Por: Diego Valadés.
Una reforma constitucional de 2008 adoptó el sistema penal acusatorio y oral. Su aplicación práctica implica cambios institucionales todavía sujetos a prueba. Las expectativas son elevadas, máxime que a la oralidad de los juicios penales se atribuye la posibilidad de amplios efectos transformacionales para la justicia.
No entraré en la cuestión procesal, ya bastante explorada, y me centraré en analizar si, además de los ajustes formales, se han previsto otros también necesarios.
La mencionada reforma constitucional incluyó un transitorio conforme al cual, en un plazo que concluye en junio de 2016, la legislación de todo el país se deberá adaptar al nuevo sistema. A partir de ahora se dispone de menos de dos años para hacer todo lo que está pendiente. En cuanto a las modificaciones legales es posible cumplir a tiempo; lo malo es que no basta con esas adecuaciones.
Hay aspectos que han sido omitidos. Por ejemplo, no se han resuelto los problemas de la colegiación de los abogados, de la calidad de las escuelas de derecho, de la actualización de los abogados en activo, ni de la asistencia jurídica para los justiciables. Son asuntos de los que también depende el éxito o el fracaso de la reforma. Veámoslos.
Colegiación. Llevamos décadas discutiendo si se adopta la colegiación de los abogados como requisito para su desempeño profesional. Conforme al artículo 5o. de la Constitución existe plena libertad para el ejercicio de una profesión. La salvaguarda de esta regla general es importante, pero en el caso de la abogacía ha impedido regular su ejercicio como una actividad de la que dependen la libertad, el patrimonio y la seguridad jurídica de los justiciables. Es indispensable, por ende, llevar a cabo una reforma cuidadosa de ese precepto.
La defensa de inculpados o la representación de víctimas está relacionada con la capacidad profesional y con la idoneidad ética de los abogados. En todos los países donde hay oralidad los colegios o barras ejercen la función de certificar esa capacidad y de controlar esa idoneidad, para ofrecer a los justiciables la certidumbre de que están bien patrocinados y de que, si resulta necesario, cuenten con la posibilidad de defensa ante sus propios defensores.
En México la colegiación está pendiente de una regulación acorde con la trascendencia social de la abogacía. Los datos del INEGI indican que hay alrededor de doscientos mil abogados en activo. Con el sistema penal acusatorio y oral tendrán muchas más atribuciones y obligaciones que las actuales. Acerca de su desempeño profesional y ético no existen instrumentos pertinentes de certificación ni de control, de manera que los justiciables estarán en manos de personas cuyas aptitudes y rectitud no en todos los casos van a ser satisfactorias.
Calidad académica. Conforme a los registros de la Asociación Nacional de Universidades, en el ciclo escolar participan más de mil escuelas de derecho que atienden a casi trescientos mil estudiantes; pero es muy probable que el número de escuelas y de alumnos sea superior. La enseñanza va desde la excelencia de algunas instituciones hasta otras muchas que padecen niveles ínfimos. No existen controles que ofrezcan a los estudiantes un mínimo de garantías en cuanto a la educación que reciben. Las consecuencias de que haya quienes ejerzan sin la formación requerida afectarán al nuevo sistema y se trasladarán a la sociedad. La ineptitud es fuente de corrupción e injusticia.
Actualización. Si la preparación de buena parte de los futuros abogados es más que dudosa, la actualización de los que están en activo es casi inexistente, entre otras cosas porque no se exige como requisito para ejercer la profesión.
Asistencia jurídica. El Estado mexicano no ha anunciado ningún proyecto de instituir un servicio de asistencia jurídica destinada a los millones de mexicanos que carecen de medios para hacer valer sus derechos ante los tribunales. Los servicios de defensoría pública son muy desiguales en el país y sólo están disponibles para los acusados. Hay organizaciones filantrópicas que realizan una tarea encomiable en esta materia, pero sus recursos serán insuficientes frente a las cargas de trabajo que se aproximan.
La conclusión es sencilla: se han consumido seis de los ocho años disponibles. Hay algunas tareas avanzadas y otras a medio andar, pero varias ni siquiera han sido previstas. La oralidad está en riesgo de ser un fracaso más. Todavía es posible recuperar el tiempo perdido.
@dvalades
Fuente: Reforma.
















