Por: Ana Laura Magaloni Kerpel.
El pasado jueves, en el mensaje a la nación del presidente Enrique Peña Nieto, habló de la relevancia de atender la demanda de justicia insatisfecha. En concreto, señaló que existe una justicia olvidada, la justicia cotidiana, a la que se enfrentan los ciudadanos ordinarios de nuestro país. Dio varios ejemplos: la mujer a la que le niegan el divorcio,
el trabajador al que no le pagan su sueldo, el acreedor que no puede cobrar una deuda, el propietario al que no le pagan la renta. En todo este tipo de asuntos, el Presidente destacó que los procesos judiciales son lentos, complejos y costosos, lo que los hace inaccesibles para muchos. Solicitó al director general del CIDE, Sergio López Allyón, que organice foros y mesas de discusión con especialistas para que en 90 días exista un conjunto de propuestas para solucionar estos problemas. En la próxima legislatura, el Presidente piensa impulsar una agenda amplia de reformas legales para mejorar la justicia cotidiana.
Me dio mucho gusto escuchar al Presidente hablar de un problema que era prácticamente invisible para la agenda pública. La justicia olvidada es quizá una de las mayores asignaturas pendientes de la gobernabilidad democrática de nuestro país.
Nuestra crisis de gobernabilidad nos habla de la baja capacidad del Estado mexicano para gestionar la conflictividad social en un contexto democrático. Durante nuestro pasado autoritario, la administración y pacificación de conflictos se hizo por mecanismos que no tenían que ver propiamente con las instituciones legales. Tales mecanismos estaban centrados en la capacidad discrecional de las autoridades para administrar los premios y castigos políticos, económicos y legales. Las instituciones de justicia siempre estuvieron en la periferia.
El contexto cambió. La pluralidad democrática y la descentralización del poder hacen que tengan que ser las instituciones de justicia el centro gravitacional de la gestión y pacificación de la conflictividad social. Sin embargo, los procesos judiciales en México no fueron pensados para una sociedad de las características de la nuestra. Un buen ejemplo de ello es lo que sucede con el Juicio Ejecutivo Mercantil. A nivel normativo este proceso judicial está diseñado con tal nivel de complejidad procesal que no es posible intentar cobrar una deuda sin contratar un abogado. Ello sería razonable si estuviesen en juego grandes sumas de dinero. Sin embargo, según un estudio elaborado por el CIDE y el Banco Mundial, en el año 2000, 50% de los juicios mercantiles en el DF reclamaban sumas inferiores a 30 mil pesos. Asuntos de esa cuantía tendrían que resolverse en una sola audiencia oral, sin necesidad de un abogado y con una sentencia expedita y pragmática. Es decir, el mecanismo de solución de un conflicto de cobro de deudas no tiene nada que ver con las necesidades de al menos la mitad de los usuarios del sistema, ya ni se diga de la mayoría de la población. Los ejemplos de este desfase entre la oferta y la demanda de justicia son muchísimos.
¿Cómo queremos vivir en paz si el sistema de justicia no puede hacerse cargo de una buena parte de la conflictividad social? Para muchos, muchísimos, mexicanos las instituciones de justicia son inaccesibles e irrelevantes. Pocos tienen el dinero para contratar a un abogado y acceder a un tribunal. Además, una vez accediendo a un juez, los procesos son barrocos, oscuros e inciertos. Ello hace que las instituciones de justicia tengan un bajo impacto en la pacificación de los conflictos sociales más recurrentes.
Sin acceso a la justicia, el orden social es muy autoritario y vertical. En muchos municipios, barrios y colonias de México lo que opera es la ley del más fuerte. El que tenga la fuerza, la influencia o el dinero se impone sobre el otro. El abuso y la indefensión son la regla. La violencia siempre está latente.
Sacar de la penumbra a la justicia olvidada como lo hizo ayer el Presidente es buscar construir los nuevos asideros de gobernabilidad democrática. Se trata de pasar de un viejo y obsoleto sistema de gestión de conflictos de carácter político a uno en el que sean las instituciones legales y las normas jurídicas la forma de dirimir y pacificar nuestras diferencias. El impacto que ello puede tener en nuestra vida colectiva es enorme.
Fuente: Reforma.
















