Por: Vicente Bello.
El Congreso mexicano insistió toda la semana en arrumbar la función de contrapeso que la Constitución le ha dado, prácticamente, desde el nacimiento de la República.
Ni diputados ni senadores –por supuesto, la mayoría conformada por el PRI, Pvem y Panal- han querido hacer nada por la rendición de cuentas. Persisten en asumir una posición de observador, más que de protagonista, dada sus condiciones de representantes de la Nación.
Pero no solo ha sido esta semana. Puede afirmarse que desde que inició el sexenio de Enrique Peña Nieto, el trabajo legislativo solo ha respondido a los intereses políticos y económicos de minorías poderosas que se han transfigurado en poderes fácticos incluso extranjeros.
Diputados y senadores han renunciado a su trabajo de representantes de la Nación para quedar convertidos en peones de un gobierno que ha demostrado no tener compasión del país.
La lista es extensa. Verbigracia: No han llamado a comparecer a Ildefonso Guajardo para que, desde su condición de secretario de Economía y gestor principal de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, explique y rinda cuentas sobre la renegociación del tratado comercial.
Tampoco ninguna de las dos Cámaras ha pedido explicaciones a Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, sobre esa relación –peligrosa y muy grave para los intereses de México- que sostiene con el gobierno de Donald Trump.
Si alguien debe muchas explicaciones al pueblo de México es este personaje infausto y terrorífico que apareció en la historia contemporánea de la mano de ese otro personaje no menos terrible como lo es Enrique Peña Nieto.
Nadie sabe tampoco por qué Emilio Lozoya Austin no está en la cárcel, luego de que en Brasil literalmente está relacionado con hechos jurídicos, delincuenciales.
Solo puede explicarse que Lozoya no esté en vías de un curso penal por su cercanía y complicidad con quien ha sido su jefe, el actual presidente de la República.
A Lozoya no lo toca el Poder Judicial y mucho menos el Poder Legislativo, cuyas mayorías matreras justifican su negativa a someter a escrutinio al que fue el director general de Petróleos Mexicanos, porque no tienen entre sus facultades la de llamar a comparecer a exfuncionarios públicos.
Si bien en la Constitución podrían contarse cuando menos unas 25 facultades para cada una de las cámaras federales, es cierto también que el Congreso tiene debilidades que la mayoría legislativa no quiere quitar.
El Congreso no tiene, por ejemplo, facultad para llamar ni a exfuncionarios ni a particulares para que rindan cuentas o aporten información sobre hechos determinados que tienen o tengan que ver con las cosas públicas.
Se hacen los tontos, los diputados y senadores, para no modificar los articulados correspondientes para hacer que, por ley, puedan comparecer éstos y aquellos.
En Estados Unidos, el país que tanto imita el régimen y al que tanto obedece, esa facultad de llamar a comparecer a exfuncionarios o a particulares es un de las principales del Congreso norteamericano.
Y otra más: allá, el compareciente, si es funcionario en activo, que se le sorprenda que está mintiendo al Congreso, y se le compruebe, se hace acreedor de dos tipos de sanciones: El Congreso pide al Ejecutivo que lo despida y, más todavía, que le afinque un juicio penal si se considera que ha afectado la buena marcha del presupuesto nacional. Es decir, sí robó dinero público.
Acá, los diputados y senadores se convierten en cómplices del compareciente que miente o roba. Y guardan, a priori, una actitud de compinches cuando el funcionario está siendo sometido a escrutinio por los pocos de la oposición que tratan de ejercer la función de control político.
Un ejemplo de ello ha sido lo que acaeció el pasado martes, en la Cámara de Diputados, cuando en sesión del Pleno, el PRI y aliados rechazaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fuese exhortada para “iniciar los procedimientos administrativos y de carácter penal necesarios, en contra de los funcionarios responsables de determinar la fórmula y los volúmenes de venta de etano”.
He aquí partes medulares de lo que Rocío Nahle García, diputada de Morena, propuso para exhortar a la ASF a involucrarse con su facultad de rendición de cuentas en tema Odebrecht.
Dijo: “Primero decirles que antes de subir a esta tribuna ya habíamos presentado cinco puntos de acuerdo de este tema: El primero fue el 5 de abril de 2017. Posteriormente, en la Permanente pusimos uno. Después mandatamos otro. Todo sobre el proyecto del Etileno XXI, donde está involucrada la empresa Odebrecht, a través de su filial Braskem.
“¿Qué es lo que pasó? En el 2010, Pemex Gas y Petroquímica Básica acordaron con la empresa Braskem entregarles 66 mil barriles por día de gas etano a precio preferencial. Dicho contrato contó con los testigos de honor, como fue el propio Felipe Calderón y el presidente Lula.
“Desde un momento se dijo que no había suficiente gas etano y que eso iba a dejar a los complejos petroquímicos de Pemex sin materia prima, aparte de que incurrían en dumping.
“Sin embargo, se entregó el contrato, ya está el complejo Etileno XXI, está trabajando Braskem, y hoy la Auditoría Superior de la Federación entrega un reporte, muy interesante, donde nos comenta las observaciones que hace notar que este contrato fue amañado, que este contrato fue ventajoso y que este contrato nunca debió de proceder tal cual”.
Así es cuando un Congreso ha renunciado a su naturaleza, que es servir de contrapeso por antonomasia.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















