Por: Alejandra Corona Flores.
Diputados federales y Senadores de diferentes institutos políticos propusieron conformar un grupo de trabajo plural para dar seguimiento a la probable violación de derechos humanos a manifestantes en el Estado de Puebla por el gobierno morenovallista; pues de lo contrario advirtieron que el malestar de los poblanos puede derivar en una escalada de autodefensa, que harían ingobernable la entidad.
Los agravios a diversos sectores sociales
Este miércoles en Tribuna del Congreso de la Unión, la diputada del PRD, Alliet Bautista Bravo, presentó el punto de acuerdo suscrito por la legisladora Roxana Luna Porquillo y otros de sus colegas de diversos partidos políticos; allí expuso que activistas sociales, trabajadores, líderes campesinos, miembros de la comunidad estudiantil y académica del Estado de Puebla han denunciado afectaciones como: Privación de la libertad personal, amenazas y persecución, el nulo respeto por las condiciones laborales, la falta de respuesta al derecho de petición, la negativa del gobierno estatal al diálogo ante el altísimo riesgo ambiental generado por diversos proyectos que pretende ejecutar el gobierno, como son las concesiones mineras otorgadas, la construcción de centrales hidroeléctricas, la construcción de la carretera Arco Poniente que atraviesa la entidad, la construcción del Gasoducto Proyecto Integral Morelos que atraviesa peligrosamente zonas consideradas de riesgo eruptivo.
Además de las preocupantes políticas, decretos y leyes emprendidas en torno al recurso del agua, las expropiaciones exprés que suprimen el derecho de audiencia a toda persona que enfrente un procedimiento de expropiación, el nulo respeto a la condición laboral de los trabajadores del Hospital para el Niño Poblano que quedó extinto por decreto, y los violentos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública contra operadores de Mototaxis. Todo lo anterior ha originado diversas quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Represión en Chalchihuapan
Refirió que el miércoles 9 de julio en la Sierra Negra, la Sierra Norte, la Mixteca, y en San Bernardino Chalchihuapan, Estado de Puebla, diversas comunidades se manifestaron públicamente para exigir a las autoridades de esa entidad, la restitución del servicio del Registro Civil a las 661 Juntas Auxiliares de los municipios del estado, necesario para la inscripción de nacimientos, matrimonios, divorcios, y defunciones, así como la expedición de las actas correspondientes.
“La respuesta del gobierno del estado, una vez más derivó en la represión inmediata y la violencia desmedida. Los hechos más radicales se registraron en el kilómetro 16 de la carretera Atlixco-Puebla, en donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado implementaron contra los manifestantes la llamada Ley Bala, de reciente aprobación el pasado 19 de mayo por el Congreso Poblano, con evidentes abusos, represión y violaciones graves a los derechos humanos que hasta ahora se traducen en lo siguiente: Estado de coma de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, un niño de 13 años herido en la cabeza por bala de goma al salir de su escuela secundaria y dirigirse a su domicilio, además hubo otros casos de personas heridas.
Por todo lo anterior urge el Congreso de la Unión conforme un grupo para dar seguimiento a la probable violación de derechos humanos en el Estado de Puebla.
Fuente: El Heraldo de Puebla.
















