Por: Gilberto Guevara Niebla.
La declaración de un organismo de la Secretaría de la Defensa de que “en 1968 se respetaron los derechos humanos” (El Universal, 4-10-2018) es una ofensa a la inteligencia de los mexicanos. Algo realmente indignante. ¿En qué país vive el Estado Mayor de la Defensa Nacional? ¿No han pasado 50 años? ¿No ha habido una transformación democrática del Estado mexicano? ¿No ocurrió en 1968 nada de lo que recordamos los millares y millares de sobrevivientes?
Esta declaración, empero, es reveladora. Pone en evidencia que la corporación armada sigue atada a su origen histórico revolucionario y no ha dado paso alguno para adaptarse al México democrático. Ella ha vivido estos cincuenta años sin experimentar cambio alguno, enclaustrada, alimentando su lealtad con el viejo PRI y el viejo sistema autoritario. Díaz Ordaz, por lo visto, sigue inspirando a los altos mando del ejército.
Pero éste es un tiempo para hacer balance de todas las instituciones públicas. Opino que la conmemoración de 1968, debe conducir a los mexicanos a revisar con seriedad y sin miedo a represalias (todavía hoy hay periódicos que censuran cualquier crítica a las fuerzas armadas) cuál es el papel que le corresponde a las fuerzas ¬armadas en una sociedad democrática. Urge analizar con rigor y objetividad los problemas de seguridad que enfrenta ¬actualmente México y tomar decisiones respecto a las fuerzas armadas.
¿Necesita México un ejército? Y, si lo necesita, ¿es el ejército que tenemos adecuado para atender esas necesidades? Hablamos de una corporación encapsulada, opaca, sin transparencia, que se erige como un poder autónomo que no acepta nunca que el poder civil la someta a escrutinio; en cambio, cuenta con una sección de inteligencia que soterradamente vigila y espía todas las esferas de la vida civil.
Si desaparece el Cisen, la sección de inteligencia militar tendrá hegemonía indiscutible en esa materia, con el consecuente empoderamiento de los militares. En realidad, el poder militar en México es un enigma. No lo conocemos. El público ignora, por ejemplo, cómo se designa a los secretarios de la defensa.
Lo que conocemos es su actuación pública. Muy loable cuando ocurren siniestros (como en el sismo de 2017), pero muy controvertible cuando actúan frente a otros problemas civiles. Su actuación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ha sido altamente ineficaz y ha producido mar de quejas.
Los militares saben hacer la guerra, saben disparar, pero no saben usar la violencia con la prudencia y contención propia de un policía. Un estudio de 2015 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM reveló que las intervenciones de militares recurrentemente producían un alto índice de letalidad en la población civil, lo cual llevaba a suponer que una buena parte de los “enemigos” (delincuentes) eran ejecutados después de ser capturados.
Sabemos, además, de la prepotencia que adoptan los jefes militares ante las autoridades civiles. ¿Cómo olvidar que la Secretaría de la Defensa se negó rotundamente a proporcionar información a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales de 2002? ¿Y cómo no recordar que la misma secretaría simplemente se rehusó a acatar la orden judicial de 2015 que convocaba a los militares a rendir declaración en el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa?
La violencia está destruyendo al país y las únicas soluciones que se proponen para enfrentarla son soluciones de fuerza. Poco o nada se habla promoción de una educación para la paz, de cambios culturales, o reformas institucionales. Si el ejército seguirá en las calles, ¿no sería oportuno someterlo a una evaluación y, en su caso, renovación?
Fuente: Crónica.
















