Por: Gilberto Nieto Aguilar.
La pregunta que en el tiempo ha sido formulada sobre cómo se construye una sociedad justa, ha encontrado una variedad de respuestas desde las que se han elaborado un conjunto de teorías que intentan explicar cómo los criterios sostenidos por unos y otros expertos toman forma en el desempeño y comportamiento de la estructura básica de la sociedad.
Robert Nozick, en Anarquía, Estado y utopía, considera indiscutible que los individuos tienen derechos, pero no puede dejarse de lado que también contraen obligaciones en el ejercicio de la ciudadanía. Hay cosas que a ninguna persona o grupo está permitido hacer al reclamar supuestas violaciones a su esfera jurídica personal, como es la acción de atropellar y agraviar derechos de terceros.
Una frase popular lo define: el derecho de unos termina cuando comienza el de otros, pues el entramado legislativo pretende construir y preservar una sociedad justa dentro de un estado de derecho y con una aplicabilidad legal que garantice la certeza jurídica. ¿Qué es, entonces, lo que las teorías de la justicia regulan? Según el profesor noruego Jon Elster una primera respuesta aproximada es: el sistema de libertades y obligaciones y la distribución de los ingresos. Con diversos enfoques, varias de las teorías coincide con este planteamiento.
Es necesario aclarar –dice José Francisco Caballero– que al hablar de la distribución de los ingresos nos referimos tanto a la distribución directa de los impuestos, transferencias y subsidios, como a la distribución de los ingresos que se generan por los recursos productivos o los que se fundan en el consumo de artículos o bienes personales (bienes materiales, servicios, respeto por uno mismo, bienestar, conocimiento, salud, aptitudes mentales o físicas, etcétera).
John Rawls, en su obra Teoría de la Justicia, plantea que el objetivo es combatir y superar el utilitarismo y propone la idea de que cuando las instituciones más importantes de la sociedad están dispuestas de tal modo que obtienen el mayor equilibrio neto de satisfacción distribuido entre todos los individuos pertenecientes a ella, entonces la sociedad está correctamente ordenada y es justa.
Rawls se propone jugar un papel esclarecedor, crítico y orientador de nuestro sentido de justicia. El sentido de justicia es definido como la capacidad moral que tenemos para juzgar cosas como justas, apoyar esos juicios en razones, actuar de acuerdo con ellos y desear que otros actúen de igual modo. Para Rawls, la sociedad es una asociación más o menos autosuficiente de personas que en sus relaciones reconocen ciertas reglas de conducta como obligatorias y que en su mayoría actúan de acuerdo con ellas.
Una sociedad no justa ocasiona de continuo disturbios y protestas. El problema suele darse cuando aquellos que protestan actúan como si sólo su punto de vista y su problema importaran por sobre la sociedad en que viven, alterando notablemente el Estado de Derecho. Entonces se convierte en una perturbación de la vida pública y una relajación de la autoridad que puede llevar al caos como orden jurídico. Cabe preguntarnos: ¿Qué espacio dejan al Estado los derechos individuales? La naturaleza del Estado, sus funciones legítimas y sus justificaciones, si las hay, constituyen una amplia y múltiple variedad de asuntos que se entrelazan para tratar de entender esta cuestión.
El gobierno debe dejar espacios efectivos de consulta para conocer la opinión de los gobernados, sobre todo cuando el poder legislativo no tiene una cultura política de responder a los intereses del ciudadano elector. En un sistema autoritario el gobierno recurre al choque frontal o a la guerra entre contrarios, recurso muy socorrido utilizado desde las invasiones romanas para ampliar su imperio, bajo la frase de “divide y vencerás”.
Los sublevados son entonces manipulados hacia fines muy distintos a la intención que los mueve en la protesta inicial, con el peligro de que sus acciones salgan de control de todos los implicados y la revuelta alcance grandes proporciones, caiga en la anarquía irracional y provoque un desorden político, un conflicto institucional o una crisis social que lleve a la ingobernabilidad.
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