Por: Darío Celis.
Se abre otro frente de batalla para el régimen de la 4T. Ahora se da el conflicto verbal entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En el epicentro están las visiones divergentes sobre la crisis constitucional y sus posibles repercusiones económicas.
Este enfrentamiento pone de manifiesto las tensiones que se están generando por las políticas gubernamentales y las preocupaciones del sector empresarial.
La Mandataria ha defendido la postura del Gobierno, argumentando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene facultades para legislar y que cualquier decisión de invalidez de la reforma al Poder Judicial debería ser resuelta por el legislativo.
Sheinbaum sigue en su dicho de que la Corte está excediendo sus funciones y que los cuestionamientos deberían dirigirse a los ministros de la SCJN, no a la Presidencia.
Por otro lado, José Medina Mora, presidente de Coparmex, expresó su preocupación por la crisis constitucional, advirtiendo que podría resultar en la pérdida de 35 mil millones de dólares en inversión extranjera.
El dirigente empresarial enfatizó que la incertidumbre jurídica provocada por el conflicto entre los poderes del Estado podría disuadir a los inversionistas, afectando negativamente la economía del país.
El principal punto de tensión radica en la interpretación de las facultades de la SCJN y su papel en la invalidación de reformas legislativas.
Mientras que el Gobierno sostiene que la Corte está sobrepasando sus atribuciones, Coparmex argumenta que la falta de claridad y estabilidad jurídica es perjudicial para el clima de inversión.
Este desacuerdo no es más que un reflejo de la profunda división en la visión de cómo debe funcionar el equilibrio de poderes en México, sin que, al Gobierno, al parecer, le importe el impacto que pueda tener en la economía.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















