Por: Aurelio Ramos Méndez.
Si la propuesta presidencial de incluir en la Constitución el matrimonio igualitario fue sólo estratagema destinada a entretener y distraer en momentos de rudo vapuleo, con miras finalmente a dejarla en la congeladora, la realidad la trocó ya en asunto que puede definir el rumbo del gobierno en los restantes dos años de ejercicio y el futuro de las alianzas político-partidistas y hasta incidir de manera determinante en la sucesión 2018.
La opinión pública está partida en dos con relación al derecho de contraer matrimonio sin consideración de identidad de género u orientación sexual y las marchas y mítines programados para este sábado en la capital del país dan idea de la efervescencia en torno del tema, colocado bajo reflectores en Los Pinos, el 17 de mayo.
La división popular ha sido alentada desde los púlpitos, las organizaciones civiles, escuelas confesionales, agrupaciones de padres de familia y espacios de opinión identificados con la iglesia católica. Ámbitos en los cuales, a juzgar por los hechos, el papa Francisco ha perdido el tiempo predicando ante sordos tolerancia y respeto para no juzgar a los gays y aun pedirles perdón por el trato discriminatorio que la Iglesia les ha infligido.
A mediados de la próxima semana llegará a nuestro país el nuevo embajador del Vaticano, Franco Coppola, quien, por lo visto, tiene ante sí la misión imposible de intentar atemperar los ánimos del catolicismo más primitivo azuzado por el cardenal Norberto Rivera Carrera y su vocero Hugo Valdemar, principales cruzados contra el proyecto del presidente Enrique Peña Nieto, quien asimismo ha predicado en el desierto.
El proyecto presidencial de modificar la Carta Magna y las leyes que sea necesario para eliminar todo signo de discriminación e irrespeto a los derechos humanos, ha merecido la oposición también de la cúpula del priismo, claramente más cercana a la Iglesia y al PAN que a la mayoría liberal y laica.
“Entiendo que estas medidas se enfrenten con algunas resistencias porque persiste una serie de tabúes relacionados con el tema. Sin embargo, como presidente es mi deber velar porque las creencias personales y costumbres de algunos no limiten los derechos de los demás”, dijo el Jefe del Ejecutivo al explicar los propósitos de su iniciativa.
Convocó además el mandatario a una consulta para identificar leyes, reglamentos o normas que puedan resultar discriminatorias, con la finalidad de promover su inmediata reforma, porque —dijo— se trata de avanzar Ehacia un México incluyente y respetuoso de la diversidadh.
Pues no. Los coordinadores de las bancadas del PRI en el Congreso, César Camacho y Emilio Gamboa, y el mismísimo Enrique Ochoa Reza, pusieron oídos de artillero y dijeron nones, no se sabe si por convicción o simple cálculo político. Declararon que debatir el tema en el Legislativo no está entre las prioridades del PRI.
Con sus posiciones retrógradas en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo la Iglesia católica está desperdiciando la oportunidad de vigorizarse y recuperar el terreno perdido frente a otras denominaciones religiosas, y el PRI y el gobierno la posibilidad de congraciarse con los sectores más progresistas.
Como si se tratara de procurar el respaldo de las capas de población más rezagadas en lo ideológico, con actitud que lo equipara a los cristeros y los núcleos sinarquistas, uno de cuyos brazos políticos más recientes fue el Partido Demócrata Mexicano, el PRI soslaya el tema puesto sobre la mesa por su líder real —por muy debilitado que parezca el Presidente de la República es quien manda entre sus correligionarios—, lo que deja a éste a merced de las fuerzas más conservadoras y prefigura una nueva alianza de facto con el panismo rumbo al 2018, aun a costa de sufrir fracturas y desprendimientos.
Divorciada de la realidad que recomienda acercarse a las clases populares que tiran para la izquierda, la cúpula del tricolor ya maniobra para coligarse, de hecho o de derecho, no con los sectores populares más avanzados e ilustrados, sino con las fuerzas más oscuras y atrasadas.
No se entiende cómo los jerarcas del catolicismo han emprendido una genuina cruzada en contra del derecho de los homosexuales a conformar uniones conyugales frente a la ley. Por principio de cuentas, se trata de un asunto que concierne al ámbito civil. Es cosa de ellos si les niegan a los gays los sacramentos de su fe o les prohíben el acceso a sus templos; pero nada tienen qué ver en temas que atañen a los poderes del Estado.
Este sábado la grey acicateada por la Iglesia, agrupada en el Frente Nacional por la Familia, marchará del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia, en una pretendida demostración de fuerza, mientras que las agrupaciones de homosexuales con su arcoíris de diversidad y especificidades cercará el Ángel para defender sus derechos e impedir la congregación de quienes buscan sepultar la propuesta presidencial.
La dimensión que ha adquirido este debate obliga al gobierno federal, y por consiguiente a su partido, a redefinir su postura. Es inadmisible que un gobierno que, según su propio discurso, llegó no a administrar sino a transformar, haya abierto el debate público y luego se retracte como si nada, o peor aún, con la actitud de quien pone el coco y se espanta con él, mientras la Iglesia forcejea para tratar de regresar por sus fueros, inmiscuirse en asuntos políticos y pasarse por la faja la Constitución.
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Fuente: Crónica.
















