Por: Vicente Bello.
La función número Uno que tiene el Congreso mexicano es la de servir de contrapeso de quienes ejercen el poder público en México. Desgraciadamente para la vida de la República, quienes lo integran no la quieren utilizar y han optado por asumir una pasividad que ofende y agravia a quienes ellos dicen que representan.
Para el ejercicio de la función del control político,
el Congreso tiene en sus dos Cámaras una importante batería de instrumentos legales e instituciones con los que puede llamar a la rendición de cuentas.
Los instrumentos mayores con que cuentan las Cámaras son el Pleno y las comisiones ordinarias, cuyo poder resolutivo podría ser capaz de poner de rodillas a cualesquier servidor público, incluido el presidente de la República a pesar de que el derecho positivo mexicano está construido en sus puntos cruciales para empoderar al titular del Ejecutivo Federal.
El congreso cuenta también con instrumentos más o menos importantes, que serían fundamentales en la vida de la rendición de cuentas si no hubieran nacido desflemados, desdentados. Se refiere uno a las comisiones especiales o investigativas, que no tienen poder resolutivo, y apenas tienen facultad para indagar y emitir meras opiniones.
Por cierto, otro de los instrumentos del Congreso debilitados a priori, a ultranza por el presidencialismo mexicano, es la Comisión Permanente, que en tiempos de receso legislativo actúa más como una alcahueta del Ejecutivo federal que como un representante fiel del Congreso mexicano.
Para que la función de control político –o función del contrapeso constitucional- sea capaz de echarse a caminar a través de las veredas pedregosas del sistema político mexicano, se requiere del equilibrio de las fuerzas políticas representadas en las dos Cámaras.
No existe equilibrio, contrapeso, cuando el partido político que ostenta la presidencia de la República es mayor que sus opositores.
El PRI fue el partido de la mayoría hegemónica hasta 1997, cuando a partir de la histórica 57 Legislatura perdió esa condición; pero desde entonces conservó la condición de primera minoría.
¿Cómo le ha hecho el PRI para ganar las votaciones si no tiene la mayoría, como antaño? La pregunta es fácil de contestar: Echó mano del poder corruptor de la presidencia de la República, para hacerse de aliados parlamentarios que le han ayudado conseguir votaciones históricamente lesivas y total y absolutamente contrarias al interés del pueblo de México.
No necesitó de mucha labia para convencer a sus ahora aliados a que se sumaran a sus causas, porque para un gran sector de la clase política mexicana, la política es un campo fértil para hacer negocios y enriquecerse a pasto.
Apenas los tentaba y Estos respondían con alegría al llamado del PRI. A lo largo de las historia de México, hay muchos casos sembrados a la vera del camino. Pero entre los recientes, no hay como el PVEM a nivel federal para ilustrar a la conversión de la política como negocio.
El Pvem ha acompañado al PRI desde 1997 como acompañan las rémoras a una barracuda o a una ballena. Pero también el PRI ha sostenido una relación muy cercana con un partido que alguna vez fue opositor al régimen: el PAN.
En los asuntos más candentes para el país, invariablemente han votado juntos, de la mano, el PRI, Pvem y el PAN. Así lo hicieron el 12 de diciembre de 1998, cuando convirtieron deuda privada en deuda pública para rescatar al sistema bancario, así le han hecho en muchas ocasiones más, para aprobar leyes que no son del beneficio de la mayoría de la población, como fue el caso de la llamada reforma energética.
O como cuando aprobaron, en noviembre de 2012 (dos semanas antes de la asunción de Enrique Peña Nieto), la reforma laboral aquella que tiene a millones de trabajadores más empobrecidos y más humillados por las condiciones laborales en que se mueven.
Está tan jodida la clase trabajadora de México que ha tenido que salir un gobernante extranjero, como lo es el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, a opinar en el marco de la negociación del Tratado de libre Comercio que el gobierno mexicano debería considerar seriamente incrementar el salario mínimo, por un asunto de elemental justicia y de derechos humanos.
Hasta el momento, cinco días después de que lo dijo Trudeau, el Gobierno mexicano sigue haciéndose el tiololo y no responde.
Está en su papel. Aplicar a rajatabla una política económica que se impuso en México desde 1983, cuando el gobierno de Ronald Reagan y el de Inglaterra, Margaret Thatcher, se unieron para torcerle el brazo a países endeudados como México e imponerles una política económica que fue apodada como “neoliberalismo”, que continúa.
Pero ese papel no es definitivamente del Congreso mexicano.
Más bien, Este tiene por obligación llamar a cuentas al Ejecutivo para que responda sobre políticas y ejercicios de gobierno que laceran a la gente. Para eso se dice que el Congreso es la representación popular.
Por eso es agraviante, ofensivo, que el Congreso no se posicione siquiera sobre temas calientes que escuecen ánimos y queman a la República, como son el mismo caso del salario mínimo propuesto por Canadá, o como es el alza de las tasas de interés recién decretadas por el Banco de México supuestamente para contener la galopante inflación de estos días.
Tampoco los diputados federales y senadores dicen y hacen nada en temas como el del Caso Odebrecht, en el que a todas luces Enrique Peña Nieto maniobra para que vaya a la cárcel Emilio Lozoya Austin.
Veremos qué hacen la semana próxima.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















