Por: Vicente Bello.
El jueves comenzará el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer, y último, año de la 63 Legislatura. Ésta, que será una de las elecciones presidenciales más competidas de la historia nacional, coloca sin duda al Congreso de la Unión en situación comprometidísima con la función del control político.
Diputados federales y senadores tienen dos funciones básicas: hacer leyes y servir de contrapeso al ejercicio del poder público. ¿Cuál es la más importante?
La función de control político es la número Uno, a pesar de que quienes ostentan el poder público máximo del país, la de la presidencia de la República, han considerado a la función legislativa como la más importante, la primigenia, la esencial.
Es común que la gente crea que el Congreso está hecho para hacer leyes. Sí. Pero antes de esto, la función de los diputados y senadores es servir de contrapeso constitucional. ¿Lo hacen? No, desafortunadamente para la vida de la nación.
La mayoría de los diputados y senadores están convertidos desde hace muchas legislaturas en unos alcahuetes de marca mayor. O peor aún: en serviles, en peones de quienes ejercen el Poder Ejecutivo.
Particularmente en este sexenio, en que regresó el PRI a la presidencia de la República, las dos Cámaras del Congreso General se han transfigurado en oficinas de resello del titular del Ejecutivo Federal.
Algo así como Oficialías de Partes, en donde se reciben iniciativas de reformas de leyes que previamente han sido negociadas en los territorios del Ejecutivo Federal.
En cada comienzo de periodo ordinario, los grupos parlamentarios suelen reunirse en asambleas plenarias para pergeñar sus respectivas agendas legislativas, que no son más que propuestas de iniciativas de leyes que estarían proponiendo como materia prima legislativa.
Hay leyes que dictaminan en comisiones; pero hay otras que ni siquiera las ven los legisladores, porque son negociadas en la presidencia de la República, lo mismo con los presidentes de los partidos políticos o con los gobernadores o incluso con empresarios, o con representantes de poderes fácticos como ya lo son en México las trasnacionales petroleras.
Hay legisladores de la oposición como Layda Sansores y Manuel Bartlett Díaz que afirman, denuncian, que la presidencia de Enrique Peña Nieto ha acatado –ni siquiera negociado- órdenes del gobierno de los Estados Unidos para reformar leyes sensibles en México.
La reforma petrolera es la más vista de todas ellas. Se reformó el 27 constitucional a sabiendas de que no le convenía absolutamente a México. Y con el señuelo de que las gasolinas y el diésel bajarían su precio, los diputados y senadores del PRI, PAN, Panal y Pvem se pusieron a engañar, a mentir a la población diciendo que tan pronto se permitiera la participación de petroleras extranjeras en la exploración y extracción de crudo en el Golfo, los combustibles serán más baratos.
La expectativa de quienes todavía creyeron en esos partidos políticos fue lo suficientemente grande como para detener cualesquier movilización social. Claro que incluyó el hecho de que los partidos opositores tampoco hicieron nada por reclamar en las calles.
Por ejemplo, el movimiento político que ahora lidera Andrés Manuel López Obrador decidió no salir a la calle y esperar la contienda electoral de 2018, para reclamar y echar para atrás la reforma energética.
Una reforma que, por cierto, ahora que ha comenzado la pugna electoral por la presidencia de la República, no ha sido objeto de comentarios en el sentido de echarla para atrás, como la oposición decía en 2014 y 2015 de que se trabajaría en las elecciones para que eso ocurra.
LEYES ANTICORRUPCIÓN
La corrupción comenzó a figurar como el tema central de los precandidatos, incluido el del PRI. José Antonio Meade Kuribreña propuso la semana pasada una iniciativa de combate a la corrupción que el partido Morena criticó, diciendo que ellos ya la habían presentado desde hace dos años.
Ricardo Anaya habla de combatir la corrupción cada que se acuerda. No lo hacía el panista, como tampoco el priísta.
Evidentemente, lo que pretenden es derribarle la bandera anticorrupción que ha enarbolado desde siempre el precandidato Andrés Manuel López Obrador.
Al priísta y al panista la realidad los hace ver como unos hipócritas y oportunistas, cuya pretensión no es propiamente combatir la corrupción sino engañar a la gente, confundirla, para desflemarle el discurso al tabasqueño de Morena, que ha prometido que tan luego llegue a la presidencia de la República combatirá la corrupción hasta el punto de acabarla en todo el país.
El Congreso mexicano tendrá que lidiar con estar iniciativas, durante el periodo ordinario que a punto está de comenzar.
Ayer, por ciento, López Obrador lanzó otro buscapié al Congreso: anunció que a través de su partido propondrá una reforma al artículo 108 constitucional para que pueda ser juzgado el presidente de la República en funciones, por los delitos de corrupción y de violación de derechos políticos electorales.
Cuando llegue la iniciativa pondrá a tragar aceite al PRI, al PAN y al PVEM, los partidos que en la etapa reciente de la vida política nacional se han beneficiado de su permanencia en la presidencia de México.
Tendrán que posicionarse los partidos políticos, aunque no la dictaminen. Con estos temas la oposición busca echar mano del debate político, herramienta básica de la función de control político.
El jueves próximo, los grupos parlamentarios deberán presentar sus respectivas agendas legislativas. Veremos cómo abordan el tema de la corrupción en México y cómo, también, querrán asumir la función de control político, durante este periodo electoral tan esperado en el país.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















