 16 del PIB y más de la mitad del gasto público federal.
Más por los problemas colaterales derivados de la austeridad republicana y el desplome económico que por promover una política pública, desde enero el gobierno federal inició la revisión de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) desde la perspectiva de los criterios de la OCDE que propone flexibilizar el régimen de inversión de las Afore para aumentar los rendimientos para los trabajadores, bajar las comisiones que cobran, incrementar la tasa de aportación individual y promover el retiro laboral a partir de los 70 años.
El tema ya lo puso a debate el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que por la insuficiencia presupuestal requirió ampliar de 65 a 68 la edad de retiro, entre otros cambios.
Pero por tercera ocasión fue descalificado por el presidente López Obrador quien sentenció que “mientras yo sea presidente no se va a modificar la edad (…) Nosotros tenemos que actuar con una política laboral distinta a la que se aplicó en la época neoliberal”.
Grave contradicción por su discurso a bocajarro y sin visión del futuro.
Olvidó que sus tarjetas de pensión para los adultos mayores y otros beneficios en el transporte público se otorgan a quienes tienen 70 años y más, por ejemplo; además abre opciones para que las administradoras de pensiones puedan ampliar su lucro.
Ante los problemas de seguridad social que se avecinan por la estrechez de miras, vale recordar aquella idea de Sor Juana Inés de la Cruz que dice: “Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos”.
@lusacevedop
Fuente: Sdpnoticias.com
















