Por: José Sosa.
Parece inevitable tener que referirse en la vida cotidiana al problema de la inseguridad. Desde las páginas iniciales de los periódicos y las notas radiofónicas y televisivas que describen la lucha contra el crimen organizado y los embates que éste da como respuesta, hasta las lamentables anécdotas personales y familiares que abundan sobre experiencias de robo, asalto y hasta violación.
En todos los casos, lo que se lee, se ve y se oye es la descripción de un ambiente en el que priva la desconfianza pública hacia las instituciones de gobierno, hacia las organizaciones privadas, hacia los individuos e, incluso, hacia lugares específicos, como sucede en el caso de las calles y pueblos enteros en regiones como Michoacán, Guerrero o Tamaulipas, en otros tiempos depositarios del orgullo y la tradición de México.
Más allá de tratar de explicar las causas que han llevado a este ambiente social tan lleno de tensión, lo que conviene analizar son los efectos que está teniendo en las formas de vida y en los hábitos de trabajo, consumo y recreación de todos. Es justamente ahí, en lo que hacemos –o lo que dejamos de hacer por temor– donde la inseguridad se ha asentado con mayor fuerza. Piénsese, por ejemplo, en la perenne preocupación de padres e hijos, o de las empresas hacia sus empleados, respecto de lo que son prácticas y hábitos aceptables en términos de seguridad y que nos ha llenado la cabeza de ideas y prejuicios.
Si miramos a lo que estadísticas y encuestas públicas señalan, es fácil corroborar que la sensación de inseguridad es mucho mayor que los riesgos efectivos que entraña. En casi cualquier encuesta publicada sobre seguridad pública se pueden leer respuestas tan contrastantes como las siguientes: Más del 80% de la población considera que la inseguridad es el problema más grave que se vive en la ciudad que habita, pero sólo el 11% manifiesta que su persona o alguien de su círculo cercano se vio afectado por un hecho delictivo en los últimos seis meses.
En algunas ciudades del país, el robo de vehículos sigue siendo muy elevado. Sin embargo, cuando este problema se plantea en términos proporcionales –es decir, el número de vehículos robados sobre los vehículos totales–, los índices mexicanos están por debajo de los que muestran ciudades de Europa y Sudamérica consideradas más seguras que las nacionales.
Si lo anterior es cierto, luego entonces cabe preguntarse: ¿a qué le tememos en realidad? No niego que la sola posibilidad de sufrir violencia, en cualquiera de sus formas, sea motivo suficiente para rodear de rejas las puertas y las ventanas de casas y oficinas, o de ver pasar con angustia las horas mientras esperamos a que padres o hijos vuelvan a casa. No es el legítimo temor que en lo individual cada uno sufrimos lo que debe revisarse.
Mi preocupación va más allá, se ubica en el ámbito de lo colectivo. Ese espacio en el que, en principio, ciudadanos y organizaciones estamos plenamente facultados para adoptar decisiones que deben resolver necesidades comunes y satisfacer inquietudes generales. Ese espacio en el que -con bastante frecuencia e irresponsabilidad- partidos, candidatos y líderes políticos suelen actuar para ensalzar las virtudes de la acción colectiva; acción que luego ellos mismos niegan y obstruyen.
Si lo que se ha dicho en torno a la acción colectiva es cierto –me refiero, por supuesto, a lo dicho por intelectuales y pensadores serios como Luis F. Aguilar y Manuel A. Garretón–, las sociedades contemporáneas somos capaces de adoptar acuerdos que hacen factibles transformaciones de fondo que llevan a mejores condiciones de vida y convivencia. También se asume que hay capacidad para enfrentar los efectos no previstos de las decisiones previas, y alterarlos para mantener el sentido virtuoso y constructivo de las propias decisiones.
Luego entonces, es muy probable que los problemas de inseguridad que hoy sufrimos sean una consecuencia no deseada de algunas o de todas las decisiones que se han ido aplicando. En algún sentido, la irrupción de la inseguridad como tema principal en la agenda pública de cualquier gobierno puede explicarse por la forma en que se han adoptado acuerdos sociales en el pasado reciente.
Esto quiere decir, desde una perspectiva crítica, que la cuestión de la inseguridad quizás reside en la renuncia explícita de ciudadanos y familias a participar en la vida pública, sea ésta definida simplemente como reuniones del comité de vecinos o, de forma más compleja, como la militancia en partidos políticos o la pertenencia a organizaciones de interés general.
Así, es factible pensar que hay una relación directa entre la baja o nula participación en comités y espacios de deliberación colectiva y la aparición o crecimiento de problemas sociales que, al no recibir una atención efectiva, encuentran condiciones para su persistencia y expansión.
Atendamos y entendamos que lo que está en juego no es la seguridad individual, sino la seguridad en sentido amplio y total. Hacerlo así abrirá cauces para ir minando, desde lo cotidiano, las fuerzas que alimentan la detestable existencia de un México Rojo y del crimen organizado en nuestro país.
ppsosa@hotmail.com
Fuente: Crónica.
















