Por: Francisco Valdés U.
La creciente ocurrencia de fenómenos «anómalos» en la política produce ingobernabilidad y crisis de legitimidad de magnitudes globales. Desde la instalación del terrorismo a escala mundial el 11 de septiembre de 2001 se abrió una etapa en que el estado de excepción se ha vuelto más frecuente o ha recrudecido su presencia.
La Patriot Act de Estados Unidos amplió la autoridad de las agencias de investigación para no solamente usar herramientas de espionaje contra la mafia y el crimen organizado, sino también contra las actividades de sospechosos de terrorismo. Con ella y con la creación adicional de la agencia de seguridad interna, las comunicaciones de millones de individuos alrededor del globo son interceptadas para rastrear posibles actos ilícitos. Los derechos a la privacidad quedan, así, exceptuados del orden jurídico.
Paralelamente, el mundo unipolar se ha extinguido y nuevos poderes han redibujado la intricada red de intereses geopolíticos. China expande su esfera de influencia en África y América, Rusia cambia su posición hacia occidente y se acerca a Beijing, las sociedades europeas, principalmente las continentales, se sumen en crisis profundas por la migración y la desintegración de sus tejidos tradicionales, los países latinoamericanos y del Caribe recomponen sus alianzas y rivalidades. Estos hechos han ido plasmando un nuevo orden mundial, multilateral, con tensiones económicas, políticas y culturales de nuevo tipo. Entre los problemas que implica este nuevo entramado está la puesta en cuestión de la democracia y da un mentís de fondo a los profetas del “Fin de la Historia”.
La desautorización de la democracia a cargo de nuevos o renovados despotismos (China, Rusia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Nigeria, Irán, el Estado Islámico, entre otros), y las pulsiones intolerantes que crecen en Norteamérica y Europa no auguran buenos pronósticos. Por unos u otros motivos la democracia está en asedio. La “tercera ola” se revierte. Uno de los elementos clave para comprender el tema es, precisamente, la traslación de la soberanía a las cúspides de los bloques dominantes y la disminución de las capacidades de su titulares genuinos para decidir la estructura de la gobernanza y del imperio de la ley.
Siguiendo la tendencia general, en nuestro país la excepción se está tornando razón de Estado. La caduquez de las instituciones representativas, por debilidad intrínseca y por interés y falta de visión de las cúpulas que las manejan, exponen crecientemente el oficio de gobernar a la corrupción o la colusión. Plata o plomo, reales o metafóricos, son la ley de la tierra. De ahí que se tomen decisiones que interrumpen el orden legal ordinario para vérselas con los fenómenos “anómalos”, excepcionales, que requieren de intervención inmediata de la fuerza de quienes ostentan la representación de la soberanía. La actuación del crimen organizado, dentro (corrupción) y fuera (delincuencia declarada) del “orden” aceptado, convoca a la excepción, y la titularidad de la soberanía se traslada de la base a la cúspide. En estas circunstancias, la legalidad es subordinada a los requerimientos de excepción, con lo que las reglas de operación de los órganos ordinarios -y legítimos- del Estado quedan sujetas a su némesis: el poder de facto.
Aquí y más allá se observa una pugna de fuerzas realmente existentes que desplazan el Estado como solemos entenderlo; las que lo dislocan mediante la excepción marcan la pauta de su evolución. El centro de gravedad de las decisiones trascendentes sale de las órbitas nacionales para aterrizar en el espacio internacional donde la insuficiencia de los organismos de deliberación, consenso y decisión son insuficientes. No obstante, fortalecerlos y ampliar sus facultades son una necesidad de primer orden ante el carácter cada vez más líquido de las políticas nacionales.
Fuente: Azdiario.mx
















