Por: José Sosa.
Ahora que la mayoría de las reformas aprobadas durante 2013 se han concretado, el debate político se irá orientando a discutir los proyectos e iniciativas que aún están pendientes. Como resulta obvio, la relativa a la creación de un órgano nacional anticorrupción estará entre las que más atención política y social atraerán.
De acuerdo con los avances que hasta este momento muestra la iniciativa de cambios a la Constitución federal en esta materia, lo que se perfila es la conformación de una política nacional de prevención y combate de los actos de corrupción basada en una red institucional compuesta por un órgano nacional y hasta 32 órganos de carácter regional, uno para cada una de las entidades federativas y el Distrito Federal.
Como tal, la iniciativa ya aprobada por la Cámara de Senadores y actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, establece un régimen que centraliza de alguna manera las decisiones y los instrumentos de prevención y combate en los propios órganos que crea, y deja fuera de la operación a los gobiernos municipales y a las organizaciones de la sociedad civil.
Se trata de un régimen muy similar al que opera en la política de transparencia y rendición de cuentas, en la que los ayuntamientos y sus dependencias son meros sujetos obligados, operan como coadyuvantes por medio de las así llamadas oficinas de enlace, y carecen de capacidades legales o técnicas para incidir o reorientar la política en su conjunto, o el alcance de los instrumentos particulares previstos en la legislación.
Más allá de discutir si los gobiernos municipales tienen o no la prerrogativa constitucional de ser copartícipes de la aplicación de facultades, lo que parece pertinente analizar en el caso de la política anticorrupción es si la concentración de funciones en los órganos nacional y estatales será suficiente para alcanzar los objetivos de largo plazo que se plantea la reforma.
Es decir, que si la prevención y el combate a la corrupción en México estarán suficientemente desarrollados y servidos, basados únicamente en las capacidades de los 33 órganos que la reforma prevé crear. Desde mi punto de vista, hay diversas razones y múltiples evidencias que indican que la respuesta a esa pregunta es que no; que los propósitos de la iniciativa no estarán debidamente garantizados, sino sólo en parte.
Asisten en apoyo a esta postura negativa tanto experiencias previas de descentralización, como las propias evidencias del fenómeno que se quiere combatir, la corrupción política y administrativa.
En el primer caso, cabe recordar cómo no fue sino hasta que el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) decidió dar un giro radical al proceso de descentralización del gasto social, mediante la creación del Ramo 33, que se alcanzaron niveles efectivos de responsabilidad entre los gobiernos locales de todo el país. Todos los esfuerzos anteriores, incluidas las sucesivas reformas municipales, simplemente incrementaron la dependencia y el centralismo hacia las instancias federales.
A partir de la creación del Ramo 33, que canalizó los recursos directamente a las tesorerías municipales –aunque con alguna intervención de los gobiernos estatales-, el gasto social a nivel local se ha incrementado constantemente y se han mejorado las condiciones de vida de una parte importante de la población nacional. De ahí que no parezca pertinente imponer de inicio a la nueva política anticorrupción un esquema de operación tipo “embudo” como el que plantea la reforma en discusión legislativa.
Por lo que toca a las características del problema que se pretende atender con la reforma constitucional, la lógica numérica se presenta como la razón más obvia y evidente para argumentar a favor de un mayor peso y protagonismo para los gobiernos locales.
Si se estima de manera simple el número de posibles actos de corrupción que ocurren en el país, resulta que a las instancias municipales corresponde abrumadoramente una gran parte, por el hecho de ser las instancias más cercanas al ciudadano y por ser las que más directamente regulan sus actividades mediante la aplicación de un sinfín de reglamentos: vía publica, imagen urbana, comercio y espectáculos, sanidad alimentaria, construcción, vialidad, consumo de bebidas alcohólicas, apertura de negocios, y un largo etcétera.
Si bien ha de reconocerse que no todas las formas de corrupción afectan o involucran a las instancias municipales o que, incluso las más graves están por encima de ellas –como en el caso de los grandes contratos de obra pública-, ello no limita el hecho de que su exclusión del mecanismo de definición y conducción de la política anticorrupción limita los alcances de ésta y pone en vilo la capacidad de respuesta de aquellas.
Amén de que se pierde, de entrada, la posibilidad de que la política y sus instrumentos puedan ir siendo corregidos y adaptados de forma continua, como parte de los operaciones de gestión cotidiana en contextos de prestación continuada de servicios y de realización de trámites de toda índole. Es decir, se pierde la posibilidad de que la política anticorrupción pueda servir también como un instrumento de mejora permanente de la gestión pública, aunque sólo sea a nivel municipal.
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Fuente: Crónica.
















