Por: Javier Díez de Urdanivia.
A lo largo de la historia, la búsqueda de condiciones para garantizar el acceso efectivo de los seres humanos ha descansado, sin éxito, en manifestaciones que descansan sobre las estructuras de poder, sin que haya podido encontrarse una respuesta satisfactoria. Por lo tanto, parece aconsejable buscarlas en la sociedad civil, que desafía la singularidad de las otras, aunque en rigor carece de singularidad propia.
Aunque eso sea evidente, y precisamente por ello, es necesario aproximarse a una definición más clara de sus contornos de lo que suele encontrarse en las referencias comunes a ella, lo que, históricamente, ha encontrado dificultades, a pesar de contar con un referente teórico de relativa firmeza, el estado, o más precisamente, el poder.
Ese poder, para el caso, no importa si es de carácter político -institucional o social- o deriva de la capacidad económica de individuos, grupos, corporaciones o instituciones nacionales o transnacionales.
Así considerada la cuestión, y vistas las múltiples conexiones funcionales y hasta estructurales entre ambas vertientes del poder, bien podría caracterizarse a la sociedad civil como esa porción de la comunidad sin acceso a los centros en que se toman las decisiones trascendentes y relevantes, incluido el conjunto de instituciones sociales que no revisten las características propias del sistema de poder político, o están integradas a él.
Se diría, entonces, que es el conjunto de la realidad social que se halla fuera de la directa acción de tal núcleo -en buena medida (la “clase dirigente” que definiera Gaetano Mosca, entre otros).
Es, en palabras llanas, esa porción de seres humanos cuyas vides dependen más de las decisiones de otros que de las propias, situación que, como todo indica al observador menos agudo, se agrava y amplía cada vez más en esta época de auge para los instrumentos de control social.
Hoy por hoy, cualquier sistema político que se precie de ser auténticamente legítimo, debe satisfacer, sin duda y entre otros requisitos, el de contar con el dimensionamiento del poder en un justo medio apto para garantizar el espacio de las libertades en el ámbito de la sociedad civil, con la consiguiente limitación de los poderes jurídicos y fácticos para que ello tenga lugar.
La convergencia de los impulsos sociales que han dado origen al renacimiento contemporáneo de la lucha por los derechos fundamentales, como resistencia natural al poder, en todas sus expresiones, busca indudablemente la búsqueda de nuevos espacios de libertad y sus garantías, así como nuevas formas de participación democrática, que se expresan en la suma de los movimientos sociales de reivindicación (feminista, ecologista, etc.).
Eso produjo el replanteamiento de la autonomía de la sociedad civil y abrió una amplia gama de posibilidades, en principio bien aprovechadas por esos movimientos, para la compaginación de las luchas antiautoritarias alrededor del mundo -México incluido- con el fin de transitar a una democracia eficaz y sustantiva, que se traduzca en un ejercicio político -en su más extensa, comprensiva y correcta acepción- que incluya, por supuesto, el perfeccionamiento moral e intelectual, tanto como el mejoramiento material de todo ser humano, en cualquier parte del mundo.
Esta manera de concebir la oposición entre sociedad civil y poder implica, necesariamente, el reconocimiento de que el principio fundamental en que está basado es la “autonomización” de la sociedad, para buscar desde ella las transformaciones estructurales necesarias que necesita el funcionamiento adecuado a tal fin de las instituciones sociales.
Para que el poder deje de ser monopolio de las redes que en torno a él se tejen, es necesario que la sociedad civil desempeñe un papel cada vez más activo, no para sustituir a las instituciones formales, sino para vigilar la legitimidad de sus acciones y asegurar la participación democrática que las circunstancias requieren.
Una sociedad civil consciente y activa es imprescindible para efectuar el tránsito que se requiere hacia condiciones de vida apenas dignas para las inmensas mayorías que, en México y el mundo, carecen de ellas.
Fuente: Índice político.
















