Por: Eduardo R. Huchim.
Con su rechazo a retirarle el registro al Partido Verde, el Instituto Nacional Electoral ahondó su desprestigio y pérdida de confianza, a lo cual ha contribuido también su fallida fiscalización a los gastos de campaña 2015. Un partido y la pusilanimidad lo derrotaron.
La pérdida de confianza se refleja en las encuestas de Grupo Reforma
(04/08/15): el INE (antes IFE) tenía 50% de opiniones favorables en 2013 (mucha/algo de confianza) y en 2015 descendió a 34%, una baja de 16 puntos. En tanto, la poca o nula confianza pasó de 47 a 61%, un alza de 14 puntos que, después de su protección al Verde, seguramente creció.
En el caso del Verde, conviene recordar sus transgresiones. Al decir que el PVEM ya fue sancionado, el consejero presidente enumeró varias de ellas (12/08/15): aportaciones de entes prohibidos, entrega de materiales de propaganda ilegales, incumplimiento de medidas cautelares, reparto de despensas, adquisición indebida de propaganda en medios electrónicos y difusión de promocionales de sus legisladores, conductas que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) caracterizó como violaciones sistemáticas.
No hay precedente en México de que un partido político haya cometido tantas infracciones, que haya desafiado a las autoridades y desacatado las medidas cautelares, y todo ello en un solo proceso comicial.
Veamos ahora lo que dice la Ley General de Partidos (art. 94): “Son causas de pérdida de registro de un partido político: […] e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto… las obligaciones que les señala la normatividad electoral”. O sea, son tres elementos: incumplimiento de la normatividad, gravedad (sin adjetivos) y sistematicidad.
Con las anteriores premisas, revisemos ahora algunos argumentos de los siete consejeros que favorecieron al Verde:
a) La pérdida o cancelación del registro de un partido es una sanción excepcional. (Cierto, como fue excepcional la conducta del Verde).
b) El elemento de gravedad extrema no se actualiza. (Hubo discrepancias entre consejeros: la minoría consideró que sí se actualiza y la mayoría que no. Comoquiera, la ley no señala gravedad extrema, especial o media. Simplemente dice “GRAVE”, y hubo consenso en que la gravedad sí se dio).
c) Las conductas del Verde y su actitud desafiante no pusieron en riesgo a nuestra democracia. (Quizá, pero poner en riesgo a la democracia no es requisito para perder el registro).
d) Es ilegal volver a juzgar hechos sancionados previamente. (¿O sea que para acreditar la sistematicidad hay que dejar sin sanción individual las faltas?).
e) Casi $600 millones de multas se le han impuesto al Verde. (Cierto, pero de esa cifra sólo se ha confirmado una tercera parte. Apueste el lector a que el TEPJF, frecuente tutor de la impunidad del PVEM, no confirmará ese monto).
En favor del Verde votaron los cuatro consejeros filopriistas -Baños, Favela, Galindo y Andrade- y otros tres -Córdova, Murayama y Nacif-, mientras Pamela San Martín, Arturo Sánchez, Roberto Ruiz y Javier Santiago lo hicieron en contra. De ese modo, entre las plumas del tucán se volatizó buena parte de la menguante credibilidad del INE.
Por razones de espacio no abundo en el mencionado fracaso de la fiscalización, pero anoto un par de datos: el TEPJF revocó (07/08/15) los dictámenes consolidados del INE sobre gastos de candidatos federales y estatales, y luego lo responsabilizó (19/08/15) de la imposibilidad de considerar en esta ocasión el rebase de topes como causal de nulidad. Los magistrados le reprocharon al INE falta de exhaustividad, de investigación, de valoración de las pruebas y el no cumplir el procedimiento cabal de fiscalización.
La resolución sobre el registro del Verde es tan inconsistente que, impugnada por partidos y por Sergio Aguayo (en representación de más de 139 mil ciudadanos), quizá también sea devuelta por el TEPJF al INE.
• OMNIA
¿Se circunscriben los “tiranetas” a una parte de los opinadores en los medios? Para mí que existen también en otros ámbitos. Baste escuchar en el INE a los consejeros de vocación pontificia. ¿Y qué tal el gobierno federal que supone tener el monopolio de la “neta” y rechaza los cuestionamientos internacionales a su actuación sobre el caso Ayotzinapa y semejantes? Limitar la crítica a los críticos puede resultar cómodo, pero a mí me hace recordar que algunos de ellos, “tiranetas” o no, han pagado cuotas de sangre o han sido expulsados de sus espacios por ejercer su libertad.
@EduardoRHuchim
Fuente: Reforma.
















