Por: Redacción.
Senadores de MORENA, PAN, PRD y PT lanzaron una iniciativa que propone someter a juicio político al titular del Ejecutivo federal y quitarle el trato preferencial, y que pueda ser acusado por los delitos de corrupción y cualquier otra violación a la Constitución y a las leyes que de ella emanen durante su encargo y hasta tres años después de abandonar el poder.
La propuesta modifica el artículo 110 y 111 constitucional.
e esta manera se eliminaría el trato preferente presidencial para que se puedan hacer juicios en contra de un mandatario durante el sexenio o los siguientes tres años a su mandato.
“Tenemos a bien proponer para que la impunidad y la inmunidad podamos contar con un marco jurídico constitucional que sea preciso”, explicó el Senador Ernesto Ruffo Appel. “Hasta ahora en nuestro México un Presidente sólo podrá llevarse a juicio por delito grave o traición a la Patria, pero no se precisa qué es traición a la Patria o delito grave”.
“Apareció el asunto de la Casa Blanca, está todo lo de OHL, hay muchos asuntos de Pemex. Pero, ahora sólo pueden llegar hasta cierto punto las investigaciones. Sí, hay elementos para tener sospechas. Y dado caso hay que tener la forma para que sean canalizadas”, dijo el Senador panista Ernesto Ruffo Appel a SinEmbargo.
La propuesta fue acogida por otras bancadas.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez expuso que en el actual contexto en el que el partido oficial pretende empoderar a las Fuerzas Armadas es también oportunidad para sujetar al Presidente a su actuar.
“Por lo menos que el jefe de las Fuerzas Armadas, que es el Presidente, esté sujeto a los controles legales a los que estamos sometidos todos los ciudadanos”, dijo.
Cuestionado sobre si la iniciativa aplicará para delitos cometidos con anterioridad, Encinas destacó que no hay espacio para una amnistía para los delitos de este Gobierno.
“Puedo ponerte muchos ejemplos de muchas adjudicación de obras públicas, la revisión de contratos, está el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Tren México-Toluca, todo lo que ha sido las concesiones en materia carretera en fin no hay prescripción de estos delitos”, dijo.
Esta propuesta de Ley sería un instrumento en la lucha contra la corrupción en el país que hasta ahora abandera el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al cual le falta le hace falta la designación de un Fiscal Anticorrupción, bajo el mando de la Procuraduría General de la República (PGR)
Encinas se manifestó pesimista en cuanto a la designación del Fiscal Anticorrupción.
“Estoy convencido de que se ha venido conformando de manera discrecional, por no decirlo corrupta una mayoría calificada para hacer distintos nombramientos. Y ya el Gobierno federal tiene el control del INE, del Trife, del Fepade, va querer el del Fiscal Anticorrupción y no en balde quieren esta Ley de Seguridad Interior para conservar el poder a como dé lugar”, dijo Encinas.
La iniciativa fue presentada por los legisladores blanquiazules Ernesto Ruffo, Víctor Hermosillo, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez y Marcela Torres.
Tanto el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Sánchez Jiménez, como el de Partido del Trabajo y Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) se sumaron a la propuesta.
Trato especial propició inmunidad e impunidad
La iniciativa de reforma a los artículos 108 y 110 constitucional propone que el titular del Poder Ejecutivo federal pueda ser sujeto a juicio político como los demás funcionarios públicos, ya que el “trato especial” que se le otorga en la Carta Magna ha propiciado inmunidad e impunidad en torno a la figura presidencial.
En México, añade la iniciativa, el presidente de la República sólo puede ser responsable penalmente, no tiene responsabilidad política debido a que el proceso por el cual se le puede sancionar es la declaración de procedencia por un juicio penal, pero con un trato especial, como lo establece el artículo 111 de la Constitución.
“Se debe poner sobre la mesa que el presidente responda por violaciones a la Constitución, así como a leyes federales y ser sujeto de juicio político, como cualquier otro funcionario público”, sostuvieron los senadores en rueda de prensa.
Romero Hicks afirmó que el mayor escándalo de este gobierno es la corrupción y “su madrastra” la impunidad. Enumeró los casos del Tren México-Querétaro, la Casa Blanca, Grupo Higa, Odebrecht, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el socavón Exprés de Cuernavaca.
“Por casos de menor gravedad cayeron el presidente y la vicepresidenta de Guatemala y la presidenta Dilma Roussef, en Brasil”, sostuvo el legislador panista.
En tanto, el senador Fernando Búrquez lamentó que el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, haya desestimado la iniciativa al considerar que el presidente de la República no es como cualquier ciudadano.
“El presidente tiene que predicar con el ejemplo porque la gente está harta y este es un paso importante para desmitificar la figura presidencial, que sola se ha venido deteriorando”, abundó Búrquez.
La iniciativa comparó a México con Venezuela y Cuba como las únicas naciones que no tienen el delito de juicio político en sus legislaciones, a diferencia de Brasil y Argentina, donde se han llevado a juicio a los exmandatarios por hechos relacionados con la corrupción.
Fuente: Por Esto.
















