Por: Diego Valadés.
A veces la construcción de la democracia presenta la paradoja de llevarse a cabo mediante procedimientos propios de la oligarquía. En México hemos tenido dos grandes formas de abrir el espacio democrático: una, las concesiones unilaterales, a semejanza de las mercedes otorgadas en los sistemas monárquicos;
otra, los acuerdos entre dirigentes de distintas fuerzas políticas.
El primer caso correspondió a la etapa en que se otorgó el voto a la mujer en los ámbitos municipal, en 1947, y nacional, en 1953; más tarde se aplicó al introducirse la figura de diputados de partido, en 1963. La reforma política de 1977 significó la transición al segundo método de cambio. Ese año el gobierno decidió modificar algunas normas y prácticas políticas, y con el propósito de legitimarlas procuró acuerdos con las fuerzas opositoras. De entonces a la fecha ese ha sido el patrón de conducta para ajustar el aparato de poder.
En el tránsito hacia la modalidad concertadora se hizo costumbre organizar audiencias públicas, de suerte que los entendimientos quedaran enmarcados por la aquiescencia de miembros de organizaciones sociales, comunicadores, académicos, líderes culturales, empresarios, voceros gremiales y una gama de personajes cuya trayectoria se vinculaba con la materia de las reformas en trámite. Con frecuencia se les prestó atención.
Sin embargo el recurso de las audiencias se fue agotando en el ánimo de la población y hoy se aplica con un marcado desgano por parte de los participantes, conscientes de que el rito se transformó en un gesto al que los convocantes apenas asignan una importancia formal. Es habitual, incluso, que los anfitriones de las presuntas consultas, una vez que se oyen a sí mismos en la rutina inaugural, abandonen a sus invitados para dejar que exhiban su soliloquio en público. La causa de que así suceda consiste en que tales representaciones escenográficas tienen lugar cuando las decisiones ya suelen estar tomadas en los patios interiores del poder.
Con ese proceder se quiere armar la supuesta democratización del Distrito Federal. La negociación y el acuerdo siempre son relevantes, pero el estilo sigiloso de la hegemonía seguirá aplicándose mientras el pluralismo no encuentre el suyo propio. En el caso de la reforma para adoptar una Constitución en el Distrito Federal los ciudadanos desconocemos lo que postulan los partidos y lo que piensan sus dirigentes. Sólo sabemos que en la cocina de la política se condimenta un nuevo acuerdo para servir más a los intereses de los protagonistas que a las necesidades de los ciudadanos.
Siguen vigentes los viejos reflejos, útiles para salir del proceso hegemónico pero que resultan contradictorios en una sociedad con aspiraciones democráticas. Es llamativo que muchos dirigentes hayan empleado en el pasado frondosos discursos en torno a los mecanismos de consulta directa, pero ahora que ya figuran en la norma optan por ignorarlos.
En 2004 entró en vigor la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal cuyo artículo 17 dice: “El plebiscito es un instrumento de participación ciudadana mediante el cual el Jefe de Gobierno somete a consideración de los ciudadanos, para su aprobación o rechazo y de manera previa a su ejecución, los actos o decisiones que a su juicio sean trascendentes para la vida pública del Distrito Federal”.
Se podría pensar que una Constitución de la Ciudad de México es un asunto trascendente y que, por lo mismo, los ciudadanos seríamos consultados. Pero no ha sido así, ni al parecer lo será. Todo indica que la democracia es sólo la locución convencional que encubre un nuevo acuerdo para distribuir cuotas de poder territorial entre los grupos políticos locales. Lejos de convocar una consulta preconstituyente para que los habitantes de esta comunidad determinemos si queremos un gobierno estatal, un municipio autónomo o un híbrido como el que ahora tenemos, se dice que vamos a disfrutar de más democracia porque un conjunto de dirigentes así lo resolvió.
Los habitantes de la capital del país tienen bien sabido que la incompetencia administrativa es tan grande como la corrupción; que la seguridad es tan ruinosa como las vialidades, y que la democracia local se ha convertido en el gobierno de los grupos, por los grupos y para los grupos.
Si se aspira a que esta ciudad ofrezca un ejemplo político al país, se deben aplicar las reglas de participación ciudadana en vigor. Es una oportunidad para construir la democracia, democráticamente.
@dvalades
Fuente: Reforma.
















