Por: Vicente Bello.
Las dos Cámaras del Congreso mexicano continuaron ayer con esa labor de hipocresía de que están combatiendo a la corrupción. Y el cinismo era el aceite que engrasaba los engranes de un Poder Legislativo que se ha dispuesto, a ultranza, cambiar las leyes pero para que todo siga igual. O peor.
En la Cámara de Diputados, este miércoles 15 de junio,
sin mayores requerimientos para el debate, la mayoría conformada por el PRI, PAN, PRD, Pvem, Panal y Pes aprobó sin ambages lo que, el día anterior, habían aprobado los senadores del PRI, PAN, PRD, Panal y Pvem, en lo que dieron en llamar la Miscelánea Penal, que no es otra cosa que un manojo de reformas de 10 leyes, todas amalgamadoras de nuevas sanciones penales para combatir a la corrupción.
Sanciones, sin embargo, que siguen sin tocar -ni con el pétalo de una rosa- a la Presidencia de la República y tampoco a la élite de la clase política mexicana, apoltronada esta en las presidencias y cercanos a estos, de los otros poderes de la Unión.
Este combate a la corrupción, ni más ni menos, está lleno de agujeros por donde quiera. De rendijas, resquicios, túneles jurídicos, por donde estarían escapándose los miembros de la clase política más encumbrada del país.
En la Cámara de Senadores, constituida en Cámara de origen de la mayoría de dictámenes supuestamente anticorrupción, las discusiones y votaciones en el Pleno de los 128 legisladores se sucedían unas a otras.
Y en todas, invariablemente, la mayoría legislativa seguía montada en su macho de no tocar al Presidente de la República, a pesar de que la oposición insistía, argumentaba, que estas leyes no podrán parar a la corrupción por la simple y sencilla razón de que la Presidencia de la República seguirá intocada.
Incluso cuando el primer puesto político del país en el actual sexenio, en la persona de Enrique Peña Nieto, está bajo la sospecha de que ha sido y es el principal promotor del tráfico de influencias, del cobro de comisiones a empresarios por licitaciones amañadas de obra pública; el principal beneficiario de la corrupción.
Incluso cuando en rededor del Presidente hay también cercanos a él que enfrentan acusaciones y descréditos similares, como Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien también ha tenido su casa comprada de parte de Higa, la empresa que vendió a la esposa del Presidente Peña la denominada casa blanca de Chapultepec.
A Higa, por tercer día consecutivo, se le ha hecho mención en el debate senatorial, por parte de la oposición. Higa es la empresa mexicana que más beneficiada ha estado con adjudicaciones de obra directas, sin licitaciones de por medio, desde los tiempos en que Peña Nieto era gobernador del estado de México.
En la batalla parlamentaria de ayer, miércoles, este asunto barbotó con ímpetu de barrancada, en la tribuna del Senado, cuando era discutida y votada la Ley Orgánica del nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, otra de las leyes que tendrán un fuerte nexo con el Sistema Nacional Anticorrupción.
Un sistema Nacional Anticorrupción, afirmaron los senadores todos del grupo parlamentario PT-Morena, “que mantiene impune la corrupción presidencial”.
En la tribuna, cuando era aireada la ley orgánica de marras, Manuel Bartlett Díaz restregaba al PRI: “Insistimos en que mientras el Presidente de la República no sea imputable de delitos de corrupción y que los presidentes que participaron en las privatizaciones y la disminución del Estado, todo esto que los ha hecho inmensamente ricos, no sean llamados a una comisión de la verdad, todo lo que se diga en materia de anticorrupción es una simulación”.
Fue este senador quien advirtió que el fiscal titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no podrá hacer absolutamente nada para combatir la corrupción presidencial, porque estará orgánicamente incluso por debajo de los subprocuradores generales de la República.
Y restregaba al priísmo: “Lo único que están generando son falsas soluciones al pueblo de México, puras mentiras”, porque este tribunal -apostilló- jamás podrá sancionar a los funcionarios del primer nivel que hacen negocios con empresarios, como ha sido el caso de HIGA y OHL, que tienen nexos de corrupción con el mismo Enrique Peña Nieto.
La simulación consistía también en el hecho de que el fiscal titular será propuesto por el Presidente de la República. Y por si fuera poco, el procurador general de la República estará facultado a su vez “para expedir normas administrativas que rijan la actuación de dicha Fiscalía, y emitir los acuerdos, circulares instructivos, bases y normas administrativas que rijan los órganos técnicos, administrativos y centrales”.
Se preguntaban una y otra vez los opositores cómo será posible que este fiscal, al que se le dará el apodo de Fiscal Anticorrupción, podrá llamar a cuentas a sus jefes, de subprocuradores para arriba. O a algún secretario del gabinete presidencial, o al mismo Presidente de la República.
Nunca lo hará, porque entonces sencillamente lo correrán.
Por esto y muchos otros detalles que saltaban a la vera de todas los dictámenes que se aprobaban, es que los opositores juraban que estas leyes anticorrupción, así como las instituciones que nacían, no serán más que una carcajada, una burla para el pueblo de México; una farsa. Un acto absoluto de hipocresía de una clase política empecinada en seguirse pasando de lista con el dinero público, teniendo como ejemplo fundamental el accionar presumiblemente corrupto -en el caso de Higa y OHL- del Presidente Enrique Peña Nieto.
Pero esta historia continuará hoy.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















