Por: Arturo Zamora.
Bien podríamos decir que la fortaleza del Estado de derecho depende de dos factores básicos: la sujeción de toda autoridad al imperio de la ley y el acatamiento del orden jurídico por parte de la sociedad, por un lado, y la eficacia de los órganos administrativos y de gobierno para hacer respetar un orden legal en la realidad, por otro.
Es así como van edificándose una sociedad libre y solidaria, e instituciones democráticas respetadas y confiables. Cuando alguno de tales elementos falla o se fractura, florecen autoritarismo, anarquía, impunidad e injusticia y nuestra comunidad se debilita, los valores democráticos se demeritan y la arbitrariedad se impone.
El paquete de iniciativas legales turnado al Congreso por el Presidente el 28 de abril en la materia conocida ya como de la Justicia Cotidiana, busca incidir, precisamente, en la esfera más sensible del Estado de derecho mexicano, la que se vive y muchas veces se padece día a día, cuando asuntos que deberían resolverse en escasas semanas tardan años en solucionarse.
Aunque la cuestión penal sea la de mayor impacto en nuestras vidas, nueve de cada diez procesos o litigios seguidos ante las instancias judiciales son de naturaleza no penal.
Tal es la importancia de este paquete de iniciativas, incluso de reforma constitucional, orientadas a mejorar cualitativamente los procesos de impartición de justicia en general y en las materias civil, mercantil, laboral, administrativo – cívica y de servicios de salud.
En lo mercantil, por ejemplo, se trata de generalizar el sistema de justicia oral que ya se aplica exitosamente en algunos casos a la totalidad de la materia, lo que generará beneficios muy significativos a la economía y la seguridad jurídica de las transacciones comerciales y la actividad profesional. Tan sólo los procedimientos ya implantados generaron reducciones de 48 por ciento en tiempos procesales el año pasado, con lo que México supera la media en países de la OCDE.
En el ámbito de la salud, tan sensible para la sociedad, la iniciativa comprende reformas para fortalecer la autoridad responsable de regular y vigilar las condiciones, así como la calidad de los servicios que se prestan, igual que a la instancia encargada de dirimir las controversias entre usuarios y prestadores de servicios, públicos y privados.
Mención especial merece la reforma en materia del trabajo, que robustece los procesos de conciliación y otorga autonomía a los tribunales laborales, con lo que habrán de adquirir plena jurisdiccionalidad y autonomía, liberando a los factores de la producción de la tutela gubernamental y desalentando la corrupción que tanto afecta a empresas y trabajadores.
Si consideramos además el valor de impulsar un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una Ley General de Justicia Cívica (para resolver con prontitud problemas vecinales, incidentes viales o faltas menores), una de Justicia Itinerante (para acercar a los tribunales a los ciudadanos), la de Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros, la homologación de registros civiles y la creación del Sistema Nacional de Impartición de Justicia, convendremos que se trata de un verdadero cambio de paradigma, que busca hacer realidad el acceso a una justicia eficaz y pareja para todos. De poner un piso más a las grandes reformas estructurales del Presidente, con una reforma profundamente humana para superar el sentimiento de desprotección, injusticia y frustración que en ocasiones padecen los ciudadanos en su vida diaria y consolidar el Estado de derecho.
Fuente: Excélsior.
















