Por: Eduardo R. Huchim.
Al denunciar que los diputados recibieron ingresos extras por la aprobación de las leyes secundarias en materia energética, los diputados Zuleyma Huidobro y Ricardo Monreal colocaron los reflectores sobre un grave problema que distorsiona las tareas del Congreso de la Unión y erosiona su credibilidad:
el abuso del dinero y su utilización como instrumento de seducción por parte del Ejecutivo.
La revelación de los legisladores, ambos del partido Movimiento Ciudadano, generó el rechazo de diputados del PRI, PAN y PRD. Se desmiente que sean bonos, pero se coincide en que son “subvenciones extraordinarias” acordadas por los grupos parlamentarios. Sean unos u otras, forman parte del dinero opaco que circula en las dos Cámaras del Congreso.
Bonos, subvenciones, excesivos viajes y viáticos, pagos a supuestos asesores, compra sospechosa de equipos, contratos millonarios irregulares y los famosos moches derivados de recursos para obras municipales, entre otras corruptelas, conforman el universo del dispendio legislativo, una de las causas de que senadores y diputados se sitúen entre los peor evaluados en las encuestas, incluso por debajo de los policías.
Es posible que la refutación a Huidobro y Monreal posea veracidad, pero a estos los apoya la devolución -o su intento- de 15 millones de pesos asignados a su grupo parlamentario. Con todo, es posible que los refutadores tengan razón y los fondos entregados en medio de la discusión de las leyes energéticas no posean el carácter de premio por éstas. Un dato aportado por la periodista Jesusa Cervantes podría respaldar esa versión: en el anteproyecto de presupuesto federal 2015 se incluye, para San Lázaro, una partida de 500 millones por concepto de “desempeño legislativo” (Proceso, 10/08/14). Dicho de otro modo, ahí estaría el verdadero premio: un millón de pesos por diputado. Es deseable que, por mínimo decoro, esa partida no se materialice.
Han dicho varios diputados que todos sus ingresos son legales y tal cosa no está a discusión porque ellos mismos aprueban el presupuesto federal, pero ¿son legítimos, son éticamente justificables esos dineros que reciben los grupos parlamentarios y se manejan con discrecionalidad y sin rendición de cuentas? Difícilmente lo son. Más bien responden a una insaciable voracidad que, presente en casi todo el sector público, está fagocitándose desde hace décadas la riqueza de la nación y contribuyendo al aumento de la depauperación.
El dispendio puede medirse en cifras. Entre 2000 y 2011 el presupuesto del Poder Legislativo pasó de 4,382 millones de pesos constantes (base 2003) a 6,595 millones, esto es un crecimiento real de 50.5%. “Este aumento significa que el Poder Legislativo, aunque tiene las mismas funciones y el mismo número de legisladores, cada vez cuesta más”, señala María Amparo Casar en su valioso estudio “¿Cómo y cuánto gasta la Cámara de Diputados?” (CIDE, 2011). El presupuesto del Congreso fue de 9,550 millones en 2010 y en sólo cuatro años creció casi 30%, al pasar a 12,381 millones, de los cuales 3,722 corresponden al Senado y 6,795 millones a la Cámara de Diputados (el resto es para la ASF), cantidad esta última que se pretende aumentar a 8,821 millones en 2015 para San Lázaro.
Todo ello ocurre con el beneplácito del gobierno federal. La exigente Hacienda, que con un afán recaudatorio pocas veces visto en México no deja fuera ni las limosnas en los templos, se muestra munificente con los congresistas. No sólo eso, también privilegia los fondos vinculados a los ilegales moches que benefician a algunos diputados (Reforma, 10 y 11/08/14). Cierto que estos últimos aprueban el presupuesto, pero cierto también que el peso de la Presidencia podría moderarlos. Nada de eso ocurre y cada vez resulta más evidente que se trata de una política deliberada de seducción, de compra indirecta de voluntades. Por supuesto, no todas ellas se venden o se dejan seducir, pero la minoría no puede evitar que el Congreso concite hoy un generalizado repudio social.
@EduardoRHuchim
Fuente: Reforma.
















