Por: Luis F. Aguilar.
No es secundario en lo absoluto el debate sobre las leyes secundarias que tiene lugar en estas semanas en las comisiones legislativas, puesto que sus prescripciones y prohibiciones harán que los nuevos principios constitucionales de las reformas del año pasado (telecomunicaciones, energía y competitividad,
particularmente) se vuelvan operativos y efectivos, y definirán el nuevo trato que establecerán las dos agencias fundamentales de toda sociedad, el poder y la producción, los poderes generales del Estado y las capacidades de producción de bienes y servicios de las empresas privadas. Definirán entonces el arreglo público-privado de los próximos años, del que dependerá en mucho lo que nuestro país podrá llegar a ser en el futuro, si seguiremos siendo la misma sociedad mediana en la que desarrollamos nuestras vidas o si una sociedad vigorosa y agradable de vida en común. Las leyes secundarias nos harán también saber si el poder político y la capacidad productiva empresarial establecerán relaciones nuevas que romperán vicios arraigados e impulsarán acciones socialmente productivas o si reproducirán el patrón secular de relación, que en el discurso se presenta como incompatible y adversaria, en la que la empresa juega el rol del villano social impresentable y el gobierno el de héroe y santo providencial, aunque en la realidad se trate de un entendimiento aceptado por gobierno y empresas en razón de las utilidades que cada uno recibe del otro en su campo de interés y acción.
El debate nada secundario de los legisladores sobre el contenido de las leyes de competitividad, telecomunicaciones y energía evidenciará si sus normas harán que los principios de las grandes reformas constitucionales conserven su vigor transformador, su fuerza de demolición del infructífero status quo económico y político que ha dominado el país por décadas o si, en contraste, sus prescripciones harán que las reformas se ablanden y emboten su filo, con el resultado de que no ocurrirán los grandes sacudimientos económicos y políticos anunciados para alcanzar nuevos niveles de bienestar y seguridad social y se conservarán, en cambio, los arreglos del pasado con algunos avances atrevidos pero sin romper los equilibrios establecidos.
Se introducirán tal vez algunas normas para modificar los comportamientos más irracionales de las telecomunicaciones y del duopolio televisivo pero sin poner en peligro las formas existentes de sus ventajas lucrativas, que no se sustentan en la ventaja competitiva abierta entre las firmas, sino en acuerdos políticos blindados con leyes. Se introducirán en las leyes energéticas normas que ampliarán las oportunidades de participación de las empresas financieras y tecnológicas, pero el miedo a la vieja izquierda o la convicción nacionalista llevará a que las normas reproduzcan con sutileza los viejos esquemas de la empresa pública no empresarial, sin gobierno corporativo independiente, y se mantenga la discrecionalidad del Ejecutivo y de los altos funcionarios al tomar las decisiones sobre la selección de sus socios privados.
El contenido de las leyes secundarias evidenciará también el tipo de relación que se establecerá entre Estado y empresas de mercado en los dos sectores que actualmente son las condiciones fundamentales de la viabilidad y progreso de los países, la energía y las telecomunicaciones. Nos mostrarán si es institucionalmente posible en México la forma de gobernar que se practica hoy en numerosos países y asuntos públicos, la Nueva Gobernanza, cuya premisa es la insuficiencia del gobierno en varios asuntos y que consiste en procesos de asociación, cooperación, coproducción y corresponsabilidad entre las agencias de gobierno, las empresas financieras y productivas, las organizaciones sociales y los centros de información y conocimiento.
En este momento en que el comportamiento de Oceanografía y las empresas de la Línea 12 del Metro del DF es cuestionado y se pone en duda la necesidad o la conveniencia de las asociaciones público-privadas en los asuntos públicos importantes, las leyes secundarias deberán establecer con precisión un riguroso marco normativo que asegure la institucionalidad y eficacia de las asociaciones, reduzca la discrecionalidad de los gobiernos, el influyentismo de determinadas firmas nacionales y extranjeras, las complicidades público-privadas con corrupción, y obligue a transparentar los procesos de decisión directiva y a rendir cuentas sobre decisiones, acciones y resultados, así como establecer instancias colegiadas independientes que validen la corrección institucional, financiera y técnica de proyectos, programas, servicios.
Fuente: Reforma.
















