Por: RODRIGO SÁNCHEZ VILLA.
@sanchez_villa_
* La industria de la construcción está viviendo su peor caída de los últimos cuatro sexenios…
Cuando existe déficit habitacional, las ventas de vivienda se desploman, y al mismo tiempo el gobierno elimina el cien por ciento del subsidio a la vivienda, algo se está haciendo mal. Es el caso de la Ciudad de México y el área metropolitana, donde el costo de la vida y la demanda de casa habitación no ha dejado de crecer los últimos años,
y sin embargo el programa gubernamental denominado “Soluciones habitacionales” fue simplemente borrado del presupuesto de egresos del año 2019. No de forma gradual, no sustituido por otro. Simplemente cancelado. Este programa destinaba recursos públicos para facilitar el acceso a la vivienda a las personas con ingresos medio y medio bajo, materializado en desarrollos inmobiliarios de interés social y créditos del INFONAVIT y FOVISSSTE.
De hecho, el derecho a la vivienda está ignorado en el cuerpo principal del Plan Nacional de Desarrollo, relegado a los anexos. La industria de la construcción está viviendo su peor caída de los últimos cuatro sexenios, y mientras tanto la venta de vivienda en la capital del país tuvo una caída del 31%. Una lectura sistemática con algunos ordenamientos de la Cuarta Transformación, por ejemplo la Ley Constitucional de Derechos Humanos y Garantías de la Ciudad de México, revelan una incomprensión franca del fenómeno inmobiliario, pues más que el desarrollo sustentable de nuevas viviendas para una población que sigue requiriéndola, se concentra en castigar por medio de la ley a los propietarios, arrendadores, acreedores hipotecarios y desarrolladores. La idea de este gobierno no es garantizar la buena salud del mercado inmobiliario, sino, aparentemente, pavimentar todo lo que pueda, en todas partes, y asegurarse de que a quien ocupe una vivienda, bajo el título que sea, nadie lo pueda lanzar, así sea un invasor o moroso de años.
En los citados anexos del PND se encuentran algunas claves para entender (que no coincidir con) la lógica gubernamental sobre el problema. En ellos se encuentra una especie de diagnóstico del problema de la vivienda:
“Respecto al modelo de vivienda actual, se detectan desarrollos habitacionales con viviendas de tamaño reducido, entre 45 y 50 metros cuadrados, lo que provoca falta de confort, cohesión e identidad comunitaria así como desvinculación con el entorno. Ese modelo se acompaña de una política habitacional que fomenta el crecimiento expansivo de baja densidad de los centros de población.
Además, la ubicación y las características de los desarrollos habitacionales que se construyen en México son deficientes, lejanos a las fuentes de empleo, situados en zonas periféricas que incrementan los costos del traslado, con insuficiente infraestructura y equipamiento urbano, con reducidos espacios verdes y recreativos. Todo lo anterior genera bajos niveles de bienestar y de calidad de vida”. (p. 112, ANEXOS del PND)
Quizás sea cierto, y se requiera, para los futuros desarrollos, la dignificación de viviendas en zonas marginadas mediante la instalación de servicios básicos, la reconstrucción de viviendas dañadas por eventos naturales y geológicos, y la reestructuración de créditos ya existentes con el INFONAVIT. Pero no hay un solo peso de inversión pública para esas nuevas viviendas, que resolverían los problemas mencionados. Ante el diagnóstico, la receta de la 4T, al menos este primer año, es el silencio, la claudicación. En lugar de buscar mejores zonas de construcción, fomentar la migración interestatal y ser más estrictos en la sustentabilidad de los servicios en las viviendas construidas, la propuesta es dejar de construir y punto. Abandonar a los que necesitan casa, a su suerte.
El problema de ver estos asuntos desde una óptica tan simplista, es que se asume la vivienda digna como un privilegio y no como un derecho, más que para quien ya la ocupe. Uno de los catalizadores de erosión del tejido social es, precisamente, el déficit habitacional. Cuando la vivienda es insuficiente, no tardan en presentarse dos condiciones nocivas, la precariedad y el hacinamiento. Ambos factores son precursores de obstáculos en el desarrollo psicosocial, sobre todo de los menores, e incluso está asociado al aumento de enfermedades y violencia intrafamiliar. En las zonas urbanas que de por sí tienen precios elevados (en la CDMX y algunos municipios del EDOMEX, las personas gastan en promedio 55% de su ingreso total en renta), el freno total a la construcción se traduce una reducción categórica de la oferta, lo que naturalmente eleva más los precios.
El viernes pasado, en una sesión express, el Congreso de la CDMX modificó un artículo de la Ley de Derechos Humanos local que contenía todos los incentivos perversos para fomentar las invasiones y la morosidad en los arrendamientos. Llama la atención que nadie lo haya localizado antes que nosotros, y que ese adefesio ha logrado está vigente, así sea pocos meses.
Ningún gobierno está obligado a saber de todo, pero sí a rectificar las veces que sea necesario. Esperemos que este desastroso inicio en materia de desarrollo de vivienda sea un tropiezo, corregible en los años venideros, y no una convicción basada en prejuicios, irónicamente, anti garantistas. El sector de la construcción de vivienda no puede seguir siendo ignorado por el gobierno, por más que persista en su apuesta por el rescate a PEMEX como única acción económica relevante, y en la estrategia del rogón con Estados Unidos y su visceral dirigente.
Fuente: Sdpnoticias.com
















