Por: María Elena Álvarez de Vicencio.
El artículo 108 de la Constitución se reformó en diciembre de 1982. La reforma unificó y sistematizó el régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos y se modificó la denominación de funcionarios públicos por la de servidores públicos con el fin de establecer la naturaleza del servicio a la sociedad.
El cambio político en México ha sido un proceso en el que los liderazgos anteriores empezaron a convivir con las nuevas dirigencias derivadas de la oposición y las estructuras políticas se han mantenido casi intactas y el pasado ha aprendido a convivir con el presente. No ha sucedido como en las instituciones electorales, en las que se puede identificar un antes y un después.
Al inicio de cada sexenio se han planeado nuevas medidas preventivas, se han formulado Códigos de Ética; y se han creado distintas dependencias dedicadas a erradicar las prácticas corruptas, casi todas sin éxito, por lo cual el próximo presidente, al iniciar su período, tendrá que crear nuevas instituciones y planear nuevas estrategias para empezar de nuevo el propósito de erradicar la corrupción.
Este nuevo sexenio no ha sido la excepción; aún no se cumple el segundo año y ya han aparecido grandes y pequeños fraudes de todo orden; tanto los cometidos por acciones, como por omisiones. Entre los más notorios tenemos la Línea 12 del Metro incluida en el primer rubro y el derrame de substancias tóxicas en un río de Sonora.
En el primer caso sorprende la gran proyección de la obra como la más significativa en el DF por su modernidad y calidad de nivel internacional, para convertirse en la obra con las mayores fallas y las mayores cantidades de recursos invertidos equivocada y fraudulentamente. Los perjuicios y costos extra que ha causado y seguirá causando, son enormes y todavía no sabemos si los responsables recibirán las justas sanciones o todo quedará en las anunciadas inhabilitaciones.
La segunda podría situar su origen, en el segundo rubro, en el de las omisiones. ¿Por qué las autoridades encargadas de supervisar las condiciones en que operaba la empresa minera, no detectaran el riesgo de que ocurriera el derrame? ¿Nadie solicitó a la empresa que tomara las medidas de seguridad necesarias? ¿O les fueron solicitadas y no fueron atendidas? Porque hay silencio en estos aspectos y sólo se habla de los millones, los cuales nunca serán suficientes para resarcir los daños ecológicos y sobre todo a las personas que tendrán que cambiar sus sistemas de vida, hasta que la naturaleza restaure todo lo destruido y que quizá haya muchas personas que ya no verán esa recuperación. Estos aspectos tan graves, han tenido un trato que no corresponde a la magnitud de lo sucedido.
En lo relativo a las fallas de los funcionarios, todos los partidos han sido débiles para exigir a los servidores salidos de sus filas, un comportamiento ético, responsable y eficaz. Cuando incluyen en responsabilidad, los partidos parecen ignorarlo y en el mejor de los casos, sólo les aceptan la renuncia, pero no les fincan responsabilidades ni apoyan los procedimientos para la aplicación de sanciones. El temor a lesionar la imagen del partido les impiden actuar en consecuencia; sin embargo, es deber de los partidos supervisar, apoyar y vigilar la gestión de quienes propusieron como funcionarios, y los ciudadanos habrán de exigir a los servidores públicos, resultados positivos, rendición de cuentas y comportamiento ético.
Sólo la voluntad puede dar al derecho lo que constituye su esencia. Por eminentes que sean las cualidades del gobierno y del pueblo, si la fuerza moral les falta, jamás podrá alcanzarse el bien común.
(Artículo publicado el 14 de septiembre de 2014)
Militante del PAN
melenavicencio@hotmail.com
Fuente: Crónica.
















