Por: JOSÉ REYES DORIA.
@jos_redo
¿El Estado mexicano podrá resistir una embestida de las empresas petroleras extranjeras, si éstas deciden bajar los niveles de producción para modificar a su favor los términos de los contratos?
“Tiene razón, es muy importante que aseguremos un monto mínimo de recursos, que haya un porcentaje mínimo de [la renta petrolera] que reciba el Estado…”,
sin embargo, “no es posible establecer el monto exacto y preciso”.
De este modo respondió el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, a la pregunta sobre la forma en que el Estado garantizará que la renta petrolera se capture en favor de la nación, en una reunión con diputados de las Comisiones de Hacienda y de Energía, en el marco de las audiencias públicas para analizar las iniciativas de legislación secundaria en materia energética.
La respuesta causó asombro e inquietud, porque se trata de uno de los temas fundamentales de la reforma energética que apunta al corazón del debate por la apertura petrolera: ¿quién y cómo se quedará con la renta petrolera?
De inmediato se activaron las alarmas, respecto a si el diseño legal, institucional y regulatorio de la reforma energética es el adecuado para construir un nuevo modelo de industria petrolera, donde el Estado pueda mantener la rectoría en el sector y, a la vez, garantizar la seguridad energética del país.
Uno de los objetivos con mayor lógica económica y fiscal de la reforma energética, consiste en incrementar sustancialmente la producción de hidrocarburos, a fin de aprovechar los recursos del subsuelo y fortalecer los ingresos del Estado mexicano para que cumpla satisfactoriamente con sus obligaciones y atribuciones, sobre todo las relativas al desarrollo social.
En la concepción de la reforma, la participación de las empresas petroleras privadas es indispensable, dado que actualmente PEMEX no cuenta con los recursos tecnológicos, humanos y financieros para explotar yacimientos de acceso complejo, como los ubicados en aguas profundas.
Es por esa razón que el Ejecutivo Federal estableció en las iniciativas de Ley de Hidrocarburos y Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, las diversas modalidades de contratos a través de los cuales las empresas privadas participarán en el negocio petrolero. Destacan el contrato de utilidad compartida y el contrato de producción compartida, donde además de las regalías y las cuotas de fase de exploración que deben pagar los contratistas, la principal contraprestación que ingresará a la Hacienda Pública, vía el nuevo Fondo Mexicano del Petróleo, consiste en un porcentaje de la utilidad operativa, o sea la utilidad resultante de deducir los costos autorizados a los ingresos brutos generados en cada contrato.
Pero resulta que las iniciativas de leyes secundarias no establecen cuál será el porcentaje de la utilidad operativa que corresponde al Estado y el porcentaje que corresponde a la empresa; esa determinación estratégica se establecerá en cada contrato. Es decir, la parte sustancial de la renta petrolera quedará al criterio que decida aplicar la Secretaría de Hacienda en la negociación de cada contrato; ni siquiera existe en las iniciativas algún criterio para establecer un techo máximo para el porcentaje de la renta petrolera que podrán llevarse las empresas privadas, ni un piso mínimo para el porcentaje que debe capturar el Estado.
Pongamos números en un caso hipotético: una empresa trasnacional gana un contrato con valor de 10 mil millones de dólares y el costo de producción asciende a 4 mil millones (40%, porque en este ejemplo se trataría de un yacimiento en aguas profundas, lo que incrementa notablemente los costos; cabe señalar que el propio subsecretario de ingresos de Hacienda informó que el costo promedio de producción de un barril de petróleo en aguas someras o en tierra es de 20%).
Esa empresa tendrá una utilidad operativa de 6 mil millones de dólares y, por ley, tendrá que pagar como contraprestación un porcentaje de esa utilidad al Estado. Como ya vimos, la ley no establece cuál será el porcentaje, sino que deberá negociarse en cada contrato.
Como podemos ver, el riesgo que se abre para la renta petrolera es fabuloso y despierta interrogantes que, al día de hoy, no han quedado suficientemente esclarecidas:
¿Quién va a garantizar que en cada contrato se estipule un porcentaje justo y racional para el Estado y para la empresa?
¿Tiene México la capacidad institucional, técnica y reguladora para controlar los procesos de licitación, fiscalización y supervisión de los contratos con las poderosas empresas petroleras extranjeras?
¿Cómo se va a contener la natural ambición de estas empresas, si la Ley no establecerá límites a sus pretensiones contractuales?
¿El Estado mexicano podrá resistir una embestida de las empresas petroleras extranjeras, si éstas deciden bajar los niveles de producción para modificar a su favor los términos de los contratos?
¿Cómo se va a evitar que recurran al arbitraje internacional?
Incluso, entre los propios altos funcionarios del gobierno federal no existe una visión unificada de lo que representa la renta petrolera y la necesidad de garantizar su captura a favor de la nación, como lo demuestra la afirmación de la Subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, también en reunión con diputados, donde dijo que el Estado se quedará con el 100% de la renta petrolera, suscitando los comentarios irónicos de diversos legisladores recordándole a la funcionaria que difícilmente las grandes empresas van a venir a invertir grandes cantidades de dólares nomás para ayudar a los mexicanos sin llevarse nada a cambio.
El tema está en plena discusión parlamentaria y valdría la pena asomarse un poco, para ver cómo se van a prevenir este tipo de riesgos que son inherentes a una reforma de trascendencia histórica como la energética
Fuente: Sdpnoticias.com
















