Por: Aurelio Ramos Méndez.
Como un diálogo de sordos, a punta de verdades a medias, mentiras completas, silencios elocuentes y exageraciones de lado y lado, así ha discurrido la polémica suscitada —en forma deliberada, ahora lo sabemos— por el próximo Presidente con relación al nuevo aeropuerto.
En esta atmósfera enrarecida por la manipulación de la información, los ciudadanos saldrán a votar para, supuestamente,
ayudar al próximo gobierno federal decidir si la obra debe hacerse en Texcoco o Santa Lucía.
Son muchos los puntos intencionalmente velados, de parte y parte, a los ojos de los ciudadanos. Y muchos más los enmarañados por una gran porción de la prensa.
¿Cuál será el costo real, final, de la terminal aérea en Texcoco y cuántos de esos recursos deberán ser aportados por los contribuyentes?
¿A cuánto ascenderían, sin mentiras de por medio, los recursos echados al caño en caso de cancelación?
¿Tendrán que ser pagadas sanciones por terminación unilateral de contrato o —como afirma Javier Jiménez Espriú— no existe castigo alguno tratándose de obras públicas?
¿Avala o no la OACI la funcionalidad de Santa Lucía, si bien se requiere un estudio que costaría 600 millones de dólares, tal como anunció —aunque muchos fingieron no haberlo escuchado— el próximo titular de la SCT al dar a conocer la fecha de la consulta?
Estos son solo algunos puntos oscuros que llevarán a los electores a votar con escasos elementos de juicio la pregunta que —a la manera del viejo programa de televisión— bien puede ser considerada de los 350 mil millones de pesos.
¿Por qué esta cifra? Porque, real o supuestamente, conforme a datos del próximo gobierno sobre los cuales el actual guarda convenenciero silencio, en este monto ya va el costo estimado de la opción defendida con ardor por la administración saliente.
Las cifras sobre el costo estimado han sido profusamente divulgadas por el equipo de Andrés Manuel López Obrador. El monto inició en 169 mil millones para las dos fases de la obra y subió después a 186 mil; pero ya va en 285 mil millones, y no para las dos sino tan sólo para la primera fase.
Esto significa que para dejar el aeropuerto en condiciones de ser usado, a esos 285 mil millones será menester agregarle unos 30 ó 35 mil millones de pesos para obras de vialidad y otro tanto para obras de infraestructura social. O sea, 350 mil millones de pesos, en cifras gruesas.
Todo ello, sin incluir 88 mil millones de pesos ya solicitados sin que se sepa bien a bien para qué.
Súmele a este descomunal monto el volumen de dinero público que se necesitaría para, llegado el momento, desmontar el actual aeropuerto.
Un inmueble, el Benito Juárez (AICM), cuyas principales áreas para entonces aún estarían en plena funcionalidad, pues será indispensable realizarle en el ínterin obras de acondicionamiento.
¡Vaya uno a saber si estos datos sobre el costo de Texcoco son reales! En todo caso, no han sido desmentidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto en meses de discusión pública. Y constituyen una montaña de oro.
Muchas otras versiones, respecto a una u otra opciones, tampoco han sido aclaradas por los bandos en pugna.
¿Existen poderosos políticos y funcionarios o ex funcionarios detrás de las empresas constructoras? ¿Hubo favoritismo en las licitaciones o de plano asignaciones amañadas de contratos? ¿Se traficó con información privilegiada para capitalizar la plusvalía en alrededores de las terminales en competencia? Misterio.
Desde los inicios del debate público Juan Pablo Castañón aseguró que, de cancelarse el NAIM, se echarían por el caño 120 mil millones de pesos, de los cuales unos 40 mi corresponderían a castigos por la suspensión.
Sólo que Jiménez Espriú señaló que, tratándose de obras públicas, los castigos no existen. Porque ni modo de penalizar a un Estado que por eventualidad de fuerza mayor —un desastre natural mayúsculo, por ejemplo— se viera obligado a cancelar sus planes de obras.
¿Cuál es la verdad? ¿Es una paparrucha lo que afirma el próximo titular de la SCT? ¿Por qué los defensores de Texcoco —de Gerardo Ruiz Esparza a Raúl González Apaolaza— ya no hablan de pérdida de 120 mil millones, sino de indemnizaciones por 100 mil millones, más lo que resulte de inminentes demandas por unas 307 empresas?
La polémica sobre el nuevo aeropuerto y en particular la consulta está saturada de camelos, tanto deliberada como involuntariamente esparcidos. El último, tocante al financiamiento del sondeo, configuró una inmensa bola de nieve.
Al anunciar la única pregunta de la consulta, el vocero Jesús Ramírez fue interrogado acerca de cómo sería financiado este ejercicio. Su respuesta: “Con aportaciones voluntarias de legisladores federales”.
Menos de una hora después de esta contestación precisa, sin margen para la duda, un periodista hizo alarde de profesionalismo e interrogó a Porfirio Muñoz Ledo.
Aderezó su interrogante el sagaz comunicador omitiendo el carácter voluntario de las cuotas, dando a entender que se trataría de aportaciones obligatorias. El curtido presidente de la cámara baja no mordió el anzuelo. “Nadie lo ha dicho. Y no obedecemos a ninguna instrucción. No estamos obligados. Son rumores”, dijo Muñoz Ledo.
Así y todo, prodigios del rigor profesional, a partir de ese momento empezó a rodar la mentira que durante tres días saturó la atmósfera informativa respecto a una supuesta rebelión de legisladores morenistas renuentes a pagar la consulta.
Fue necesario que Ramírez se apersonara ante diputados para reiterar lo que había dicho un día antes: que las aportaciones serían voluntarias. Lo secundó el dadivoso coordinador Mario Delgado, quien, tras insistir en el carácter voluntario de las aportaciones, adelantó que él donará 20 mil pesos.
En numerosos medios, el miércoles, la noticia fue que les doblaron las manos a los diputados y senadores. ¡Ni modo de intentar siquiera, ante tan patente manipuleo, negar los afanes desinformadores de la prensa fifí!
Renglón aparte merece el señuelo de la regeneración del entorno social aeroportuario, cualquiera que sea la opción ganadora.
La construcción de la Torre de Pemex —devenido elefante blanco en cuatro décadas— puede ser ejemplo de engaño gubernamental.
Se dijo que ese rascacielos propiciaría la regeneración urbana de la zona de Santa Julia y las colonias Pensil, Anáhuac y otras del rumbo. Bastaría una rápida visita para constatar la triste realidad.
La edificación del Palacio Legislativo de San Lázaro y el Palacio Judicial, según la propaganda oficial de entonces, se reflejaría en la conversión de aquella zona —la antigua estación de ferrocarriles de San Lázaro, La Candelaria, La Merced…— en un vergel. Vil embuste.
Una ciudad perdida formada justo frente a la Cámara de Diputados, a sólo cincuenta metros de la casa de los diputados, es prueba hoy del triunfo de la demagogia. Evitemos repetir la historia.
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Fuente: Crónica.
















