Por: Luis F. Aguilar.
Cada generación tiene su problema, intenta darle una respuesta y su respuesta fabrica bien o mal el futuro del país. El 2 de octubre de hace 45 años parece haber sido la primera respuesta de una generación al problema que representaba el agotamiento del sistema político posrevolucionario, cuya cerrazón y rigidez lo llevaba a reprimir cualquier posición política diferente, llegando a violencia y muerte.
El problema de nuestra generación ya no es la rigidez autoritaria sino la dificultad directiva de la autoridad democrática, por lo menos en dos frentes: en el de la relación entre gobierno y sociedad y en el de la relación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales. Debemos encontrar respuesta a este problema crucial para el futuro del país y de la democracia misma. Un tercer problema es el de la relación entre el Estado y el mercado, cuestión que se replantea hoy en la reforma energética y que indigesta a políticos, a numerosos intelectuales y a un gran público mexicano, estatistamente socializado por un siglo, que no ven sino males en las transacciones del mercado.
Si tratamos de penetrar dentro de los nubarrones de la coyuntura política de estos meses, entre marchas, plantones, pronunciamientos tremendistas, inconformidades contra las reformas, sufrimientos y destrucciones por fenómenos naturales, lo que descubrimos es que nuestro sistema democrático tiene una falla estructural en las relaciones entre Estado y sociedad y en las relaciones entre los gobiernos. La primera falla queda manifiesta en la tensión interminable que tiene lugar entre el gobierno y un sector del sindicato de maestros (por llamar así a los de la CNTE). La segunda falla se muestra en la incoordinación entre nuestros gobiernos, visible desde antes en otros problemas, como el de la seguridad, y ahora en ocasión de Manuel e Ingrid, con una presidencia activista ante el rebasamiento de los gobiernos locales.
La primera falla se ubica en lo que se llama “mediación política”, “intermediación política”, que consiste en las actividades de interlocución, intercambio, negociación con el gobierno que realizan determinados actores representativos de ciertos grupos sociales para defender y favorecer sus intereses particulares, pero que son inteligentes y los colocan en el marco del interés general de la sociedad, sin sacrificarlos pero sin generar conflictos inmanejables con el gobierno y otros grupos sociales, que harían naufragar sus demandas. En el siglo XX las dos formas establecidas de mediación política en el sistema democrático fueron el “pluralismo” de los grupos de interés, de formato más bien competitivo entre ellos y de ellos con el gobierno, y el “neo-corporativismo” (corporativismo social), de formato más cooperativo entre los grupos y entre éstos y el gobierno.
En nuestra democracia naciente no hemos aún construido los nuevos canales de mediación política de los intereses particulares en varios asuntos de interés público. Se rompieron los vínculos del corporativismo estatista del pasado autoritario, que disponía de una amplia autonomía decisoria respecto de los grupos de interés, los ablandaba con prestaciones, los subordinaba, y establecía por sí mismo lo que consideraba era el interés nacional. Pero en este momento no sabemos cuáles son los canales para equilibrar los intereses particulares con el interés general. Mientras no se cree el nuevo formato de relación entre gobierno y sociedad, será natural que la política, la economía, la educación se vuelvan terrenos sacudidos por sismos y aluviones. Para empezar a encontrar una pista de respuesta, el gobierno deberá abandonar sus tics autoritarios de seguir tomando decisiones sin consulta y conversación con los grupos de interés afectados, y éstos deberán reconocer que sus viejos tiempos corporativos de suntuosos contratos colectivos no se compaginan ya con las condiciones y desafíos del país. No es de utilidad social ni un gobierno reformista, que cree que mantiene aún todo el poder y decide cupularmente las reformas por cuenta propia, ni tampoco lo son sindicatos, empresas, asociaciones populares que solo se mueven del lado de la demanda, reclamando bienes y servicios al gobierno, sin ofrecer nada o poquísimo a cambio para beneficio de la sociedad.
La segunda falla concierne a la relación intergubernamental. Las polémicas entre la Secretaría de Gobernación y los gobiernos locales, acusándose de negligencias en ocasión de los desastres en varios estados del Pacífico y del Golfo, provocados por las lluvias torrenciales, muestran lo improductivo que es el actual desarreglo entre nuestros gobiernos sin suficiente concurrencia, coordinación y cooperación. Los asuntos públicos hoy más decisivos para la seguridad y la calidad de nuestra vida personal y asociada, sean desastres u oportunidades de desarrollo, son asuntos transterritoriales que para su tratamiento exitoso exigen gobiernos interterritoriales, intergubernamentales, no gobiernos encerrados en las atribuciones de su perímetro territorial que es chico, muy chico, para la escala y complejidad de los nuevos problemas públicos que rebasan municipios, estados y aun la nación misma.
Fuente: Reforma.
















