Por: Jorge Volpi.
Si algo caracteriza nuestra vida pública es la absoluta incredulidad -la amarga desconfianza- de los ciudadanos frente a los actos y palabras de las autoridades. Vale la pena ser enfático: todos los actos y todas las palabras de todas las autoridades. Se trate de los crímenes más sonados,
de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a los asesinatos de la colonia Narvarte, pasando por Apatzingán o Tlatlaya, a la miríada de delitos cotidianos que afectan a miles de personas, nadie cree -nadie puede creer- que las actuaciones policiacas y judiciales se hayan llevado a cabo de manera impecable y nadie cree -nadie puede creer- en las explicaciones que las justifican.
Lo mismo ocurre en terrenos menos aciagos pero sumamente lucrativos: las licitaciones y los proyectos de obra pública -del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México al Corredor Cultural Chapultepec-, en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios o en la negación de sus conflictos de interés, en los procedimientos civiles, laborales o administrativos y, por supuesto, en las decisiones políticas. Invariablemente, los miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son tomados por mentirosos y cada una de sus decisiones inspira un sinfín de rumores sobre intenciones ocultas o secretas, vedadas a los demás. Los medios de comunicación no quedan mejor parados en este esquema: salvo excepciones, se asume que tuercen o maquillan los hechos, sometidos a presiones políticas o a sus propios intereses.
El panorama es el de un país dividido o más bien troceado, en el que quienes tienen poder son irremediablemente pillos -o candidatos a serlo- y los ciudadanos de a pie no tienen manera ni de conocer la verdad que se halla detrás de sus decisiones ni de defenderse de su arbitrariedad o su desdén. Con independencia de si en México existe o no el Estado de Derecho, o si se trata de un Estado de Derecho enclenque y achacoso, lo más relevante aquí es que nadie cree que exista. Y esta percepción provoca un abismo infranqueable entre gobernantes y gobernados.
Semejante situación nos lanza en un círculo vicioso: dado que los propios funcionarios y políticos saben que sus actos serán duramente cuestionados y que muy pocos creerán en su buena voluntad o en la honestidad de sus arengas, se ponen siempre a la defensiva, convencidos de que los ciudadanos -y la prensa- son sus peores enemigos. A partir de esta premisa, enmascaran aún más sus actuaciones, apartándolas lo más posible del escrutinio público, rodeándolas de ese típico lenguaje burocrático que oculta más de lo que revela o de plano presentándolas como hechos consumados para evitar el desgaste de meses de una discusión más inclusiva o democrática. Puestos contra la pared por sí mismos, los políticos exhiben una siniestra falta de empatía hacia los ciudadanos y sus problemas, expresada en la soberbia con que anuncian cualquier tema y en particular las investigaciones criminales.
¿Cómo llegamos a este punto? Desde sus orígenes, el régimen revolucionario se empeñó en construir lo que en otra parte he llamado una “democracia imaginaria”: ese cúmulo de brillantes preceptos establecidos en la Constitución de 1917, y su sinfín de leyes secundarias, que nunca lograron empatar con la realidad. Los mexicanos nos acostumbramos a vivir en un país de prístinas -y farragosas- leyes, siempre incumplidas, y de impecables -y necios- discursos sobre la fortaleza de nuestras instituciones. Si a ello sumamos una corrupción rampante, las condiciones estaban dadas para la pesadilla. La transición a la democracia y el cambio de partido en el gobierno en el 2000 no modificaron el escenario, si acaso lo empeoraron con la suma a la ecuación de la violencia extrema derivada de la infructuosa guerra contra el narco.
Sin amplitud de miras, los políticos se sienten arrinconados y no comprenden que los ciudadanos tienen toda la razón al descreer de ellos. La única solución se halla, por tanto, en mayor y no menor apertura, lo que implica dejar de cacarear la transparencia y hacerla efectiva. Y, sobre todo, en articular un sistema de justicia en verdad confiable. Cuando por fin los ciudadanos no se vean sometidos a un sinfín de chantajes de policías, policías judiciales, agentes del Ministerio Público, secretarios de juzgados, abogados y jueces, y se sentencie de manera clara, rápida y expedita a los inculpados, habrá iniciado el largo camino para comenzar a limar la desconfianza que tanto nos ahoga.
@jvolpi
Fuente: Reforma.
















