Por: Vicente Bello.
En todo este periodo extraordinario de sesiones, que comenzó el lunes con el desafuero cantado de la sinaloense Lucero Guadalupe Sánchez López, no hay una ley más controvertida que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por una razón: En tanto que virtualmente todas las reformas a legislar esta semana en ambas cámaras -casi una veintena-
estarían abocadas a endurecer las sanciones penales, aquella que supuestamente combatirá la corrupción en el gobierno solo será una farsa, un engaño a la gente, porque no combatirá a la corrupción ni a la hermana de esta, la impunidad, entre la clase política mexicana, sino que la alentará y la auspiciará.
No es de gratis el hecho de que los senadores hayan utilizado la noche y la madrugada (lunes-martes) para dictaminar a matacaballo esta y los otros dictámenes que, durante la tarde y noche del mismo martes, refrendó el Pleno, aprobándolos.
Saben los legisladores que cuando se trata de aprobar leyes para dominar a la población y en cuyos intersticios está el diablo, la noche y la madrugada siempre han sido sus mejores aliados y cómplices.
El país amaneció con el hecho de que sin discusión ni debate de por medio los senadores habían aprobado en comisiones una Ley General de Responsabilidades Administrativas total y absolutamente desflemada por el PRI y por el Pvem.
Resulta que contrario a lo que unos 630 mil ciudadanos propusieron desde diciembre, de incluir en ese manojo de leyes combatidoras de la corrupción, el mandato, la obligación jurídica de que todo servidor público de los tres niveles de Gobierno tengan que presentar tres declaraciones al inicio de sus periodos: Una patrimonial, una fiscal y otra de intereses. Declaraciones que, además, deberían estar actualizando cada seis meses.
No, pues, al PRI y al dueño de la casa blanca, Enrique Peña Nieto, les dio vómito. Se pusieron bien malitos. Mareos y toda la cosa. Ya no veían la manera de decir que no. Y la encontraron: Esta ley, que tenía que haber sido aprobada desde abril, durante el periodo ordinario de sesiones fue chispada de la vía del proceso legislativo por el priismo del Senado, a cuyo mando está Emilio Gamboa Patrón y se fue a un periodo extraordinario.
De hecho, esta ley fue el motor fundamental de la convocatoria de dicho periodo.
El PRI buscaba tiempo. Y tiempo tuvo para negociar con los académicos que hicieron la propuesta aquella, que el país conoció como la Ley 3de3.
Algo hizo el PRI que los convenció bien rápido y los académicos aquellos dejaron colgados de la brocha a quienes los apoyaban: PAN, PRD y Morena.
Ya con los académicos en la bolsa (unos, del ITAM; otros, del Cide; algunos, relacionados incluso con el régimen en los tiempos de Salinas), el PRI salió bien orondo a aceptar la convocatoria de un periodo extraordinario de sesiones, que se celebrase pasando la elección del 5 de junio. Y así fue.
El PRI decía que, de acuerdo con los proponentes de la llamada Ley 3de3, proponían que en la Ley General de Responsabilidad Administrativa se incluyera lo siguiente: Que no será obligatorio para los servidores públicos presentar las tres declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses que habían sido propuestas por unos 630 mil ciudadanos, en lo que se conoció como la Ley3de3.
En cambio, solo se establecería en la ley que sólo en los casos de declaración patrimonial y fiscal los servidores públicos podrán ser sujetos jurídicos, pero siempre y cuando ellos lo acepten voluntariamente. Esto es, no estarán obligados a hacerlo.
Gran parte de la tarde y noche, los opositores -en el debate en tribuna- se quejaron de lo que calificaron como un gran gesto de hipocresía.
Se distinguió el senador Alejandro Encinas por su irrebatible argumentación, quien, en la tribuna, criticó, diciendo: “Con el dictamen este se cierra un ciclo y este ha sido un proceso escabroso. Será muy difícil su implementación. (Fue un proceso legislativo) que puso en evidencia virtudes y las peores prácticas del Poder Legislativo.
“En las primeras reuniones planteamos dejar atrás negociaciones bilaterales, en lo oscurito, de cara a la sociedad. Abordar el debate de uno de los temas más sensibles de la población y que afecta la vida cotidiana de los mexicanos, la corrupción. Lamentablemente no lo logramos.
“… Se requieren reformas mayores, que cambien al régimen político del país. Un régimen que se ha sustentado en tres pilares: Corrupción, autoritarismo e impunidad; porque la corrupción se convirtió lamentablemente en parte del engranaje fundamental del sistema político del país.
“…No es fenómeno nuevo. Así se pacificó este país después de la revolución: Con cañonazos de 50 mil pesos a los generales, a quienes también se les corrompió entregándoles en propiedad a las haciendas.
“La corrupción y la impunidad se convirtieron en una forma de gobierno y de políticas públicas, para el mantenimiento del Status Quo. La corrupción no es problema cultural de los mexicanos; es un problema sistémico. Ya hay que desmantelar las redes que lo permiten.
“…La corrupción tiene que ver con el soborno, tráfico de influencias, lavado de dinero, utilización de paraísos fiscales, creación de empresas offshore para eludir impuestos y para encubrir operaciones ilícitas. La corrupción está en el origen de las fortunas que hoy los hombres más ricos de este país han acumulado a partir de ser meros prestanombres (de políticos encumbradísimos) o beneficiarios de la privatización de los bienes de la nación, o de la concesión de los servicios públicos.
“Estos temas están intocados en la legislación que hoy discutimos”.
Continúa el periodo extraordinario. Veremos.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















