Por: Vicente Bello.
El presidente Enrique Peña Nieto ha vetado la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en concordancia con lo que, el martes 21, le había solicitado airadamente La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial. Y, en vez de promulgarla para su entrada en vigor, la ha regresado al Congreso, a través del Senado –cámara donde se originó esta ley-,
para que senadores y diputados vuelvan a procesarla legislativamente; pero solo discutiendo y votando el artículo que vetó (“observó”).
¿Y cuál vetó mediante sus observaciones? Solamente el artículo 32 de esta ley que también se conoció como “3de3”.
La élite empresarial del país respingó como no lo había hecho antes: Mostró un gran enojo contra el Presidente de la República y su partido, el PRI. Y su reclamo consistió en rechazar totalmente el artículo 32 de la citada ley, en el que el Constituyente permanente ordena que todo particular –persona física o moral- “que reciba o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia del gobierno, sea en el ámbito federal, estatal o municipal”, tendrá obligatoriamente que presentar tres declaraciones: La fiscal, la patrimonial y de intereses.
¿Y cómo justificó el Ejecutivo Federal el veto? A través de su consejero jurídico, Humberto Castillejos, la Presidencia de la República dijo el jueves 23: “El Gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ya que sería imposible procesar millones de declaraciones, además de que inhibiría a los particulares a prestar servicios o vender productos al gobierno, y afectaría a personas no vinculadas con contrataciones, como son los beneficiarios del programa Prospera o los becarios del Conacyt, entre otros”.
Castillejos insistió: (Quienes objetan el artículo 32) han señalado que afectaría de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de mexicanos, e incluso extranjeros que trabajen para una empresa trasnacional”.
En esto consistieron las observaciones presidenciales al artículo 32. Y fue devuelta la ley al Congreso el mismo jueves. Y el viernes 24 ya decían senadores y diputados del PRI que solicitarán a la sesión de la Comisión Permanente, el próximo miércoles 29, convoque al Congreso a un nuevo periodo extraordinario, a realizarse durante la primera semana de julio.
Pero más tardó el veto en llegar que en ser criticado y rechazado por diputados del PAN y PRD.
Cecilia Romero, del PAN, dijo que Peña solo quiso “congraciarse con los empresarios; en tanto, Francisco Martínez Neri, líder de la borregada perredista, afirmó que el Presidente de la República lo ha “decepcionado”, porque, además del veto al 32, debió haber hecho observaciones también al artículo 29.
¿Y qué dice el artículo 29? En el periodo extraordinario pasado, la mayoría conformada por el PRI, Pvem y Panal ordenó que las declaraciones de todo servidor público queden en secreto si estos consideran que dar a conocer las tres (patrimonial, fiscal y de intereses) afectaría a su vida privada…
Y así quedará, porque ahora el Congreso solo estará facultado para legislar en torno de lo observado por el Presidente: El artículo 32. Y el resto deberá permanecer intocado.
El veto presidencial a esta ley da motivo periodístico para una revisión del proceso legislativo en México.
Dicho proceso comienza con la presentación de una iniciativa de ley, para lo cual están facultados el Ejecutivo federal, los diputados y senadores en lo individual o en lo colectivo, los Congresos estatales, y, a partir de una reforma constitucional de 2012, se le ha reconocido este derecho también a la sociedad, si esta acompaña a su propuesta de ley con un mínimo de 600 mil firmas. Se trata de la Iniciativa Ciudadana.
Una vez presentada al Pleno (de los 128 senadores o de los 500 diputados, según por donde haya entrado al Congreso), este la turna a la comisión o comisiones ordinarias correspondientes que la revisarán para después dictaminarla.
En comisiones, las iniciativas suelen estar sometidas a un juego cuyas reglas nunca están claras, aun cuando la Ley Orgánica del Congreso estipula que es ahí donde los legisladores deben estudiar pormenorizadamente los beneficios y afectaciones de la norma en construcción.
Suelen afirmar estudiosos del derecho parlamentario que, en comisiones, los legisladores están obligados a echar mano de las técnicas legislativas para sopesar los pros y los contras de las leyes que hornean.
En el Congreso mexicano estas técnicas están llenas de polvo y telarañas porque no las usan. Muchas, muchísimas leyes se aprueban sin revisión previa y solo porque así lo dispuso quien controla a la mayoría. Son leyes equívocas totalmente construidas por una partidocracia de proceder aberrante; como ésta, de la que tanto abominó el empresariado, y como aquella otra que tiene a miles de profesores en la calle.
Claro, el trato es muy distinto: A aquellos les respondieron de inmediato y les concedieron todo. Y a estos solo hasta que los persiguieron, encarcelaron y mataron a algunos de ellos, y no les han concedido nada.
Ya que dictaminan las comisiones, va al Pleno, que las discute y vota. Y cuando las aprueba, las turna a la otra Cámara, para una revisión igual. Y si se refrenda todo, se turna al Ejecutivo para que la publique y entre en vigor. Pero si algo no le gusta al Ejecutivo, la puede regresar con observaciones (el veto), y entonces las dos Cámaras deberán atender solamente lo que fue observado. Pero ahora las votaciones plenarias tendrán que cumplir con el voto aprobatorio de los dos tercios: 334 diputados y 96 senadores. Veremos.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















