Por: Eduardo Ibarra Aguirre.
No sé a usted, pero me resulta inconcebible que el jefe del Estado mexicano, cualquiera que este señor e independientemente del partido o movimiento del que provenga, no pueda reunirse con los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas rurales sin que estén presentes los abogados y asesores.
Salvo su mejor opinión, no hay argumento que lo justifique aunque se pueda esgrimir alguno, pues concibo a las madres de los 43 estudiantes, tres de los cuales ya fueron identificados pero por lo visto no es políticamente correcto reconocerlo, como ciudadanas de pleno derecho con capacidad para conversar con quienes ellas decidan y no sus representantes.
Pero los mismos papás, en la voz de Mario González y Clemente Rodríguez, padres de César y Christian, respectivamente, aducen que el presidente Andrés Manuel “cree que no tenemos la capacidad de pensar, que otras gentes nos manipulan”, pero “nosotros tenemos la suficiente sabiduría para decirle lo que queremos, lo que necesitamos y lo que está pasando”. Precisamente por lo que dicen pueden dialogar con cualesquiera autoridades, desde el alcalde de Iguala hasta los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales, y no es indispensable que el demasiado protagónico abogado Vidulfo Rosales o cualquier otro los acompañe y acaso conduzca.
Resulta extraño que López Obrador aceptara la intermediación durante cinco años y hasta ahora exprese su malestar cuando es evidente que siempre impugnó, con más aciertos que errores, a buena parte de los que viven de intermediar entre el Ejecutivo federal, la sociedad civil sin comillas y el movimiento social.
Pero más lamentable es que todavía no termina el primer gobierno de la Cuarta Transformación y ya comenzó la disputa verbal entre los abogados y asesores de los padres de los 43 y el presidente para culparse mutuamente de lo que Rosales –el de las mascadas de colores chillantes– sostiene, que “el fracaso no está en las organizaciones de derechos humanos que han acompañado a los padres, sino en la búsqueda de soluciones por parte del gobierno federal”. O como jura un papá: “Porque es un fracaso lo que hizo (AMLO) sobre la búsqueda de nuestros muchachos”.
Pues no así, señores, el fracaso es de ambos, mejor dicho todavía, de todos, porque es evidente que se trató de un crimen de Estado, cometido bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo cual parece olvidarse. Y mientras los restos mortales de los jóvenes no sean encontrados y éste debiera ser el objetivo principal, que con frecuencia pareciera olvidarse, el fracaso imperará sobre la sociedad y el Estado mexicanos.
Dice Andrés Manuel López Obrador, y al parecer dice bien porque los crímenes de Estado no se cierran en forma definitiva, “Es un expediente abierto, nunca se va a cerrar, nosotros no lo vamos a cerrar”. Y enseguida algunos editores de La Jornada lo interpretaron a su manera y gusto, “que en su sexenio no podrá concluir la investigación del caso, a pesar de que uno de sus principales compromisos al asumir el gobierno fue llegar a la verdad por esos hechos y encontrar a los jóvenes desaparecidos”.
Todo parece indicar que también fue uno de los mayores desaciertos porque se privilegió hasta la desmesura el caso Ayotzinapa y no se atendió con el mismo ahínco a las decenas de miles de desaparecidos de 1964 a 2018. Suena horrible, pero como si hubiera desaparecidos de primera y de segunda.
Lo cierto es que urge que las partes actúen con mucha mayor madurez, menos inmediatismo y privilegien el interés general, la investigación y el diálogo responsable.
Fuente: Índice Político.
















