Por: Aurelio Ramos Méndez.
La cosa es clara y no admite atenuantes: Si un legislador incurre en actos de corrupción o conductas deshonestas, debe toparse de frente con la ley, no con un código de ética cuyo contenido equivale a un llamado a misa. De otro modo, será imposible sanear la vida parlamentaria.
Viene a cuento esta observación porque en la Cámara baja,
por iniciativa de la fracción mayoritaria (PRI), ya se negocia la integración de un comité para la elaboración de un Código de Ética y Conducta Parlamentaria, con la inocente finalidad de regular la actuación de los diputados federales.
Nuestros legisladores son duros de moralizar. Lo prueban la existencia en la congeladora del Congreso de por lo menos 30 iniciativas para crear desde una extravagante Ley Federal de Ética Parlamentaria hasta una comisión encargada de vigilar que diputados y senadores se rijan por principios básicos de educación, convivencia y apego a la legalidad.
Desde hace tres lustros se han dado, sin éxito, intentos de normar las acciones de los legisladores y procurar de estos un comportamiento ético. En la Legislatura en curso algunas bancadas —una de éstas la del Movimiento Ciudadano— han presentado vistosos códigos en esta materia, bien diseñados y mejor encuadernados, tan útiles como la aromaterapia para un canceroso.
Si el contenido del Código Penal no ha conseguido evitar capitulaciones éticas, transgresiones legales y hasta violaciones constitucionales de nuestros representantes populares, ¿alguien con sentido común puede creer que eso se logrará mediante un conjunto de candorosos consejos y peticiones de buen comportamiento, sin capacidad coercitiva?
La solución radica en los líderes de partidos y los coordinadores de bancadas, quienes no deberían proceder con lenidad ni consentir la más leve desviación de la conducta de sus copartidarios diputados y senadores.
Un repaso superficial de la nómina, sin embargo, hace abrigas escasas, si no es que nulas esperanzas. Ricardo Anaya, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Navarrete, César Camacho, Marko Cortés, Francisco Martínez Neri, por sólo mencionar algunos, están obligados a aplicar tolerancia cero; pero es remota la posibilidad de que eso suceda. Las biografías hablan.
No hace falta un análisis profundo para darse cuenta de que la corrupción en el Legislativo radica en parte en el dinero que se emplea en la actividad política. Si los diputados deben cubrir colosales costos de campañas y amortizar deudas en efectivo y en especie, es obvio que su función primordial será desvirtuada, la prioridad será recuperar la inversión y obtener alguna ganancia.
Tampoco se requiere ser pitoniso para prever el destino de las recomendaciones eventualmente emitidas por los comités de ética camerales: formarán altas pilas polvorientas en los escritorios de diputados y senadores, mientras estos se dedican, con alegre esmero y bien protegidos por el fuero, a toda suerte de negocios de difusa frontera con las actividades de cualquier cártel o grupo de delincuencia organizada.
Saben bien de tal inutilidad el experimentado Camacho Quiroz y Carolina Monroy del Mazo, promotores del punto de acuerdo aprobado por el pleno y turnado a comisiones para iniciar el jaloneo —nada ético— de la conformación del comité que confeccionará el inservible catecismo.
Ambos políticos saben que ni en sueños podría pensarse que los dictados del documento en preparación, o la sola sanción moral o social, inhibirán a quienes ven en la actividad legislativa un refugio en su trayectoria política o administrativa impresentable, o una patente de impunidad para ejercer desde las cámaras el tráfico de influencias en todas sus modalidades. ¿Cuáles? Por ejemplo, el cobro de derecho de piso a alcaldes. Porque eso y no otra cosa son los moches o comisiones por la gestión de presupuestos para programas públicos.
Pretender elaborar un código de ética para legisladores se antoja una aberración; ver el problema al revés. En un sistema sano a las elecciones son postulados los mejores; los más capaces, civilizados, probos; personas con arraigo popular, poseedores de una moral firme, ciudadanos con trabajo de base conocido, no advenedizos o pillos a quienes hay que empezar por enseñarles que —a despecho de lo que pensaba El Alazán Tostao, Gonzalo N. Santos—, la moral no es “un árbol que da moras”.
La solución a la falta de ética en las cámaras legislativas no está en los códigos, las leyes ni los comités camerales. Abundan reglamentos y normas para la actuación de los diputados y senadores, y tiempo hubo en el cual regían incluso disposiciones sobre el vestuario de los representantes populares. Lo que falta es voluntad para aplicar las normas existentes.
Cuesta trabajo, en cambio, creer que los citatorios de ministerios públicos o jueces, dirigidos a nuestro desafiantes y curtidos políticos pueden correr la misma suerte que las recomendaciones del código propuesto por la fracción del PRI y aceptadas con alborozo, a mano alzada, por la totalidad de grupos parlamentarios. De ahí la idea de aplicar con todo rigor la ley, en lugar de apostarle a un catálogo de buenos deseos.
Por lo pronto la constitución del comité ya ha sido aprobada y se halla para afinación en comisiones de estudio la integración del grupo de trabajo. De nuevo nuestros legisladores le han dado la razón al refrán: cuando se quiere solucionar un problema, simplemente se le soluciona; cuando no, se nombra una comisión.
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Fuente: Crónica.
















