Por: Margarita Ríos-Farjat.
“La ciudad existe”, escribió Aristóteles, “no sólo por la simple vida, sino por una vida mejor. La ciudad, en suma, es la comunidad de familias y municipios para una vida perfecta y autosuficiente, es decir, en nuestro concepto, para una vida bella y feliz”.
Si bien no se pueden saber los supuestos unánimes de una vida bella y feliz, el anhelo de lograrla goza de validez general.
Norberto Bobbio reflexionó al respecto y consideró que esa vida mejor (cualquiera que elijamos) sólo se logra a través de lo que para él es un fin mínimo de la política: el orden público. “Este fin es mínimo porque es la conditio sine qua non para la obtención de todos los demás fines”.
Pero es ignorante confundir orden público con policías; como también lo es creer que sólo es tarea del Estado.
Por eso el país está como está. Por eso los episodios tan macabros como el de Iguala hace unas semanas; los casi 200 cuerpos en fosas clandestinas que sumó San Fernando en 2011; los chavos de Torreón que terminarían la fiesta en baños de sangre, igual que los estudiantes de Villas de Salvárcar en 2011, cuando la explicación oficial era ya maniática: “Son ajustes de cuentas entre pandilleros”, se nos decía. Y luego se tenían que desdecir…
El Casino Royale y sus 52 muertos en 2011: impunidad federal, estatal y municipal; la mediocridad mortal que se llevó a 49 bebés de la Guardería ABC en 2009; los masacrados en Creel en 2008, que inauguraron una fase de terror que nos erizó la piel, pero a la que acabamos acostumbrándonos diabólicamente.
Cada conocido que sufrió un “levantón”, una extorsión, y que ahora le falta un dedo, vive fuera del país o ya no vive.
Cada uno de esos episodios cierra con el broche de oro de la impunidad. Razón de sobra (y razón de Estado) para que cada uno de los gobernadores y alcaldes de esas zonas renunciaran. Pero nos convencimos de que éstos son los “gajes del oficio” y a que cualquier crítica es “golpeteo” o diatriba izquierdizante.
Las renuncias no solucionan la raíz del problema y quizá lo puedan exacerbar. Pero la no-renuncia crea otro, peor a largo plazo: acostumbrarnos a lo impune, a no tener vergüenza, a que “hay otra realidad que la gente no entiende”. A un mundo de dobles morales y sentidos; a política echada a perder.
Esa política es resultado de los nocivos incentivos que en una suerte de delirio colectivo hemos dado a quienes a ello se dedican: dinero, fama, un halo de héroes, un estilo de vida farandulero e impunidad disponible. Toda clase de siniestras perfidias florece bajo ese riego.
Incentivamos lo indebido y desatendimos la cosa pública. Qué nos extraña ahora que las putrefacciones de nuestro sistema político alcancen dimensiones tan demenciales.
Por eso la renuncia de Ángel Aguirre como gobernador de Guerrero abonará ya muy poco a abatir la violencia ahí enquistada. Pero al menos nos librará del trago amargo y venenoso que representa que una situación de ese calibre no tenga consecuencias políticas.
Por higiene mental y cívica necesitamos saber qué pasó en Ayotzinapa, y qué realidad local y nacional refleja esto.
Necesitamos recuperar nuestra capacidad ya no digamos de asombro, sino de espanto. Necesitamos encontrar dónde está la parte de nosotros que dice “esto es inaceptable”, o sea, la conciencia social.
No hay espacio para el individualismo metodológico en las cuestiones sociales, es decir, para aquel que desdeña lo público y se centra en sí mismo siempre y todo el tiempo; no hay espacio para quien sólo busca maximizar sus beneficios mientras la tarea social la hacen otros.
La ecuación es simple: sin orden público nadie puede aspirar a una vida mejor. Si uno no participa en la vigilante construcción de ese orden, ¿no es vergonzoso hacerse de sus beneficios?
En el fondo, esos alejados de la cosa pública son sólo “free riders”, polizones sociales. Por más que se quieran ver muy ejecutivos ocupados sólo en sus negocios, que son privados (y que pueden hacer porque el orden público lo facilita).
Los apáticos permisivos nos cuestan tanto como los malos gobernantes porque debilitan el contrapeso social y se echa a perder ese orden público que necesitamos para una buena vida.
Para Aristóteles, los ciudadanos son quienes contribuyen al engrandecimiento y honorabilidad de las ciudades, no todos aquellos que simplemente viven o trabajan en ellas. ¿Cuántos ciudadanos hay en México?
Fuente: Reforma.
















