Por: Jesús Sesma.
Sin duda alguna, el presidente Andrés Manuel López Obrador está tratando de dar batalla a la corrupción en varios aspectos. Ejemplo de ello son las acciones que ha tomado respecto al robo de combustible en nuestro país, acto mejor conocido como huachicoleo.
Pero esta lucha no será sencilla. La corrupción ha invadido muchas áreas de la administración pública y del gobierno,
por lo que es necesario hacer énfasis en ello para que el nuevo Gobierno Federal atienda el tema con la misma firmeza e intensidad que lo hace contra el robo de combustible.
Como ejemplo, quiero mencionar la corrupción que, tristemente, ha existido durante los últimos 20 años en la compra de medicamentos y servicios de salud pública en nuestro país.
Hace prácticamente dos años, escribí en este mismo espacio que entre los años 2007 y 2016, se habían interpuesto 273 denuncias contra 26 gobiernos estatales, derivado de anomalías en la aplicación de recursos para los sectores de salud, educación y seguridad.
Enfatizo en el tema de salud, porque es uno de los que perjudica prácticamente a la mayoría de la población, es decir, a los más desprotegidos.
La compra de medicamentos en el sector público ha representado un gran negocio para muchos corruptos que desde hace tiempo rondan por las instituciones de salud en México, tales como el IMSS y el ISSSTE, entre otras.
Aún sin mencionar el nombre de alguno de ellos, quienes lean esta columna y estén familiarizados con el tema, sabrán a quiénes me refiero.
Son empresas mejor conocidas como mediadoras, quienes prácticamente han prostituido y corrompido la venta de medicamentos al gobierno, al ofrecer medicinas con sobreprecios injustificados, así como servicios médicos con precios anormales.
Han llegado incluso a cometer la canallada de vender a diferentes instituciones de salud pública, el mismo medicamento o servicio, pero con una ligera variación entre ellos, es decir, agregando un componente a la fórmula del medicamento para diferenciarlo y así justificar un aumento excesivo en su precio.
Debo mencionar que algunas instituciones de salud ya han intentado que sus compras sean consolidadas, lo cual les ha generado ahorros en el gasto, pero no el suficiente. Este esfuerzo que se ha hecho para combatir, diría yo, “el crimen organizado en el sector salud”, debe afianzarse hasta obtener los resultados requeridos.
Y es que resulta impresionante la organización que existe en algunas de estas compañías que se dedican a la venta de medicinas y servicios para el sector salud, las cuales han consolidado sus malas prácticas aprovechando la falta de regulación que hay en la materia.
Pero estoy convencido que tanto los directivos de las instituciones públicas del sector,como el secretario de Salud y el mismo Presidente de la República harán lo propio para combatir este grave problema en beneficio de todas y todos los mexicanos.
Termino destacando la necesidad de establecer una reglamentación que deje atrás la posibilidad de concretar convenios VOLUNTARIOS para transitar hacia las compras consolidadas de una manera OBLIGATORIA para todas las entidades federativas, que incluya igualmente todas las instituciones públicas del sector salud.
Ello dará las herramientas pertinentes al Gobierno Federal para poner un alto a la corrupción en ese rubro y evitar que personas mal intencionadas continúen aprovechándose de los recursos que deberían ser para la atención de los mexicanos que más lo necesitan.
Fuente: Excélsior.
















