Por: Ana Laura Magaloni Kerpel.
Cada vez me resultan más claros los límites que enfrenta el gobierno federal para implementar políticas públicas que cambien la vida de la gente. Estoy pensando en las políticas en materia de salud, educación, seguridad, pobreza, entre otras. Una buena parte de esas políticas se topan muy rápido con la debilidad institucional
y la falta de rendición de cuentas de los gobiernos estatales y municipales. Sin embargo, sobre estos últimos se habla poco. En el imaginario colectivo, el responsable de casi todos los problemas del país es el gobierno federal y, en particular, el Presidente. Ello debilita al gobierno federal e inhibe la posibilidad de que los gobernadores y los presidentes municipales asuman sus responsabilidades. Los costos más importantes los pagan las personas que necesitan de un conjunto de servicios públicos de calidad para prosperar.
Pensemos por ejemplo en los problemas de productividad que enfrentan las pequeñas empresas. Estas empresas no cuentan con un sistema de justicia que funcione bien para cobrar una deuda, para resolver un conflicto laboral, para defenderse de la corrupción administrativa ni para sancionar un robo. Esta incertidumbre jurídica inhibe los procesos de inversión que requieren los pequeños negocios para crecer y aumentar su productividad. El grueso de estos problemas está asociado a la debilidad de los poderes judiciales locales y a la corrupción de las autoridades municipales y estatales. ¿Cómo transformar el entorno adverso que padecen los pequeños empresarios sin la voluntad política del gobernador y de los tribunales locales? Imposible. Sin embargo, si la productividad no mejora, nadie va a llamar a cuentas a los gobernadores pero sí en cambio al secretario de Hacienda.
Lo mismo sucede en materia de seguridad. En todo régimen federal, la seguridad pública depende centralmente de las instituciones locales. Se supone que son las policías estatales y municipales las que patrullan las calles, hablan con la gente, conocen los barrios conflictivos y detectan los focos rojos. La Policía Federal está muy alejada de lo que sucede en cada comunidad. No está diseñada para ello. En este sentido, la posibilidad de controlar el crimen y la violencia depende en buena medida de que las instituciones de seguridad y de justicia de los estados funcionen. No obstante, en la medida en que el gobierno federal ha tenido que mandar al Ejército y a la Policía Federal a contener los casos de emergencia, muchos gobernadores se han olvidado de su responsabilidad de construir una policía y una Procuraduría que funcionen. Tal es el caso del gobierno de Veracruz. Y, de nuevo, ante el horrendo asesinato de Rubén Espinosa la responsabilidad política ha recaído principalmente sobre el Presidente.
La historia se repite en las políticas de educación, combate a la pobreza y salud. Si bien el gobierno federal elabora las grandes directrices de política pública en estos ámbitos, la forma de concretizar esas políticas y de que los recursos públicos se utilicen de forma eficiente para ese fin depende en buena parte de los gobiernos locales. Sin embargo, cuando el reporte del Coneval revela que la pobreza aumentó en los últimos dos años, parece que el único responsable es el gobierno federal y nadie habla de la forma en que algunos gobernadores utilizan el gasto social para promover su imagen con miras a competir por la Presidencia en el 2018.
No quiero decir que no existan problemas y responsabilidades específicas del gobierno federal. Claro que las hay. Sin embargo, y esto es lo que quiero resaltar, si no se genera un contexto de exigencia a los gobernadores, la posibilidad de que las políticas federales rindan frutos va a estar fracturada. Hace tiempo que el Presidente no tiene los instrumentos políticos para obligar a los gobernadores a seguir sus directrices como sucedía en el viejo régimen. ¿Cómo lograr, en un contexto democrático, que el gobierno federal y los gobiernos estatales se muevan en la misma dirección? No lo sé, pero de ello depende la posibilidad de que el Estado funcione y con ello mejore la calidad de vida de la gente.
Fuente: Reforma.
















