Por: Luis Ignacio Sáinz.
Es preciso reivindicar el juicio de los ciudadanos como defensa a la homogeneización de las conductas
La deliberación le permite al sujeto (individual o colectivo) plantearse un futuro como destino, mediante la decisión, entendida como intervención en el mundo. Así, el juicio tiende a identificarse con la razón práctica.
Si bien las posibilidades de actuación se presentan acotadas por el contexto social y sus circunstancias históricas; los seres humanos, en ese espacio-tiempo, son capaces de promover y materializar un sentido, en principio, propio y, después compartible por otros. En este proceso de “hacer historia”, que gravita en el yo expansivo de quien conoce y detona una praxis, se matizan las diferencias entre el interés que guía a la acción y el deseo.
Con sólo poner en movimiento la conciencia y sus resultados objetivos las acciones, los sujetos imponen una transformación al ordenamiento colectivo: de la representación a la participación. La emisión del juicio genera e impulsa la ciudadanización de lo político, o, en términos directos, la reapropiación civil de lo público. Pues no habría que olvidar la advertencia de Tomás Guillén Vera: “El Estado no se justifica en sí mismo. No es la razón de Estado lo que obliga a la racionalidad de la vida política, sino que es la razón como facultad autónoma y suprema la que obliga a la sociedad a la ordenación de su vida”.
El ser social resultaría proclive a la autorregulación, siempre y cuando se cumpliese el supuesto de su juicio racional y su intervención ordenada en los asuntos públicos, por encima de los valores hegemónicos y desactivando las diferencias mediante su incorporación real, así sea proporcional y limitada a determinados espacios, y su reconocimiento en el corpus normativo de la vida en común. La ley es incapaz de renunciar a su naturaleza coercitiva; por lo que, además, habría que modificar los mecanismos culturales de percepción de las alteridades para que las manifestaciones de lo diferente no sean “normalizadas” y constreñidas a la condición de curiosidades, transgresiones o enfermedades.
Como fundamento estructural se precisaría entonces, de una sociedad culta y educada, convencida de la funcionalidad de la organización meritocrática; que asuma la eticidad de la política como su cualidad específica. Una pretensión de este tipo recuerda los peligros anunciados por la fórmula de Montesquieu: “No es necesaria mucha probidad para que un gobierno monárquico o un gobierno despótico se mantengan o se sostengan. La fuerza de las leyes en uno, y el brazo del príncipe siempre levantado en otro, son suficientes para regular y ordenar todo. Pero en un estado social se precisa un resorte más: la virtud”.
Virtud entendida en un sentido republicano clásico (Cicerón) y no moral (Kant), es decir en tanto responsabilidad que proteja la libertad de los individuos y que sea beneficiosa para la colectividad. Subjetivación de la política que reivindica la facultad del juicio de los ciudadanos como una modalidad de defensa frente a la tecnificación contemporánea que reduce el gobierno de los hombres a la administración de los recursos, y que impone, además, una homogeneización de las conductas. Y vaya que nos hace falta virtud en la cosa pública, en los negocios privados, en los comportamientos ciudadanos.
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















