Por: Luis F. Aguilar.
Existimos en forma de Estado para poder estar juntos, convivir en paz y realizarnos, pero el Estado no estará para siempre con las mismas normas y con la misma forma organizativa y de dirección que ahora tiene. El Estado es una forma de organización de la sociedad, históricamente producida, que modifica su organización interna y su rol directivo en correspondencia con los cambios que tienen lugar en la economía,
el conocimiento y el ethos de la sociedad. El Estado social del siglo XX se dio de una forma diferente a la del Estado absolutista y a la del liberal. Muchos de los elementos del Estado que hoy consideramos constitutivos dejarán probablemente de serlo en el futuro, como su territorialidad, su referencia a una nacionalidad específica, su rol de conductor soberano de la sociedad y de benefactor universal. Los atributos y actividades del Estado están en cambio y cambiarán aún más a medida que se profundice la globalización de la economía, de la ciencia y la tecnología, de la comunicación y la cultura, y a medida que crezca la autonomía de las personas y las organizaciones sociales en la definición y realización de sus proyectos de vida. Dos movimientos en curso, imparables, que están transformando el ordenamiento de la sociedad y las relaciones de la sociedad con el Estado.
El cambio de la forma institucional y administrativa del Estado es notorio. Los últimos 30 años muestran que el Estado ha pasado de ser una organización totalitaria o autoritaria a una democrática y sujeta a las leyes, de dirigente soberano de la sociedad a dirigente que hoy no puede conducirla más que en forma concertada, asociada y cooperativa, de interventor en la economía a activador de la misma, de propietario de todos los recursos a estratega de su aprovechamiento, de nacionalista y territorial a miembro de formaciones políticas multiestatales y regímenes internacionales, de paternalista y populista a exigir la corresponsabilidad de los ciudadanos en la solución de sus problemas e incapacidades. En contraste, los Estados que siguen fijos en su viejo formato de sobrerregulación, obesidad burocrática, propiedad pública extensa y omnipresencia administrativa y, por ende, de fiscalización superabundante, crean más problemas que soluciones. Los ejemplos sobran.
Sin embargo, no solo en México hay sectores conservadores que pugnan por que el Estado permanezca con el formato que se dio tiempo atrás, aun si su arreglo institucional y administrativo sea en muchos asuntos innecesario, pesado, costoso, inefectivo. Las reformas en curso, particularmente la energética, muestra un país dividido entre los conservadores del formato estatal del pasado, que paradójica o lógicamente se encuentran en la izquierda, y los reformistas, los progresistas, que están fuera de la izquierda y que no comparten sus diagnósticos, argumentos y propuestas, aun si comparten sus preocupaciones y propósitos.
Tiene sentido la preocupación de la izquierda cuando señala que la reforma energética, al incorporar el financiamiento y la tecnología que el Estado no tiene y que está en posesión de las corporaciones privadas y, por ende, al requerir asociaciones de utilidad compartida con ellas o al otorgarles concesiones, podría abrir la puerta a que los poderes económicos (nacionales o extranjeros) se apoderen del Estado, a que se debilite la autonomía decisoria de la nación en asuntos de su interés vital y a que se incremente la corrupción en las licitaciones y contratos por favoritismo político o por tentadoras oportunidades de enriquecimiento… Hay que decir que estos riesgos existen pero no son fatales, pueden ser controlados mediante una regulación inteligente y mediante la vigilancia que el sistema político democrático, plural, independiente y exigente, puede y debe ejercer sobre la conducción de la empresa pública.
En nuestra forma actual de Estado democrático y de Estado de Derecho en construcción no todo está dominado por el Poder Ejecutivo, que es en última instancia el presidente corporativo de Pemex o de la CFE. El Poder Judicial y el Poder Legislativo son actualmente activos, independientes, exigentes y deben serlo en los asuntos nacionales fundamentales. La Presidencia ya no representa la última palabra ni es la instancia de dominio apabullante de la dirección del Estado. Sería de temerse lo que la izquierda teme si el Estado mexicano estuviera a merced de una Presidencia incuestionada y sin controles en sus decisiones, aunque sea progresista. Ya no es así.
Fuente: Reforma.
















