Por: LUIS ACEVEDO.
@lusacevedop
* Por principio señala que cualquier acción que se emprenda en favor de esa lucha debe ser intensa
A la luz de las predicciones sobre la inevitable caída del crecimiento económico de México para este y el siguiente año, establecidas por los principales organismos financieros nacionales y extranjeros, conviene regresar al tema del combate a la corrupción.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho una serie de señalamientos que deberían ser considerados por las autoridades de nuestro país.
Por principio señala que cualquier acción que se emprenda en favor de esa lucha debe ser intensa, constante y permanente, con el desarrollo en paralelo de instituciones de justicia sólidas y transparentes. Sin concesiones, basada en investigaciones serias y con la presentación de culpables a los que se les impongan castigos ejemplares.
A ese primer planteamiento se puede agregar, con base en la experiencia nacional, que debe mostrarse voluntad de que esa tarea forma de una política pública de la que se deben rendir cuentas para que no se confunda con la retórica.
Eso debe ser así porque la corrupción, dice el FMI, corroe la capacidad del gobierno para contribuir al crecimiento de la economía y que todos los ciudadanos se beneficien.
Pero lo que quizá resulte más grave y, al mismo tiempo peligroso, es que, por decisiones apoyadas en estructuras corruptas, las prioridades del Estado se distorsionan, se captan menos recursos por el desarrollo de procesos informales y el gasto que se destina a educación y salud tiende a ser cada vez más bajo e insuficiente.
En consecuencia, en los países con corrupción, los alumnos en edad escolar califican peor en los exámenes y, por si fuera poco, aumenta el número de enfermos ante la escasez progresiva de medicamentos y el deterioro de la capacidad sanitaria instalada.
Las consecuencias tienden a ser más complejas en el tiempo para los gobiernos de orientación social, porque los recursos financieros necesarios en lugar de canalizarse a inversiones productivas van al mercado negro.
En la nueva edición de su informe Monitor Fiscal el Fondo Monetario expone la necesidad de pasar del discurso mediático a la transformación de las instituciones y las políticas fiscales, con acciones sencillas y claras de administración tributaria, con énfasis en las prácticas transparentes de contratación pública.
Con base en el análisis de más de 180 países (https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2019/03/18/fiscal-monitor-april-2019), se demuestra que los más corruptos recaudan menos impuestos y se profundiza el deterioro de la moral ciudadana porque la gente paga sobornos para eludir cumplir con las contribuciones o las multas en una espiral creciente en la que las relaciones cívicas son, cada vez, más difíciles de restablecer.
Peor aún: “cuando los contribuyentes consideran que el Estado es corrupto, la evasión impositiva se hace más probable”.
La corrupción al no ser tratada de manera sistemática impide que la gente se beneficie de la riqueza de los recursos naturales de su país.
Un ejemplo, en diferentes dimensiones, se observa en los derivados de los hidrocarburos. Por ejemplo, el deterioro administrativo de Pemex y la CFE, cuyas enormes ganancias, en un marco de opacidad y ausencia de rendición de cuentas han incentivado la corrupción que, en casos populares, se evidencia en el huachicol.
El estudio demuestra que los países ricos en recursos naturales, como México, tienen, en promedio, instituciones más débiles y más corrupción.
Las economías de los mercados emergentes más corruptas, comparadas con las menos corruptas, derrochan el doble de sus recursos disponibles, y cabe agregar mantienen tasas de crecimiento económico que difícilmente superan el 2 por ciento, son competitivamente ineficientes, globalmente frágiles y productoras de pobreza.
Combatir a la corrupción si bien exige de voluntad política, necesita también de perseverancia y energía tanto en el constante fortalecimiento de las instituciones para promover la integridad y la rendición de cuentas como en el cumplimiento simple de la ley que se traduzca en justicia.
Es un reto permanente que ofrece no solamente dividendos económicos y de bienestar social, sino que es una garantía para devolver la seguridad a la ciudadanía y la certidumbre de un cambio posible.
@lusacevedop
Fuente: Sdpnoticias.com
















