Por: RODRIGO SÁNCHEZ VILLA.
@sanchez_villa_
* Vivimos en medio del resentimiento más hostil que se haya visto en los últimos setenta años.
La presión de la opinión pública para que los servidores públicos (funcionarios e integrantes de la clase política) de una sociedad tengan una vida acorde con lo que ellos, el “respetable” público, quieren no es nueva ni mexicana. En derecho británico, el rey está obligado a “ser espejo de la familia inglesa”, por ejemplo, y es un indicador de lo que la familia inglesa debe aspirar a ser.
Sin embargo, destacan por su forma algunos ejemplos recientes. Por un lado, el caso del subdirector de Zonatur, en Acapulco, Guerrero, y, por el otro, el caso del presidente del Partido Acción Nacional. Ni el funcionario guerrerense ni la gestión de Anaya me parecen especialmente loables. Al contrario, por lo que se puede ver en los datos duros del turismo en el puerto guerrerense y en la crisis que atraviesa el PAN, más bien son lo contrario. Pero este texto no trata de eso.
En el caso de los políticos y funcionarios mexicanos me interesa resaltar que, contrariamente a los escándalos de antaño, donde el funcionario simple y sencillamente presentaba su renuncia y no se volvía a saber de él el resto del sexenio, hay un intento franco, si bien tímido, nervioso y cabizbajo, de defensa. Ricardo Anaya Cortés dice que la fortuna de su familia proviene toda de negocios lícitos y privados y no hay por qué dudar de ello. José Manuel Nieves Martínez, el subdirector de Zonatur Acapulco, presumía billetes de a quinientos pesos en una borrachera y sin duda eran de su propiedad. Pero a los ojos de la cínica opinión pública mexicana, eso es siempre un argumento inválido. “Pues tu sueldo se paga con mis impuestos”, se queja airadamente el ciudadano de a pie, comiendo en los pollos rostizados, escupiendo a la TV ante la inmoralidad de estos funcionarios, porque, para el mexicano, pagar impuestos siempre ha sido visto como un acto heroico, una gesta casi épica; en contrapartida, tener una retribución gubernamental es siempre un privilegio, siempre excesivo y siempre inmerecido. Poco importa que, en la vida real, en niveles equivalentes, los sueldos del servicio público sean irrisorios comparados con los de la iniciativa privada, igual de corrupta, ineficiente y que además no sólo se traga los impuestos (cuando los paga) sino los ingresos completos de los mexicanos asalariados a cambio de bienes y servicios bastante cuestionables.
Se espera, entonces, que los subdirectores de algún organismo municipal, así como los presidentes de un partido, sean ciudadanos ilustres en su vida privada. Y que, de acuerdo al razonamiento del ciudadano de a pie, su sueldo también es dinero público (aunque es imposible que la remuneración a una persona por su trabajo le pertenezca a otra, pero bueno) por lo que su dinero sólo deben utilizarlo como el pueblo lo considere prudente. Insisto: no el presupuesto del Gobierno federal, tampoco el asignado a un partido político ni el de las Cámaras del Congreso de la Unión, se habla del salario.
Otra de las cosas que siempre llaman la atención en este tipo de notas y hechos, son los comentarios en línea de los lectores de los medios electrónicos. La mayoría son insultos furiosos, altisonantes, que no sólo reclaman, sin pruebas jamás, a la clase política y a cualquier servidor ser ladrones, corruptos y análogos. Y cada vez que un político o funcionario decide defenderse, desde las redes sociales, desde las Cartas del Lector de la Jornada y desde la sección de comentarios de aquí, de SDP Noticias, le exigen callarse y no decir nada a su favor, porque no tiene derecho. Eso es tan fuerte que no es posible dejarlo pasar. Sucedió de una forma más grave aun cuando en el diario El Universal, a pesar de haber sufrido la semana pasada un severo revés judicial por parte de Ricardo Anaya, fortaleció una campaña de desprestigio en contra del presidente de Acción Nacional porque, justamente, se defendió y ganó. José Manuel Nieves tuvo un destino menos afortunado: un cese fulminante sin que al momento se sepa que ha tenido derecho a réplica.
Es decir, desde esta óptica cínica y abusadora, una persona que es o fue político o servidor público parece quedar permanentemente obligada hacia la gente común y corriente y hacia los medios privados a dejar que lo humillen, calumnien o difamen. Porque, como político o servidor público, eso y más merece, eso y más debe al pueblo, eso y más tiene que reclamar un diario privado. Porque un funcionario o un político, antes que hombre y ser humano, es funcionario o político.
Me parece que, en este país y en esta época, la democracia se concibe como un sistema en el que el ciudadano de a pie, mientras no sea servidor público, tiene derecho a calumniar, escupir y defecar encima del nombre y la reputación de cualquiera que haya llegado más alto que él, por el motivo que sea. Y esto lo aprovechan actores políticos de tercera, de esos que no saben sino hacer desplantes populistas pobrísimos y chatos, como Andrés Manuel López Obrador, Pedro Kumamoto o Francisco Búrquez, para tratar de labrarse una carrera. Lo malo es que hacer política desde el desprecio a la función pública o a la actividad política tiene sólo dos consecuencias posibles para quien la practica: o acabar su carrera en una brevedad notoria o tener que convertirse en un golpista.
Vivimos en medio del resentimiento más hostil que se haya visto en los últimos setenta años y la cínica opinión pública se lo aplaude a sí misma. Esto es para preocuparse.
Fuente: Sdpnoticias.com
















