Por: Gilberto Nieto Aguilar.
XALAPA, VER.- Intentamos saber en dónde estamos en materia educativa, qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer y cómo enfrentamos la reforma educativa actual que, al igual que las anteriores, tiene que luchar contra una serie de resistencias. La historia moderna de las reformas a la educación secundaria arranca en 1993,
con una visión transexenal. Además de la reforma curricular se inició un programa de estímulo económico a través de la evaluación docente y del alumno que, sin ser obligatoria, introdujo al magisterio en la cultura de la evaluación externa.
Poco antes se había creado la figura del Jefe de Enseñanza por especialidad que comenzó a darle al docente la idea de que “su clase” no era tan privada ni tampoco intocable. Los elementos pedagógicos implementados bajo la reforma de 1993 llevan al maestro al constructivismo y el desarrollo de habilidades, cuidando el equilibrio de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
El 18 de mayo de 1994, México se convierte en el país miembro número 25 de la OCDE y en el año 2000 se realizó la primera aplicación de la prueba PISA. En 2002 comenzó a debatirse una propuesta de reforma que abarcaba aspectos pedagógicos, administrativos, financieros y laborales. Durante los cuatro años que duró este proceso, sobre todo en los dos últimos, la propuesta fue perdiendo el ropaje que la hubiera hecho trascendental, pues terminó politizándose para quedar en una simple reforma curricular, como todas las llevadas a cabo desde Ávila Camacho hasta Calderón.
La reforma entró en vigor en 2006, cuando Calderón ya era el Presidente electo. En ese año comenzó a aplicarse la prueba Enlace que se extendió desde cuarto grado de primaria hasta bachillerato para evaluar el logro educativo de los alumnos con referencia a los planes y programas de estudio. Esto ubicó en el ojo de la crítica social a los maestros, las escuelas, las zonas escolares, los niveles y modalidades educativas y la educación en general, por más que el discurso de la SEP pregonaba que los resultados tenían un uso interno y no para compararse y competir contra los demás.
En 2008, asesorados por la OCDE, Calderón y el SNTE esbozan un tímido intento de actualizar la vida educativa con el Acuerdo por la Calidad de la Educación (ACE) que evidencia el camino señalado por las tendencias internacionales. Al operar como un acuerdo de buena fe, algunas secciones sindicales no acataron las disposiciones y se creó un mosaico desigual de condiciones en el país.
El desarrollo de competencias y la tendencia constructivista se incorporó a preescolar y educación primaria en el transcurso de la primera década del siglo XXI y en 2011, por fin, se articuló la educación básica en un mismo Plan de estudios con sus respectivos programas, “con el criterio, los fines y los propósitos de la educación aplicable a todo el sistema educativo nacional” (Acuerdo 592).
Al finalizar 2012 aparece otra reforma, ahora con rango constitucional, que establece un nuevo entramado en las relaciones del proceso educativo al interior y al exterior del mismo. Esta reforma lleva un cambio sustancial intocado en los últimos 68 años, referente al papel que juegan los maestros, los directivos, las autoridades educativas locales, los padres de familia, el sindicato y los órganos educativos federales. Contempla, además, un programa de apoyo a las infraestructuras escolares que sufren un fuerte rezago, se modifican las formas en el ingreso al servicio y en el ascenso de los trabajadores a los cargos directivos y de asesoría pedagógica.
Los Acuerdos secretariales 716 y 717 fortalecen el cambio de relaciones en el interior de las escuelas respecto a la función del director y el personal docente y del papel de los padres de familia en los procesos educativos y de gestión escolar. Todas las normas emitidas colocan al sistema educativo nacional en un punto de cambio en donde se pretende desarraigar costumbres en las prácticas pedagógicas y laborales de los maestros, las escuelas, la SEP y el SNTE.
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