Por: Luis F. Aguilar.
La política es una actividad superior, socialmente fundamental, vital y valiosa, pero en la realidad, a la vista, se practica como negociación. Observamos negociaciones por todos lados, de todos los colores y con medio mundo, sin pausa y sin fin, sin coherencia. Negociaciones entre los habitantes de los cielos del poder y negociaciones de los celestiales con los ciudadanos terrenales.
Estos meses han sido la feria nacional de la negociación.
Se realizan negociaciones entre el gobierno, los legisladores y los partidos sobre las reformas, en las que cambian los interlocutores, los amagos, el contenido de los acuerdos, la propuesta original. Negociaciones del gobierno con cualquier grupo social que, conforme a su cultura política de años, se amontona en la Ciudad Capital para exigir que el gobierno se encargue de resolver sus problemas, sin preguntarse en qué grado son ellos responsables de su situación. Negociaciones con los grupos que se rebelan a las reformas aprobadas, cada vez más versados en forzar las negociaciones a su favor con una estrategia de protesta que transgrede leyes, se adueña de espacios públicos, atropella derechos de terceros, provoca el malestar y la cólera de la ciudadanía, la cual pasa a criticar al gobierno como irresuelto y pusilánime ante los insumisos y lo presiona a poner punto final al conflicto mediante la represión o mediante concesiones: los dos desenlaces deseados por los agitadores. Más aún, los fans del gobierno de coalición no podrán más que elevar la negociación a principio político.
El espectáculo de la negociación política puede fastidiarnos y exasperarnos, particularmente cuando no consideramos respetables a sus protagonistas, ignoramos su proceso de acuerdo o no vemos su beneficio público. Es muy probable que pensemos que las transacciones son una traición a la política de verdad, que en nuestra convicción debe ser el diálogo racional entre interlocutores, enmarcado por la ley, abierto, transparente y públicamente responsable, opuesto a la política de transacciones, oculta y no pública, que suscita la sospecha de arreglos indebidos entre partidos o con la funesta CNTE.
En contraste, puede ser que otros, más realistas pero no políticamente cínicos e irresponsables, consideren que la negociación es un componente necesario y esencial de la política para que pueda ser la actividad colectiva de producción del interés público y del orden social, particularmente en las condiciones de pluralidad intelectual, valorativa y política de la sociedad contemporánea, en la que no es posible crear el orden, definir el sentido social y resolver problemas mediante el simple dictado de la superioridad o mediante el sometimiento y la exclusión de los discrepantes. La conversación y la negociación son indispensables para procesar la diferencia y la oposición que son propias e insuprimibles del régimen democrático contemporáneo.
Hemos llegado a un punto en que es conveniente tomar en serio la negociación política, reflexionar sobre ella, valorar su importancia, depurar su concepto, establecer sus características, fijar sus alcances y límites, señalar sus distorsiones y vicios, discriminar entre los ejercicios aceptables y los inaceptables, determinar sus requisitos básicos. Es hora de estructurar, validar y dignificar la negociación como instrumento básico de la política democrática, a pesar de la mala reputación que tiene entre nosotros, que la entendemos como transa, como un arreglo ilícito de provechos particulares inconfesables.
Nuestra idea negativa de la negociación proviene del arreglo corporativo del régimen del siglo pasado, cuando se realizaba un intercambio de utilidades y provechos entre las partes, en la que los políticos ganaban poder, lealtad electoral, control, y las organizaciones sociales (sindicatos, empresas, campesinado…) obtenían facilidades económicas. Poder a cambio de dinero era el eje de la transacción política. O nos viene a la memoria la negociación que tuvo lugar en los años ochenta y noventa, cuando se inició la democratización del régimen y la liberalización de la economía, a la que llamamos “concertacesión”, porque el gobierno concertaba por su cuenta los cambios y las reformas (gracias a las cuales somos aún un país viable y dinámico) con los partidos de oposición cediéndoles cuotas significativas de control político y con los grupos económicos principales cediéndoles la propiedad de determinadas empresas públicas u otorgándoles contratos rentables.
Podemos seguir escribiendo páginas sobre las negociaciones que se llevan a cabo entre el gobierno, los partidos, los grupos sociales, sus tejes y manejes, su opacidad, sus juegos, sus despropósitos. Podemos seguir quejándonos de ellas, criticarlas y sospechar de su rectitud (“lo oscurito”). Considero que ha llegado la hora de discutir y determinar cuál es el tipo de negociación que la pluralidad democrática exige para consolidarse como un gobierno institucional confiable y socialmente productivo. Dos cosas que ahora no ocurren a plenitud y que están bajo sospecha.
Fuente: Reforma.
















