Por: José Fernández Santillán.
Se necesitaban 120 mil firmas para que la llamada Ley 3de3 pudiera entrar al Senado de la República e iniciar el proceso legislativo correspondiente. Cuando los promotores de esta iniciativa, principalmente, Juan Pardinas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Eduardo Bohórquez de Transparencia Internacional (TI),
se presentaron el 17 de marzo ante esa instancia del Estado mexicano, había 291,467 rúbricas de ciudadanos en 14 cajas. Todo un récord establecido desde la sociedad civil e instituciones académicas en contra de la corrupción.
Al hacer uso de la palabra Bohórquez dijo: “Cientos de miles de ciudadanos evaluaremos el compromiso real de cada uno de los integrantes del Senado de la República y la Cámara de Diputados frente al desafío de la corrupción y la impunidad. El debate y la resolución legislativa de la iniciativa de ley 3de3 permitirán comprobar si las iniciativas ciudadanas son un instrumento para incrementar la confianza hacia los políticos o para profundizar la actual crisis de credibilidad”.
Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, por su parte, señaló: “Lo decimos con toda claridad: no vamos a descafeinar ninguna reforma constitucional, el marco está determinado ya en la Constitución y lo que toca ahora es hacer buenas leyes para dar condiciones de eficacia para la prevención y sobre todo para la sanción de todo tipo de actos de corrupción…Vamos a trabajar de la mano con las organizaciones, para darle a México la mejor institucionalidad para combatir la corrupción”.
Buena amalgama entre el poder Legislativo y la sociedad civil. Apertura, diálogo y disposición a colaborar en la lucha contra uno de los males endémicos que azotan a la nación. Poco a poco, se está creando un espacio público de convergencia entre el Estado y la ciudadanía organizada para abordar un tema que no por ser antiguo es menos apremiante.
Jürgen Habermas lo dijo bien en su libro The Structural Transformation of the Public Sphere, (Cambridge, Massachusett, MIT Press, 1991, pp. 65-66) una de las claves del proceso de formación de la moderna esfera pública es el encuentro entre el parlamento y las demandas civiles. Que la opinión pública encuentre eco en los órganos de representación popular. Es el sistema de mediaciones que Hegel juzgó fundamental para la estabilidad política.
Sea como fuere, el paso en el que ahora está el procedimiento iniciado hace dos semanas consiste en que el Instituto Nacional Electoral (INE) haga la compulsa necesaria para verificar que las firmas sean auténticas. Luego de lo cual, si todo está en regla, la iniciativa podrá ser discutida y, en su caso, aprobada. De ser así, esta disposición jurídica entraría a formar parte de las leyes secundarias en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno deberán presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. La norma en ciernes establece sanciones a los servidores públicos que no cumplan con esta exigencia. Cuando haya suficientes evidencias de haber procedido de manera incorrecta en el manejo de los bienes públicos; pero, además, también fija castigos para aquellos particulares que incurran, fomenten o solapen actos de corrupción.
Las conductas tipificadas como actos de corrupción son las siguientes: desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, uso ilegal de información falsa o confidencial, soborno, colusión, nepotismo y conspiración.
Queda por ver quiénes serán “los sujetos obligados”; o sea, las personas que deberán presentar esas 3 declaraciones: solo y exclusivamente los funcionarios públicos o también, por ejemplo, los líderes sindicales, los dirigentes de partidos políticos e, incluso, eventualmente, miembros de la iniciativa privada que tienen contratos o algún tipo de interés o vínculo con el gobierno.
Lo positivo de esta experiencia de movilización ha sido la amplia red que se ha establecido entre una multitud de ciudadanos y organizaciones sinceramente comprometidos con la transparencia y la democracia en nuestro país. Es evidente que en este proceso la inmensa mayoría de los participantes han actuado de buena fe.
Aquello en lo que debemos tener cuidado es en los “colados”; es decir, en los que aprovechan cualquier oportunidad para “salir en la foto”. Son personajes de la farándula política y la “comentocracia”, hábiles en el manejo mediático. Suelen sacar raja del trabajo ajeno para lucro personal. No sólo en la política, sino también en la sociedad civil hay demagogos y demagogas. No hicieron mayor esfuerzo que echar dos o tres telefonazos, maquillarse y trasladarse al escenario. Otros, en cambio, trabajaron a brazo partido; son héroes anónimos a los que debemos rendir homenaje por esta tarea titánica de recabar tantas y tantas firmas.
Con todo y lo que significa este logro debemos ser conscientes de los límites y alcances de la ley 3de3. Pongamos por caso que personajes como Marcelo Ebrard, Guillermo Padrés o Javier Duarte hoy presentan sus tres declaraciones post factum. ¿Qué hacemos con ellos? Así como está diseñada no los alcanza. En consecuencia, el siguiente paso es idear una fórmula para atrapar a estos peces gordos.
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Fuente: Cronica.
















