Por: Isidro H. Cisneros.
Los excesivos dineros de que dispone nuestro sistema político-electoral obligan a reflexionar sobre los financiamientos públicos a la política. El Instituto Nacional Electoral ejercerá en 2017 un presupuesto de más de 11 mil millones de pesos, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dispondrá de más de 3 mil millones. Frente a estos números el dilema ético que se presenta es:
¿cómo México, un país con grandes necesidades económicas y graves problemas sociales y en plena recesión, puede darse el lujo de invertir tantos recursos en la política? Actualmente, la relación entre dinero y política representa una de las cuestiones más importantes para el correcto funcionamiento de los sistemas democráticos.
Las soluciones adoptadas por otros países se inspiran en dos concepciones. La primera enfatiza el rol del financiamiento privado y es la “concepción liberal”; mientras que la segunda acentúa el papel del financiamiento público y representa el “enfoque estatalista”. La ventaja que tiene la solución liberal es que deja a los ciudadanos la libertad de financiar a las fuerzas políticas de su preferencia. La desventaja es que si no se imponen correctivos, como límites a las contribuciones privadas y para los gastos electorales, la solución liberal puede acrecentar mucho la influencia política de quienes tienen recursos respecto a quienes no los tienen. La ventaja que tiene la solución estatalista es que reduce, al menos teóricamente, el peso de la desigualdad de los recursos. Pero sus desventajas son más numerosas ya que estataliza a los partidos, obliga a los contribuyentes a financiar con sus impuestos incluso a los partidos que detesta, desestimula la cultura ciudadana de apoyar económicamente las diferentes propuestas políticas lo cual es, en muchos países, una importante forma de participación cívica, y finalmente, crea al interior de los partidos, fuertes e invisibles centros de poder que controlan los recursos y que los utilizan tanto para imponer su hegemonía al interior de la organización como para competir contra otros partidos.
El financiamiento de la política representa una realidad de los estados contemporáneos y además un problema para los sistemas democráticos. Resulta inevitable en las sociedades complejas de nuestros días que el dinero se inserte en el proceso político. En México diversos son los problemas que una política democrática plantea en materia de su financiamiento público. Uno es el relativo al cómo frenar el crecimiento continuo del costo de la política que resulta excesivo. Otro es cómo impedir que el dinero perjudique el libre juego democrático garantizando igualdad de oportunidades para todos los competidores políticos. Es claro que urgen mayores controles ciudadanos sobre el uso de los dineros públicos, estableciendo vías para su drástica disminución. Una concepción realista reconoce que la política y, sobre todo, la política democrática cuestan y que este costo corre por cuenta de los contribuyentes. Además, para que la política funcione correctamente, marginando sobre todo la invasión del “dinero interesado”, no bastan las reglamentaciones jurídicas y ni siquiera los controles institucionales, sino que se requiere una redefinición de nuestro modelo de democracia que acerque más los ciudadanos a la política.
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Fuente: Crónica.
















