Por: Montserrat Aguirre.
* Los actos de violencia durante los procesos electorales contaminan o destruyen los mecanismos y las condiciones que incentivan la participación política de los ciudadanos, provocando un efecto desmovilizador de la democracia.
Alejandro Galicia Juárez, candidato a regidor del partido PRD en Apaseo el Grande fue asesinado el 30 de marzo durante un ataque a balazos en esta localidad,
informó la Fiscalía General del estado de Guanajuato.
Desde septiembre de 2020, cuando empezó el periodo de las elecciones, un total de 61 políticos y 78 servidores públicos sin militancia han sido asesinados, según señala un informe de la ONG Causa en Común.
Mientras que en la campaña política de 2018 registró un saldo de 152 políticos asesinados -48 precandidatos y candidatos- y 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos, según el informe publicado por la consultora Etellekt.
Además, según lo referido por el informe, el 90 por ciento de las agresiones fueron contra funcionarios y candidatos del ámbito local.
“Hacemos un llamado a las autoridades para decirles lo obvio, que las buenas intenciones y los discursos no son suficientes”, sentenció María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.
“Nuestra democracia se encuentra en asedio desde varios frentes”, entre los que se encuentra el riesgo de participar en contiendas electorales.
Retos de las autoridades
Expertos han señalado que existe una relación entre elecciones y violencia perpetrada por los grupos criminales aunado a los niveles de inseguridad que viven los entornos locales.
Esto se atribuye al interés de la delincuencia organizada por controlar políticamente a las localidades mediante las policías o los dirigentes.
Según la investigación ‘Legalidad y violencia en los procesos electorales locales’, durante las campañas cada vez es más común que los aspirantes a un cargo de elección popular o a las autoridades electorales sean intimidados o agredidos por grupos delincuenciales.
Además existen acusaciones y denuncias sobre la infiltración de grupos criminales en las camarillas partidarias para financiar o acceder a la candidatura por un puesto público.
Carlos Rubio, gerente de Riesgo Político de Integralia Consultores, señaló que una buena parte de los eventos de violencia política son llevados a cabo por el crimen organizado, principalmente en contra de gobiernos municipales para tener recursos, información y control en ese nivel de gobierno.
Además agregó que “es un problema que vulnera la capacidad de la ciudadanía de elegir libremente a sus representantes democráticos”.
Los actos de violencia durante los procesos electorales contaminan o destruyen los mecanismos y las condiciones que incentivan la participación política de los ciudadanos
Además, cuando estos delitos se dirigen contra funcionarios electorales tienen por objeto distorsionar la elección, con el fin de mantener el control de las instituciones de gobierno, porque éstas son fuente de recursos económicos y políticos que permiten seguir gozando de ciertos privilegios e impunidad.
Uno de los principales retos que enfrentan las autoridades es ofrecer la mayor seguridad posible a aspirantes que se encuentran en situaciones o zonas de alto riesgo.
Rubio mencionó que deben existir acciones más decididas por parte de policías federales y locales, así como de ministerios públicos, para prevenir los asesinatos y, llegado el caso, investigarlos y castigar a los responsables.
El gobierno federal presentó una estrategia para proteger a candidatos y aspirantes a cargos populares; sin embargo, desde que se anunció, han asesinado, al menos, a seis actores políticos de distintos partidos en el país.
Cabe señalar que el INE ha sido consciente de los “actos de inseguridad” que hay en algunas circunscripciones electorales, ya que en los meses previos al día de la votación fueron comunes las denuncias por agresiones a los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales.
Fuente: REPORTE ÍNDIGO.
















