Por: Mario Luis Fuentes.
La semana pasada, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, expresó una desafortunada declaración relativa a la medición de la pobreza y su magnitud en nuestro país. En su visión de la realidad, en México hay muchos pobres porque los medimos de una manera distinta a lo que él denominó como “estándares internacionales”.
En esos “estándares”, la pobreza extrema se mide tomando como referencia un ingreso inferior a 1.25 dólares por día, mientras que la pobreza es entendida como la condición en que se perciben ingresos por debajo de 2.5 dólares diarios, es decir, alrededor de 42 pesos por día.
Los primeros esfuerzos desde el ámbito gubernamental que se dirigieron a medir la pobreza provienen del año 2000, y son relativos al año 1992; entonces se propuso definir una “línea de pobreza”, la cual evolucionaría a lo que hoy es denominado como “línea del bienestar”.
Al respecto es importante decir que ha costado muchos recursos y esfuerzos, en primer lugar, establecer en la ley la obligatoriedad de medir la pobreza de manera bienal y, en segundo término, construir la institucionalidad para que tal medición se lleve a cabo con autonomía y apegada a criterios científicos.
Por ello, la infortunada declaración del secretario obliga a preguntar si se trató sólo de un descuido, o si lo que está haciendo es mandar el mensaje de que la administración federal va en serio hacia una regresión en la forma en cómo se construyen estadísticas oficiales en nuestro país, sobre temas cruciales para el desarrollo presente y futuro.
Independientemente de lo anterior, hay quienes estamos convencidos de que sí es necesario abrir el debate en torno a cuáles son los estándares con que se mide el acceso al bienestar y el cumplimiento de los derechos de las personas. Lo anterior, bajo la premisa de que lo que no se ha discutido con suficiencia es cuáles son los estándares mínimos aceptables para garantizar el bienestar de las personas.
En tanto que vivimos en un Estado democrático de derecho, lo que debe privar en todo momento es el orden y el mandato constitucional, de tal forma que el rasero mínimo del cual debería partirse en toda medición relativa al bienestar es justamente el conjunto de derechos garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales.
Así, apelando a los “estándares internacionales” de la cuestión social, se ha dado un debate en la ONU en el cual se ha aceptado que conceptualmente es deseable que en las mediciones del bienestar se incluya el indicador relativo a la tasa de homicidios, como un indicador de violencia que permite dimensionar una de las aristas no consideradas en el país en la medición de la pobreza o del desarrollo humano. Esto, porque el debate en torno a la pobreza no puede estar desligado de las dimensiones asociadas a los océanos de desigualdad y violencia que nos dividen y confrontan.
En esa lógica, hacia lo que deberíamos avanzar; y será una de las tareas fundamentales del Coneval, en tanto órgano constitucional autónomo, de la mano con la CNDH, en cómo construir una metodología de medición que nos permita aproximarnos al ideal social irrenunciable que está plasmado en nuestra Constitución, es decir, deberíamos ser capaces de medir el grado de cumplimiento de los derechos humanos, y como un subproducto de esta medición debería plantearse la medición de la pobreza, de la marginación —otro concepto que debe revisarse— y del rezago social, como algunos de sus subproductos.
La medición del Coneval muestra que desde 1992 al 2014, la proporción de personas en pobreza, considerando sólo la variable del ingreso, es la misma, es decir, no tenemos muchos pobres porque se mida de tal o cual manera, sino porque tenemos un modelo de desarrollo incapaz de generar crecimiento con equidad. Y eso es lo que está pendiente de ser debatido con la profundidad que se necesita.
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Fuente: Excélsior.
















