Por: Vicente Bello.
Quitar el fuero al presidente de la República es como el comienzo del desmantelamiento del sistema político priísta. Un sistema que enfrenta con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador la amenaza más seria de demolición de toda su historia. El jueves 19 de abril de 2018, en la tribuna de la Cámara de Diputados, el PAN, se posicionaba así, en voz de José Hernán Cortés Berumen:
“Hoy se pone a consideración el dictamen que sin duda será la iniciativa más emblemática de esta legislatura, por fin el presidente de la República deja de ser intocable, por fin se incluye para que sea motivo de juicio político, por fin se escucha el clamor ciudadano de la eliminación del fuero de todos los servidores públicos, del cual lo gozaban y que estaban protegidos y resguardados en el artículo 111 constitucional. Sin duda esta será, repito, la iniciativa más emblemática de
esta legislatura”.
Cortés Berumen, matrero hasta las cachas, se echaba incienso solo. Democratizar la vida del país no era en realidad la motivación del PAN para acabar con el fuero, sino colocar al próximo presidente de México –y muchos panistas creen que será Andrés Manuel López Obrador- en situación de vulnerabilidad jurídica.
El legislador panista insistió: “Si hablamos de que alguno de los candidatos pueda estarse atribuyendo que es por iniciativa, por solicitud o por sugerencia de él, que pueda estar sucediendo en este sentido, pues la pregunta sería, ¿por qué hasta ahora tuvieron voluntad?
“Porque desde hace más de 20 años Acción Nacional ya había presentado iniciativas para que fuera el presidente de la República sujeto de juicio político, y muestra de ello es que el 21 de octubre de 1998 se presentó senda iniciativa en
este sentido.
“El 7 de noviembre de 2002 se presenta también por parte de Acción Nacional una iniciativa para la eliminación del fuero. Es decir, que quede muy claro, incluso Acción Nacional estaba pidiendo la desaparición del fuero mucho antes que muchos de los partidos que hoy se ven representados aquí, que incluso hubieran existido”.
La hipocresía del Panista es majadera: En 2002, el PAN ostentaba la presidencia de la República. Y tenía en el Congreso una de las mayorías más grandes de su historia legislativa. ¿Por qué entre ese partido y el presidente Fox no la promovieron?
Pero el PRI no se quedaba atrás. En voz de Braulio Mario Guerra Urbiola, hubo dicho: “En este tiempo, en el siglo XXI, el fuero representa una clara distorsión de nuestra democracia y del ejercicio del poder público”.
Guerra Urbiola pertenece a la 63 Legislatura, una de las dos más abyectas con el presidente de la República y de las más nefastas para el pueblo de México, desde los tiempos de la Revolución Mexicana.
El diputado federal priísta agregó: “Así como hoy en nuestra generación no podemos concebir que durante el siglo XX las mujeres no tuvieron derecho a su voz y al voto. Así como en el siglo XIX no podemos concebir que existieren personas sujetas a la esclavitud, las próximas generaciones a mediados de este siglo XXI no podrán comprender que en este, en nuestro tiempo, existieren privilegios para los servidores públicos que los diferenciaren de cualquier ciudadano”.
¿Se atrevía este priísta hablar de este modo cuando ellos, los diputados de ese partido junto con el presidente Enrique Peña Nieto, han constituido uno de los sectores de la clase política nacional más corruptos e impunes de toda la historia de México?
Y no era todo, porque se atrevió a más: “Por eso, el grupo parlamentario del PRI va de la mano con sus principios y con sus ideas, para que no exista ningún otro privilegio en este país, más que el de ser mexicanos. Por ello mismo esto representa, en el juicio de procedencia y en el fuero, una discordancia con nuestro tiempo”.
Inaudito. El priísta dijo también: “Se avanza en el combate a la corrupción a pasos agigantados. Al presidente de México solamente se le podía juzgar por traición a la patria, que es un concepto muy amplio, o ya fuera por delitos del fuero común, de naturaleza grave.
“Hoy, desde la punta de la pirámide del organigrama político de nuestro país, hasta la posición más humilde del servicio público, todos tenemos y tendremos que dar la cara y ajustarnos a la ley. Ser vinculados a proceso si faltamos a ella y también ser apresados o encarcelados, si fuera el caso que existiere una condena o una sentencia ejecutoriada”.
No será, sin embargo, una ley que se aplique en el último tramo del sexenio, a pesar de lo que decía el diputado federal priísta. Porque si la ley entrase en vigor antes de que termine el sexenio de Peña Nieto, entonces el actual presidente de la República quedaría al alcance del brazo justiciero
de la reforma.
Peña Nieto podría entonces ser sometido a enjuiciamiento penal por corrupción, el delito que más escuece a los mexicanos en este sexenio. Nunca antes en toda la historia del país se había tenido un presidente con números tan rojos sobre la corrupción como los tiene Enrique Peña Nieto.
Entonces fue el turno del PRD, que en voz de Francisco Martínez Neri intentaba recomponer la maltrecha figura, al menos en el discurso. “Esta es la consecuencia de una lucha histórica de millones de mexicanos que piden justicia sin cortapisas ni privilegios”.
Y la turnaban al Senado, adonde continuará el proceso legislativo. Veremos.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















